Los monitoreos ciudadanos revelaron la presencia reiterada de plaguicidas por encima de los límites permitidos y lograron movilizar a distintas autoridades. Ahora, la reforma del sistema de vigilancia de alimentos, encabezado por el Senasa, deberá volver a tramitarse en el nuevo Congreso bicameral para hacer posible el rastreo y retiro de los productos contaminados y proteger mejor la salud de los peruanos.

En Perú, miles de adultos mayores viven en pobreza extrema, pero no acceden a programas sociales como Pensión 65. El sistema que define qué hogares necesitan ayuda excluyó a más de 81 mil personas mayores por errores en los datos, fichas incompletas y un algoritmo con limitaciones para captar la pobreza urbana y el abandono en la vejez. Muchas de ellas fueron reincorporadas solo después de atravesar procesos de reclamo largos y engorrosos.

En el desierto de Ica crecen uvas, arándanos y paltas que se exportan a Europa, Estados Unidos y Asia. Para sostener esa expansión, el agua se bombea del subsuelo a un ritmo que ya no logra recuperarse. El caso del Complejo Agroindustrial Beta muestra cómo el éxito exportador depende de un recurso que se agota.

Esta vez el Senasa y tres municipios tomaron las muestras en tres supermercados de Lima como parte del Cuarto Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos. Pero los resultados siguen mostrando un riesgo real para la salud: el 65% de los productos analizados no era apto para el consumo humano.

Científicos están adoptando un enfoque múltiple para combatir este peligroso portador del dengue, la fiebre amarilla y otros virus nocivos.

Cada vez más personas recurren a herramientas como ChatGPT para hablar de sus emociones o sobrellevar momentos de ansiedad y depresión. Si bien estos acompañamientos digitales pueden ofrecer contención y disponibilidad permanente, expertos advierten que la inteligencia artificial no reemplaza la empatía humana ni la atención psicológica profesional. El desafío está en usarla como aliada, no como sustituto.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por la muerte de Celia Ramos, ocurrida en 1997 tras una ligadura de trompas realizada sin su consentimiento libre e informado. Se trata del primer fallo del tribunal internacional sobre las esterilizaciones forzadas en el Perú.