La serie “SED: la otra cara del negocio agroexportador”, de Salud con lupa, fue seleccionada como finalista del Concurso Excelencia Periodística 2026 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Realizada por Fabiola Torres y Paul Tuesta, SED se desarrolló en el marco del Bertha Challenge 2025, programa del que Torres fue becaria con este proyecto. La serie compite en la categoría Periodismo sobre Medio Ambiente “Roberto Eisenmann Jr.” con “Terra do Meio”, de Ma. Cristina Ávila da Silva, publicada por Correio Braziliense, de Brasil, y con “Países Minados II”, una investigación de Revista Concolón, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Voz de Guanacaste.
El agua que sostiene el negocio agroexportador
La serie de Salud con lupa investigó cómo el crecimiento de la agroexportación en algunas de las zonas más áridas del Perú se sostiene tanto en la explotación insostenible de las fuentes de agua —especialmente de los acuíferos subterráneos— como en una distribución profundamente desigual del recurso. A través de reporteo de campo, análisis de bases de datos, documentos oficiales e imágenes satelitales, el equipo examinó la concentración del agua en manos de grandes empresas agrícolas, sus consecuencias para comunidades y pequeños productores de Huancavelica, Ica y Piura, y las decisiones estatales que han debilitado los controles sobre su uso.
Una de las entregas de SED investigó la reorganización de la Autoridad Nacional del Agua impulsada por el entonces ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero. El proceso fue encargado a su asesor Álvaro Quiñe, quien había trabajado en al menos cinco empresas agroindustriales, y avanzó mediante cambios que redujeron controles técnicos y flexibilizaron las reglas para acceder al agua subterránea, incluso en zonas donde los acuíferos se encuentran sobreexplotados.
Entre las medidas aprobadas estuvo la eliminación del estudio técnico que acreditaba la disponibilidad de agua antes de conceder licencias subterráneas a predios de hasta diez hectáreas. Aunque la reforma fue presentada como una forma de beneficiar a la agricultura familiar, la perforación y operación de un pozo requiere una inversión que la mayoría de pequeños productores no puede afrontar. La flexibilización avanzó, además, mientras la ANA contaba con solo 59 técnicos de campo para fiscalizar más de 460 mil derechos de uso de agua en todo el país.
En Ica, la investigación documentó la dimensión insostenible del modelo agroexportador. La recarga natural de los acuíferos se estima en 266 millones de metros cúbicos al año, pero las extracciones oscilan entre 373 y 563 millones. En una región donde existen más de 2.100 pozos y apenas tres de cada diez tienen licencia, la producción de uvas, arándanos y paltas para los mercados internacionales continúa expandiéndose mientras desciende la napa freática y se deteriora la calidad del agua. Al mismo tiempo, más de 35 mil personas que viven en los márgenes del valle no tienen agua potable y deben comprarla a un precio casi tres veces mayor que quienes la reciben por tubería.
Uno de los casos examinados fue el del Complejo Agroindustrial Beta, la tercera empresa con más derechos de uso de agua subterránea del país. Entre 2005 y 2025, pasó de tener cinco derechos a 256. En 2022, inspectores de la Autoridad Nacional del Agua encontraron dos pozos perforados sin autorización en predios de la empresa en Ocucaje. La investigación también reveló que Beta formalizó quince pozos informales mediante la amnistía hídrica de 2015, pese a que estaban ubicados en zonas declaradas en veda por la sobreexplotación de sus acuíferos.
La serie siguió también el origen de una parte del agua que sostiene la agricultura y la población de Ica. Cada año, el sistema Choclococha trasvasa entre 110 y 120 millones de metros cúbicos desde las lagunas altoandinas de Huancavelica hacia la costa. El agua recorre un canal de más de 53 kilómetros y contribuye a alimentar el río Ica y a recargar el acuífero del que dependen más de 2.000 pozos.
Sin embargo, las comunidades de Carhuancho, Choclococha, Santa Inés, Santa Ana y Pilpichaca —más de 4.000 habitantes dedicados principalmente a la crianza de alpacas y ovejas— han sufrido la pérdida de pastizales, daños ocasionados por la infraestructura del trasvase y restricciones para utilizar el agua que atraviesa sus territorios. Huancavelica, además, permanece fuera de la administración del sistema, y la Ley del Canon Hídrico, aprobada en 2023 para priorizar inversiones en las zonas de origen, aún no se aplica porque carece de reglamento y depende de un informe técnico pendiente de la Autoridad Nacional del Agua.
En Piura, SED documentó cómo el acceso al agua favorece a grandes agroindustrias frente a las comunidades campesinas. Agroaurora, del Grupo Gloria, mantiene en el río Chira un dique destinado a captar agua para sus campos de caña, pese a una sanción de la Autoridad Nacional del Agua, dos resoluciones administrativas y una sentencia judicial que ordenaron retirarlo. Durante la severa sequía de 2024, los comuneros de Miramar-Vichayal intentaron desmontar la estructura en varias ocasiones, pero la empresa volvió a levantarla. Agroaurora posee, además, la mayor superficie autorizada para riego de Piura: 10.700 hectáreas distribuidas en 71 licencias.
La investigación examinó también el caso de Agrícola del Chira, vinculada al Grupo Romero. La empresa posee 149 licencias de agua superficial —el mayor número registrado en la región— que le permiten utilizar hasta 42,8 millones de metros cúbicos al año. Salud con lupa comprobó que riega el predio La Macarena sin que exista una licencia específica de agua superficial para ese terreno. A pocos metros, las 600 hectáreas de la comunidad campesina de Tamarindo permanecen sin cultivar: sus pobladores llevan más de treinta años intentando obtener acceso al agua, pero sus solicitudes han sido rechazadas por distintas trabas administrativas.
Como parte de la serie, Salud con lupa recogió también la posición de los agroexportadores de Ica. Manuel Olaechea, presidente de XinérgIca —asociación que agrupa a quince de las principales empresas del valle—, reconoció la sobreexplotación del acuífero, pero sostuvo que la crisis responde principalmente a la deficiente gestión del Estado y defendió la capacidad del sector para adaptarse. Sus respuestas fueron contrastadas con los datos y documentos reunidos durante la investigación.
Los otros finalistas
La SIP anunció a los finalistas el 27 de julio, después de evaluar cientos de postulaciones de América Latina, el Caribe, Norteamérica y España. En total, fueron seleccionados tres trabajos en cada una de las trece categorías del concurso.
En Periodismo en Profundidad fueron seleccionados Amazon Underworld, Focos TV y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; en Opinión, Clarín, El País-América y Ciencia del Sur; en Entrevista, Revista Bocas, La Nación y El País-América; y en Cobertura Noticiosa de Actualidad, La Nación, Metrópoles y El Universal.
Los finalistas de Periodismo de Migración son Rolling Stone, Confidencial y Sumaúma; los de Podcast, Muy Waso, Esto es Venezueling y Rádio CBN João Pessoa; los de Fotografía, la Agencia France-Presse, The Associated Press y El Faro; y los de Video, Caracol TV, N+Focus/Vix-Univision y Ecuavisa.
En Periodismo de Datos compiten La Nación, El Comercio y Connectas; en Ilustración e Infografía, La Nación, El Mercurio y CasaMacondo; y en Periodismo Universitario, Corriente Alterna, Plaza Capital y Revista Sextante. En Periodismo Interamericano con Perspectiva de Igualdad fueron seleccionados La Nación, Revista Piauí y Audible, y Mongabay Latam.
Los ganadores y las menciones de honor serán anunciados en agosto. La ceremonia de premiación se realizará durante la 82.ª Asamblea General de la SIP, que tendrá lugar en Bogotá, Colombia, del 22 al 25 de octubre de 2026.
