Miles de peruanos con diabetes dependen de la insulina, un medicamento de alto costo que no suele estar disponible en farmacias del Estado. Esta situación los obliga a gastar entre el 10% y 20% de un salario mínimo para comprar sus dosis del mes y a usar menos de la que necesitan. A pesar de que Perú otorga beneficios tributarios a las farmacéuticas que venden insulina, su precio no se ha reducido.

Iquitos no soporta más. Sin combustible, sin alimentos, sin luz, con una racha de accidentes fluviales y naufragios, una de las principales ciudades de la selva peruana le ha pedido al Gobierno ser declarada en emergencia por el déficit hídrico debido al descenso extremo del río Amazonas. Esta sequía alarmante modifica la naturaleza de los ríos, deja sedimentos peligrosos para la navegación y tiene una explicación vinculada al Fenómeno de El Niño y la deforestación.

Desde olas de calor a eventos climáticos extremos, el incremento de la temperatura pone en riesgo la salud de los trabajadores en la región y obliga a trabajar en la adaptación.

Perú entrega licencias de pesticidas de carácter indefinido y no suele revisar evidencia actualizada sobre los riesgos y daños de las sustancias.Por eso, Syngenta puede vender aquí 42 pesticidas prohibidos en la Unión Europea y en Suiza, además de cinco sustancias vetadas en China.

Esta investigación colaborativa muestra evidencias de cómo el dinero de la industria tabacalera llega a organizaciones que promueven los cigarrillos electrónicos en América Latina. Expone también que integrantes de las asociaciones de consumidores de vapeadores en Perú y Colombia son en realidad comerciantes de estos productos.

El suicidio de una joven médica colombiana debido al maltrato que enfrentó durante su residencia médica puso el foco sobre la salud de los médicos de la región.

Detrás de los problemas con drogas de muchas mujeres, hay historias de violencias y conflictos emocionales que las llevaron a depender de ellas. Pocas aún buscan ayuda o tardan en pedirla por miedo al estigma. En Perú, los 248 centros de salud mental comunitaria han abierto unidades de prevención y control de adicciones donde más de cuatro mil personas reciben tratamiento, pero aún hace falta que se adapten a las necesidades de las usuarias.