Una fruta o una hortaliza vendida en el Gran Mercado Mayorista de Lima, en un supermercado o en un mercado de barrio no lleva una etiqueta que permita saber de qué chacra proviene ni qué plaguicidas se le aplicaron. Quien compra estos alimentos no tendría por qué averiguar esos detalles por su cuenta si existiera un sistema capaz de rastrear cada producto y garantizar que llega al mercado en condiciones seguras Pero en el Perú esa vigilancia todavía tiene vacíos. Por eso, comprar alimentos frescos y confiar en que son seguros sigue siendo, en la práctica, un acto de fe.
Esa garantía debería provenir, en primer lugar, del Estado. Desde 2011, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, realiza análisis anuales para detectar residuos de plaguicidas y otros contaminantes en frutas y verduras. El problema es que los resultados de esa vigilancia no se publican de inmediato ni se presentan de una manera que permita a la ciudadanía comprenderlos y tomar decisiones.
“Los muestreos oficiales demoran casi un año en convertirse en un documento y sus resultados no se hacen públicos. Nosotros pusimos en evidencia lo que Senasa no muestra”, explica Juan Sánchez, director de la Red de Agricultura Ecológica del Perú (RAE Perú).
Ante la falta de información oportuna, en 2023 nació el Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos. La iniciativa reunió inicialmente al Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo (Ecosad), la Red de Agricultura Ecológica del Perú, el Consorcio Agroecológico Peruano (CAP) y Salud con lupa. Con el tiempo, la alianza, coordinada por Jaime Delgado, abogado y autor de la Ley de Alimentación Saludable, sumó más de veinte integrantes. Su propósito es replicar la vigilancia realizada por el Estado, pero ofreciendo resultados rápidos, públicos y comprensibles.
El procedimiento se ha repetido bajo las mismas condiciones en cada monitoreo. Los alimentos se compraban directamente en los puntos de venta, con la presencia de un notario público. Luego, las muestras se codificaban y se enviaban a laboratorios acreditados por el propio Senasa. Una vez listos los análisis, los resultados se hicieron públicos en cuestión de días. A partir de esos hallazgos, Salud con lupa investigó y explicó la dimensión del problema.
Más de la mitad no aptos para el consumo
El primer monitoreo se publicó en abril de 2023. Analizó 84 muestras compradas en los supermercados Metro, Tottus, Wong, Plaza Vea y Vivanda, así como en el mercado Minka, en Lima y Callao. En 51 de ellas se encontraron residuos de plaguicidas por encima de los límites permitidos. Ninguna de las cadenas evaluadas quedó libre de productos observados.
Los monitoreos siguientes ampliaron la vigilancia a otras ciudades y puntos de venta. El segundo analizó 103 muestras recogidas en agosto de 2023 en 18 mercados y supermercados de Arequipa, Cusco, Huaraz y Huánuco. De ese total, 46 fueron consideradas no aptas para el consumo.
El tercero se realizó en septiembre de 2024 en mercados mayoristas de cinco ciudades: 28 de las 60 muestras analizadas, equivalentes al 47 %, incumplieron los límites establecidos. El cuarto volvió, en abril de 2025, a tres supermercados de Lima. Esta vez, 15 de 23 muestras —el 65 %— resultaron no conformes.
El quinto monitoreo, realizado en octubre de 2025, se concentró en determinados alimentos vendidos en cinco mercados de Lima y Callao. Cuatro de las cinco muestras de durazno y tres de las cinco de brócoli superaron los límites permitidos. En la espinaca también se detectaron residuos y, entre ellos, una sustancia prohibida.
En conjunto, los cinco monitoreos analizaron 285 muestras. De ellas, 150 incumplieron los límites establecidos: más de la mitad de los alimentos evaluados en esos establecimientos.
El Estado reacciona, pero lo central sigue pendiente
El Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos contribuyó a generar respuestas institucionales que hasta entonces no se habían producido con la misma intensidad. Después de cuestionar inicialmente sus resultados, el Senasa participó en la toma de muestras del cuarto monitoreo junto con tres municipalidades y adoptó medidas para restringir algunos plaguicidas y promover mejores prácticas agrícolas.
La Contraloría General de la República y la Fiscalía de Prevención del Delito realizaron sus propios muestreos y acciones de fiscalización. Según Gabriel Mejía, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA), la Contraloría incorporó el control de residuos de plaguicidas en mercados dentro de su plan de fiscalización para 2024 y 2025.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, publicó en febrero de 2026 un informe sobre las deficiencias de la vigilancia estatal.
La respuesta de mayor alcance llegó en julio de 2026, cuando el Tribunal Constitucional concluyó que la débil vigilancia estatal de la inocuidad de los alimentos era un problema estructural y persistente que ponía en riesgo derechos fundamentales. Como medida inmediata, ordenó suspender temporalmente cinco plaguicidas.
El Tribunal calificó esta situación como un “estado de cosas inconstitucional”; es decir, determinó que no se trataba de una falla aislada, sino de deficiencias extendidas que involucraban a varias instituciones públicas.
Estas respuestas representan avances, pero no corrigen las fallas de fondo del sistema. La reforma que busca ordenar la vigilancia, fortalecer las competencias y el presupuesto del Senasa e implementar un mecanismo para rastrear el origen de los alimentos no llegó a ser debatida por el Pleno, pese a contar con dos dictámenes favorables.
Al concluir el mandato del Congreso unicameral, el 28 de julio de 2026, el proyecto quedó archivado y deberá iniciar nuevamente su trámite en el nuevo Parlamento bicameral. Así, mientras avanzan medidas puntuales —como fiscalizaciones, restricciones y pronunciamientos institucionales—, el cambio integral del sistema vuelve al punto de partida.
Lo que cambiaría la reforma del Senasa
Los monitoreos ciudadanos no solo han detectado residuos de plaguicidas en los alimentos, sino que también han expuesto fallas en el sistema de vigilancia.
El primer vacío es la falta de trazabilidad. Si un pimiento comprado en un supermercado o mercado distrital resulta contaminado, no existe un registro que permita saber de qué chacra salió ni por qué manos pasó antes de llegar al punto de venta. Sin ese rastro, es muy difícil identificar al productor, retirar otros productos del mismo origen o alertar a los establecimientos que podrían seguir vendiéndolos.
Aunque la normativa ya exige mecanismos para identificar y rastrear los alimentos, el Perú todavía no cuenta con un sistema que funcione a lo largo de toda la cadena que abastece al mercado interno.
El segundo vacío está en el control del uso de los plaguicidas. El Senasa autoriza los productos que pueden comercializarse en el país, determina en qué cultivos pueden emplearse y supervisa su venta. Sin embargo, los monitoreos han encontrado de manera reiterada sustancias prohibidas y también plaguicidas permitidos aplicados en cultivos para los que no están autorizados: clorpirifos en apio y cebollita china, bifentrina en cebollita china y clotianidina en apio. Que un plaguicida esté permitido no significa que pueda utilizarse en cualquier cultivo.
“Hay una norma sobre la carencia: quince días antes de que se coseche un producto no deben aplicarse agroquímicos. Pero eso no se cumple. En los valles cercanos, como el Chillón, están aplicando hasta un día antes”, dice Gabriel Mejía, del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente.
El tercer vacío es la falta de coordinación entre las autoridades. El Senasa vigila principalmente la etapa productiva, mientras que los municipios se encargan del control durante el transporte y la comercialización. En la práctica, esa división de funciones no se traduce en un trabajo articulado.
El problema no es solo que las funciones estén divididas. Las municipalidades encargadas de actuar cuando se detectan alimentos contaminados muchas veces no tienen cómo hacerlo. “El Senasa dice: yo puedo fiscalizar, pero el municipio tiene que actuar porque tiene la competencia. Pero los gobiernos locales no tienen recursos ni capacidad logística”, explica Mejía.
A partir de este diagnóstico se elaboró el Proyecto de Ley 9254/2024-CR, presentado en octubre de 2024 por el congresista Wilson Soto. Más adelante, el Congreso lo integró con una propuesta similar, el Proyecto de Ley 9879/2024-CR, de la congresista Cheryl Trigozo, para que ambos fueran evaluados en un mismo dictamen.
“Este proyecto es consecuencia directa de tres años de monitoreos ciudadanos. Se instaló un debate, principalmente con el Senasa. Luego, ese diálogo se convirtió en un trabajo de cooperación”, dice Juan Sánchez, director de la Red de Agricultura Ecológica del Perú.
El texto sustitutorio modifica la Ley de Inocuidad de los Alimentos en cinco aspectos. El primero precisa cómo se distribuyen las responsabilidades entre las entidades que vigilan distintos tipos de alimentos: el Senasa, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Ministerio de Salud; el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), vinculado al Ministerio de la Producción; y los gobiernos regionales y locales.
También amplía las inspecciones a los espacios de almacenamiento y acopio, vuelve obligatorias las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), crea un sistema de trazabilidad que permita registrar el origen y el recorrido de los productos y dispone que las autoridades sanitarias brinden asistencia técnica a los municipios.
El Senasa dejó constancia en el expediente legislativo de las limitaciones que enfrenta para asumir nuevas funciones. Calculó que necesitaría contratar a más de 2.600 inspectores especializados para vigilar los 2.612 mercados de abasto del país: casi uno por mercado. Además, señaló que dispone de un solo laboratorio acreditado para analizar contaminantes en alimentos frescos.
El proyecto obtuvo un dictamen favorable de la Comisión de Defensa del Consumidor en abril de 2025 y otro de la Comisión Agraria en octubre del mismo año. Sin embargo, el Consejo Directivo nunca lo incluyó en la agenda del Pleno, por lo que no llegó a ser debatido antes de que terminara el periodo parlamentario.
La reforma vuelve al punto de partida
El 27 de julio de 2026 se instaló el nuevo Congreso bicameral, integrado por 130 diputados y 60 senadores, después de 34 años de funcionamiento con una sola cámara. Ahora las iniciativas legislativas comienzan su recorrido en la Cámara de Diputados, que tiene 16 comisiones ordinarias encargadas de estudiarlas. Si son aprobadas, pasan al Senado, que cuenta con siete comisiones legislativas y realiza una segunda revisión.
El cambio de periodo parlamentario impide que la reforma continúe desde el punto en que quedó. Los proyectos pendientes pasan al archivo y, para ser retomados, deben actualizarse o presentarse nuevamente ante la Cámara de Diputados. En consecuencia, los dos dictámenes obtenidos durante el Congreso anterior ya no bastan para llevar la propuesta directamente al debate del Pleno.
Uno de los integrantes del nuevo Senado es Jaime Delgado, abogado especializado en defensa del consumidor y excoordinador del Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos. “Desde aquí, desde el Senado, desde el Congreso, tenemos que apoyar la reforma legislativa necesaria para realmente proteger la salud de los consumidores”, ha declarado. Su llegada al Parlamento abre una nueva oportunidad para impulsar la propuesta, pero esta tendrá que recorrer otra vez el procedimiento legislativo.
De un problema agrícola a uno de salud pública
La reforma adquiere mayor urgencia ante la creciente evidencia sobre los efectos de los plaguicidas en la salud. “Hay una pandemia silenciosa de envenenamiento generalizado de la población. Mientras se siga manteniendo la imagen de que este es solo un tema productivo o comercial, estaremos haciendo una lectura muy limitada”, dice Juan Sánchez.
En abril de 2026, un equipo internacional en el que participaron investigadores del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el Institut Pasteur, el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia (IRD) y la Universidad de Toulouse publicó en la revista Nature Health un estudio sobre la relación entre la exposición ambiental a plaguicidas y el cáncer en el Perú. El equipo comparó un mapa del riesgo de exposición a los 31 plaguicidas más utilizados en el país con 158.072 casos de cáncer registrados por el INEN entre 2007 y 2020.
El análisis identificó 436 áreas donde una mayor exposición estimada a estas sustancias coincidía con una concentración de casos de cáncer superior a la esperada. Entre ellas aparecen zonas agrícolas de Áncash, Piura e Ica; valles interandinos de Amazonas, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho y Cusco; y territorios de Huánuco, Junín y Pasco vinculados con la expansión de la agricultura. En Junín, los investigadores detectaron una concentración inusual de varios tipos de cáncer.
En el conjunto de las áreas analizadas, el estudio estimó que, por cada 100 casos de cáncer esperados, se registraron alrededor de 250.
Los hallazgos refuerzan la necesidad de que el Ministerio de Salud evalúe a las poblaciones más expuestas, empezando por los agricultores familiares, que producen cerca del 70% de los alimentos que llegan a las mesas peruanas. Los datos públicos disponibles se concentran principalmente en las intoxicaciones agudas por plaguicidas, mientras todavía faltan evaluaciones epidemiológicas de alcance nacional sobre los efectos de la exposición crónica.
El fallo que obliga al Estado a actuar
La medida más reciente llegó en julio de 2026. El Tribunal Constitucional dio la razón a dos asociaciones de Apurímac que, en diciembre de 2021, habían presentado una demanda para exigir una mayor protección frente al uso de plaguicidas.
El Tribunal ordenó al Senasa suspender temporalmente la venta, distribución y uso de productos que contengan clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clotianidina cuando se empleen para cultivar alimentos vegetales destinados al mercado peruano. La medida se mantendrá mientras el Senasa reevalúa, en un plazo de 90 días hábiles, los riesgos de estas cinco sustancias y decide si corresponde mantener, restringir o cancelar sus autorizaciones.
La sentencia también exige cambios más amplios. El Senasa, los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego y de Salud, la Presidencia del Consejo de Ministros y los gobiernos locales tienen 180 días hábiles para poner en marcha un plan conjunto. Este deberá permitir rastrear el origen de los alimentos, ampliar el acceso a laboratorios y establecer procedimientos para inmovilizar y retirar del mercado los productos que incumplan las normas sanitarias.
Para el Tribunal, el problema no se limita a una falla puntual. La vigilancia insuficiente, la falta de coordinación entre las autoridades y la ausencia de mecanismos para retirar alimentos contaminados forman parte de una deficiencia extendida del Estado que pone en riesgo derechos fundamentales.
Uno de los magistrados puso el foco en una desigualdad que los monitoreos ciudadanos venían mostrando desde 2023. Gustavo Gutiérrez Ticse señaló que el Senasa aplica controles más rigurosos a los productos agrícolas destinados a la exportación que a los que se venden dentro del país. “Existe un doble estándar inaceptable: a los peruanos nos venden lo peor, lo insalubre, lo tóxico; mientras que al extranjero lo mejor, lo inocuo, lo saludable”, escribió en su fundamento de voto.
La sentencia encargó además a la Defensoría del Pueblo contribuir a la vigilancia de su cumplimiento. La institución, que ya había advertido sobre las debilidades del sistema en un informe publicado en febrero de 2026, anunció que hará seguimiento a las medidas ordenadas.
Paul Tuesta colaboró con datos para este informe.
Integrantes del Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos
Consorcio Agroecológico Peruano, RAE Perú, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, Ruway, Diakonia - Unión Europea, Descosur, Islas de Paz Perú, Eclosio, Consejo Regional de Lima Metropolitana del Colegio de Nutricionistas del Perú, Salud con lupa, Broederlijk Delen, Humundi, El Taller, 11.11.11, Asociación Arariwa, Iles de Paix, Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo - Ecosad, Diaconía, Perú sin Jaulas, Asociación Vida, Salud y Ambiente Perú - AVISA, IDRC·CRDI Canadá.
