Salud con lupa

Millones de agricultores pasan años en contacto con pesticidas, muchas veces sin la protección necesaria. Huella tóxica investiga qué sabemos sobre los efectos de esa exposición en su salud, los residuos que llegan a los alimentos y las fallas del Estado para controlar estos productos. También seguirá el cumplimiento de las medidas ordenadas por el Tribunal Constitucional.

En Perú, miles de adultos mayores viven en pobreza extrema, pero no acceden a programas sociales como Pensión 65. El sistema que define qué hogares necesitan ayuda excluyó a más de 81 mil personas mayores por errores en los datos, fichas incompletas y un algoritmo con limitaciones para captar la pobreza urbana y el abandono en la vejez. Muchas de ellas fueron reincorporadas solo después de atravesar procesos de reclamo largos y engorrosos.

En el desierto de Ica crecen uvas, arándanos y paltas que se exportan a Europa, Estados Unidos y Asia. Para sostener esa expansión, el agua se bombea del subsuelo a un ritmo que ya no logra recuperarse. El caso del Complejo Agroindustrial Beta muestra cómo el éxito exportador depende de un recurso que se agota.

Esta vez el Senasa y tres municipios tomaron las muestras en tres supermercados de Lima como parte del Cuarto Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos. Pero los resultados siguen mostrando un riesgo real para la salud: el 65% de los productos analizados no era apto para el consumo humano.

Científicos están adoptando un enfoque múltiple para combatir este peligroso portador del dengue, la fiebre amarilla y otros virus nocivos.

Cada vez más personas recurren a herramientas como ChatGPT para hablar de sus emociones o sobrellevar momentos de ansiedad y depresión. Si bien estos acompañamientos digitales pueden ofrecer contención y disponibilidad permanente, expertos advierten que la inteligencia artificial no reemplaza la empatía humana ni la atención psicológica profesional. El desafío está en usarla como aliada, no como sustituto.

Kathy llegó a un hospital por una emergencia obstétrica y terminó investigada por autoaborto. La Policía la interrogó mientras estaba internada, sin abogado ni fiscal, y esa declaración fue usada en su contra. Aunque un juzgado la absolvió por falta de pruebas, la Procuraduría del Ministerio de la Mujer apeló para exigirle una reparación civil en representación de “la sociedad”. La misma Procuraduría interviene en al menos otros tres procesos por autoaborto.