Periodistas, editores, organizaciones de prensa y representantes de la sociedad civil de distintos países alertaron sobre un nuevo intento de usar las instituciones del Estado para hostigar a Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, y obstaculizar el trabajo del periodismo de investigación en el Perú.
El pronunciamiento fue difundido después de que el Pleno del Congreso aprobara, el 12 de junio, el informe final de la comisión encargada de investigar el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la constructora brasileña Odebrecht. El documento recibió 83 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones.
La comisión, presidida por el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, recomienda iniciar acciones penales contra fiscales, procuradores y Gustavo Gorriti. Según el pronunciamiento, el informe atribuye al periodista los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, bajo el argumento de que habría ofrecido favores mediáticos para influir en decisiones de la Fiscalía.
Para quienes suscribimos el documento, esta acusación representa un uso del poder parlamentario para intimidar, mediante la amenaza penal, a un periodista cuyas investigaciones han expuesto algunos de los casos de corrupción política y judicial más graves del país.
Las investigaciones de IDL-Reporteros sobre Lava Jato revelaron sobornos, financiamiento político clandestino y operaciones de la constructora Odebrecht que involucraron a expresidentes, funcionarios, empresarios y dirigentes políticos. Su trabajo sobre Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto recibió en 2019 el Global Shining Light Award, uno de los principales reconocimientos internacionales al periodismo de investigación realizado bajo condiciones de amenaza o presión.
El pronunciamiento señala que el informe será remitido al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para que evalúe la apertura de investigaciones penales. También recuerda que Gálvez estuvo investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, una trama de corrupción dentro del sistema de justicia revelada precisamente por Gorriti y el equipo de IDL-Reporteros.
“Estamos ante un evidente uso del poder parlamentario para hostigar y silenciar, mediante la amenaza penal, a un periodista cuyas investigaciones han expuesto graves casos de corrupción que involucran a actores políticos y judiciales que hoy tienen el poder en el país”, sostiene el documento.
La declaración reúne 236 adhesiones. Entre ellas figuran Rosental Calmon Alves, fundador del Knight Center for Journalism in the Americas; Cristina Zahar, del Comité para la Protección de los Periodistas; José Rubén Zamora, periodista guatemalteco encarcelado por su trabajo; Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial de Nicaragua; Artur Romeu, de Reporteros Sin Fronteras; Jaime Abello Banfi, de la Fundación Gabo; Marina Walker, del Pulitzer Center; Mónica González, presidenta de CIPER Chile; y Jon Lee Anderson, de The New Yorker.
También suscriben el pronunciamiento periodistas y directores de medios peruanos como Clara Elvira Ospina, César Hildebrandt, Rosa María Palacios, Edmundo Cruz, Gustavo Mohme, Marco Sifuentes, Paola Ugaz y representantes de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Fabiola Torres y Jason Martínez, de Salud con lupa, están entre los firmantes.
Una ofensiva más amplia contra el periodismo independiente
En los últimos años, periodistas y medios independientes peruanos hemos enfrentado campañas de estigmatización, procesos por difamación, intimidación judicial, ataques físicos, amenazas y restricciones para acceder a información pública.
La Asociación Nacional de Periodistas registró 458 ataques contra la libertad de prensa durante 2025, un promedio superior a un ataque diario. Los funcionarios públicos y los agentes de seguridad concentraron más del 70% de las agresiones documentadas, mientras que los medios digitales, donde se desarrolla buena parte del periodismo de investigación, fueron los más afectados.
El deterioro también se refleja en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras. En 2026, el Perú descendió al puesto 144 entre 180 países, catorce posiciones por debajo de su ubicación del año anterior. La organización identifica como riesgos principales la persecución legal, los ataques verbales desde el poder, la precarización de los medios regionales y las nuevas presiones administrativas contra el periodismo independiente.
A ello se suma la modificación de la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, promulgada en abril de 2025, que amplió el control estatal sobre organizaciones y medios financiados mediante cooperación internacional. Organizaciones nacionales e internacionales han advertido que sus disposiciones ambiguas, sus sanciones y la necesidad de registrar o someter proyectos a supervisión estatal pueden favorecer decisiones arbitrarias y producir autocensura.
En este escenario, la amenaza de abrir procesos penales contra un periodista por sus investigaciones transmite un mensaje al conjunto de los periodistas: investigar a quienes concentran poder político, económico o judicial puede tener consecuencias personales y legales.
El pronunciamiento completo y la relación de adhesiones se reproducen al final de esta nota.
