La reforma para mejorar la vigilancia de pesticidas en los alimentos que quedó archivada al cierre del anterior periodo legislativo ha vuelto al Congreso. El grupo parlamentario Ahora Nación presentó en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley N.° 00011/2026-2031-CD, que busca reforzar los controles para evitar que productos contaminados lleguen a los consumidores y actuar con mayor rapidez cuando se detecte un riesgo.
La iniciativa propone modificar el Decreto Legislativo 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos. Entre sus principales cambios están mejorar la coordinación entre las autoridades que vigilan los distintos tipos de alimentos, crear un sistema para rastrear el origen y recorrido de los productos agropecuarios, fortalecer la fiscalización de las municipalidades y hacer públicos los resultados de los monitoreos sanitarios.
El nuevo intento de reforma llega después de varios años de evidencia sobre las fallas del sistema. Entre 2023 y 2025, cinco monitoreos ciudadanos de pesticidas analizaron 285 muestras de frutas y verduras compradas en mercados y supermercados de Lima, Callao y otras ciudades del país. En 150 se encontraron residuos de plaguicidas que incumplían los límites establecidos, es decir, en más de la mitad de las muestras evaluadas. Los análisis fueron realizados por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil del que forma parte Salud con lupa.
Los monitoreos también mostraron una dificultad que persiste cuando se detecta un alimento contaminado: no existe un sistema que permita reconstruir con facilidad de qué chacra provino, por qué intermediarios pasó o a qué otros establecimientos llegaron productos del mismo origen. Sin esa información, es más difícil localizar y retirar a tiempo otros alimentos que podrían presentar el mismo problema.
Durante la presentación de la iniciativa este lunes, el senador Jaime Delgado, excoordinador del Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos y autor de la Ley de Alimentación Saludable, destacó la importancia de prevenir estos riesgos. “La defensa del consumidor empieza antes de que el producto llegue al mercado. No podemos esperar que una persona se intoxique para recién actuar”, afirmó.
En la conferencia también participaron los diputados César Holguín e Indira Huilca y el senador Alfonso López Chau, excandidato presidencial de Ahora Nación.
El proyecto deberá pasar primero por las comisiones y el Pleno de la Cámara de Diputados. Si es aprobado, será remitido al Senado para su revisión.
Tres autoridades vigilan distintos tipos de alimentos
La vigilancia sanitaria de los alimentos en el Perú no depende de una sola institución. Las responsabilidades están distribuidas principalmente entre tres autoridades nacionales, además de los gobiernos regionales y las municipalidades.
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, vigila la inocuidad de los alimentos agropecuarios durante su producción y procesamiento primario. Por ejemplo, monitorea residuos de plaguicidas y otros contaminantes en frutas y verduras. Desde 2011 realiza estos análisis cada año, aunque sus resultados no siempre se publican de manera oportuna.
La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Ministerio de Salud, tiene competencias sobre los alimentos y bebidas industrializados, además de otras funciones vinculadas con la salud ambiental. Por su parte, la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), adscrita al Ministerio de la Producción, vigila la sanidad e inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas.
El proyecto busca que estas autoridades y los gobiernos regionales y municipales coordinen mejor la vigilancia y la respuesta cuando se detecte un alimento contaminado. Su exposición de motivos señala precisamente la fragmentación entre instituciones y las limitadas capacidades de las municipalidades como dos de las debilidades del sistema actual.
Rastrear un alimento desde su origen
Uno de los cambios centrales es la creación de un sistema de trazabilidad agraria, que permitiría seguir el recorrido de un producto desde su lugar de origen hasta el punto de venta. Así, si una lechuga comprada en un supermercado contiene residuos de un plaguicida por encima de lo permitido, las autoridades deberían poder saber dónde fue producido, por qué intermediarios pasó y a qué otros establecimientos llegó.
El proyecto establece que el Senasa deberá implementar este sistema para los productos de origen agropecuario a lo largo de toda la cadena de suministro, desde el campo de cultivo o la granja hasta la mesa del consumidor.
Para hacerlo posible, proveedores directos e intermediarios, transportistas, mercados de abasto, supermercados y otros actores de la cadena deberán llevar registros que permitan conocer el origen específico de los productos que comercializan.
Retiro de alimentos contaminados
El proyecto también precisa qué deberán hacer las autoridades cuando detecten un alimento que incumpla los parámetros sanitarios.
La propuesta considera no aptos para el consumo humano a los productos agropecuarios primarios, los productos pesqueros y acuícolas y los alimentos procesados o industrializados que superen los límites permitidos de residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios, metales pesados, contaminantes microbiológicos u otros parámetros establecidos en la normativa.
En esos casos, la autoridad sanitaria competente deberá ordenar de manera inmediata, según corresponda, la inmovilización del producto, su retiro del mercado o la prohibición de comercializarlo.
La entidad responsable dependerá del tipo de alimento: el Senasa intervendrá en el ámbito agropecuario, la Digesa en los alimentos bajo su competencia y Sanipes en los productos pesqueros y acuícolas.
Buenas prácticas agrícolas y control de plaguicidas
Otro cambio es incorporar expresamente a la Ley de Inocuidad de los Alimentos el cumplimiento obligatorio de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) establecidas por las autoridades sanitarias. Estas ya están contempladas en la regulación vigente y son especialmente exigidas en las cadenas agroexportadoras. Su objetivo es reducir riesgos durante la producción y el procesamiento primario de los alimentos, tanto para los consumidores como para los trabajadores agrícolas y el ambiente.
El proyecto también establece que el uso indebido de plaguicidas agrícolas que represente un riesgo para la salud pública o el medioambiente será considerado una infracción muy grave y sancionado de acuerdo con el Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola.
Los monitoreos ciudadanos han encontrado precisamente problemas en ese control. Además de plaguicidas por encima de los límites permitidos, detectaron sustancias utilizadas en cultivos para los que no estaban autorizadas y otras que ya habían sido prohibidas. Cinco semanas después de que entrara en vigor la prohibición del clorpirifos, en agosto de 2024, el tercer monitoreo lo encontró en 11 de las 60 muestras analizadas. En el cuarto monitoreo, cinco de 23 muestras contenían plaguicidas expresamente prohibidos, entre ellos clorpirifos, carbofurano y metamidofos.
La diputada Indira Huilca afirmó que vigilar el uso de plaguicidas de riesgo, transparentar la información sobre los alimentos y capacitar a los funcionarios regionales encargados de las inspecciones son asuntos de interés directo para la salud pública. “No podemos permitir que se sigan vendiendo alimentos contaminados que consume la mayoría del país”, afirmó.
Más apoyo para la vigilancia municipal
El proyecto también busca fortalecer a las municipalidades, que tienen responsabilidades de vigilancia en mercados y otros establecimientos donde se venden alimentos. Muchas enfrentan limitaciones de personal especializado, equipos de inspección, acceso a laboratorios y sistemas de información, lo que dificulta sus tareas de control.
Por eso, la propuesta dispone que las autoridades sanitarias nacionales desarrollen programas permanentes de asistencia técnica y capacitación para los gobiernos locales.
Estos programas deberán incluir formación del personal municipal en normas de inocuidad y técnicas de inspección, acceso a laboratorios acreditados a costos asequibles —incluso mediante alianzas público-privadas— y guías para monitorear residuos de plaguicidas y otros contaminantes en los alimentos destinados al consumo interno. El vocero de Ahora Nación, el diputado César Holguín, dijo que el grupo parlamentario impulsará que esta vigilancia alcance también a los gobiernos provinciales y distritales.
Resultados de los monitoreos serán públicos
La iniciativa incorpora también una obligación relacionada con el acceso a la información. Senasa, Digesa y Sanipes deberán publicar en sus portales institucionales los resultados y demás información generada durante sus procesos de monitoreo de inocuidad alimentaria.
Indecopi, a través de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, deberá difundir esa información mediante su Sistema de Alertas de Consumo cuando corresponda advertir sobre productos peligrosos.
La publicación oportuna de los resultados ha sido uno de los problemas señalados desde el inicio de los monitoreos ciudadanos. El Senasa realiza desde 2011 análisis anuales de residuos de plaguicidas y otros contaminantes, pero sus informes pueden tardar meses en hacerse públicos. El Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos comenzó en 2023 justamente con el propósito de realizar análisis en laboratorios acreditados y divulgar los resultados en plazos más cortos y de manera comprensible.
El fallo del TC cambia el escenario
El nuevo proyecto retoma una reforma que ya había avanzado en el Congreso anterior. Las iniciativas 9254/2024-CR y 9879/2024-CR dieron lugar a dos dictámenes favorables, aprobados por las comisiones de Defensa del Consumidor y Agraria en 2025. Sin embargo, la propuesta no llegó al Pleno y quedó archivada al terminar el periodo legislativo.
El Proyecto de Ley N.° 00011/2026-2031-CD toma como base esa discusión y vuelve a plantear medidas como la trazabilidad de los alimentos agropecuarios y una mayor coordinación entre las autoridades encargadas de vigilarlos.
La reforma regresa además en un escenario distinto. En julio de 2026, el Tribunal Constitucional concluyó que las fallas en la fiscalización de plaguicidas eran un problema estructural que ponía en riesgo derechos fundamentales. Por ello, ordenó al Senasa, el Midagri, el Ministerio de Salud, la PCM y los gobiernos locales elaborar e implementar, en 180 días hábiles, un plan conjunto para fortalecer la inocuidad alimentaria.
La sentencia también forma parte del sustento del nuevo proyecto, que busca ampliar la respuesta más allá de la vigilancia agropecuaria e incorporar una mejor coordinación con Digesa y Sanipes.
