En lo alto del cerro Huayhuaca, en la ciudad de Andahuaylas, los padres de Jhon Enciso Arias y Wilfredo Lizarme Barboza lloran su pérdida. Hace un año, estos jóvenes de 18 años fallecieron a causa de un disparo, en medio de la violenta represión que dirigieron la Policía y el Ejército para detener las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Ahora, sus familias han subido a uno de los escenarios del horror acompañadas de los deudos de David Atequipa Quispe, Beckham Quispe Garfias y Cristhian Rojas Vásquez, quienes también murieron en la región Apurímac durante las manifestaciones.
Desde hace un año, padres y hermanos de las víctimas de Apurímac pasan días grises y se reunen para mantener viva la memoria de sus seres queridos. Algunos dejan flores en sus nichos todos los fines de semana y otros velan sus fotos y prendas en sus casas para consolarse. "Para el Gobierno, nuestros muertos son una cifra. Para nosotros, lo eran todo", dice Raquel Quispe, madre de Beckham, quien soñaba con ser futbolista. "Con sus asesinatos nos robaron la paz. Hace un año que no dormimos tranquilos", cuenta Janeth Enciso, hermana de Jhon, un adolescente que alguna vez quiso ser policía, pero que paradójicamente murió por las balas a quemarropa que disparó la Policía Nacional en Andahuaylas.
En doce meses, la Fiscalía no ha identificado aún a todos los mandos militares y policiales responsables de la muerte de 50 peruanos y las lesiones graves por impactos de armas de fuego causadas en cientos de manifestantes que salieron a las calles entre diciembre de 2022 y enero de 2023, como demostraron las necropsias y exámenes médicos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recogió numerosos testimonios de las víctimas en Apurímac, Ayacucho, Puno, Lima, e Ica, determinó que se cometieron graves violaciones de derechos humanos y que hubo un uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza, incluso contra personas que ni siquiera estaban participando de las protestas.
Informes similares presentados por Amnistía Internacional y la organización Human Right Watch también advirtieron que el Gobierno desplegó una mayor violencia en las regiones del sur, evidenciando un sesgo racista que fue respaldado por las más altas autoridades que estigmatizaron a los manifestantes como terroristas y violentos.
Los familiares de las víctimas de Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca (Puno) se han organizado para exigir ante la CIDH que el Estado Peruano cumpla con el compromiso de reparación que asumió. “El proceso de justicia se ve cada vez más lejos para nosotros debido a que muchos familiares son de pueblos lejanos y a pesar de ello, tienen que viajar a Lima para dar su testimonio a la Fiscalía”, declaró Raul Samillán, presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas asesinadas en Juliaca en la última audiencia que tuvieron los deudos con la CIDH.
Después que las investigaciones sobre las muertes provocadas en el contexto de las protestas pasaron de los despachos fiscales de regiones al Equipo Especial de Fiscales de Lima, a cargo de la fiscal Marena Mendoza, casi la totalidad de ellos han avanzado lentamente, afirma Gloria Cano, abogada de las víctimas de Ayacucho y Andahuaylas y responsable del área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Una de ellas involucra a la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola y cuatro exministros por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves pero es la más deficiente, asegura Cano. En este caso, la Fiscalía ha extendido las diligencias hasta febrero del próximo año pero se ha requerido que muchos de los testigos viajen a Lima para declarar.
Además, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides ya presentó una denuncia constitucional contra Boluarte y su Premier sin que haya concluido la investigación preliminar. Esta denuncia corresponde únicamente a 5 de los fallecidos y 1 civil herido, algo que cuestiona la defensa de las víctimas. “No entendemos cuál ha sido el criterio para presentar esta denuncia. ¿Significa que esos casos solo fueron responsabilidad de la presidenta o la exfiscal lo hizo esperando que la denuncia se caiga por las propias deficiencias que tiene?”, dice Cano.
David Atequipa
David Atequipa Quispe fue la primera víctima del estallido social en el país. Un adolescente de 15 años que formaba parte del Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú. De acuerdo con el protocolo de necropsia, una bala le perforó el tórax cuando protestaba en el aeropuerto de Andahuaylas (Apurímac).
Desde hace un año, su madre, Silia Quispe, deja ofrendas en el nicho que se hizo en su memoria cerca al aeropuerto. Junto a su pareja y su hijo menor han recorrido también la pista donde murió David para recordarlo. En su casa en el centro poblado Huayhuaca, guardan las fotografías y carteles con los datos de su primogénito, los mismos con los que llevan más de un año exigiendo justicia.
Beckham Quispe
Beckham Quispe Garfias, de 18 años, falleció el 11 de diciembre del 2022 a causa de un disparo que le provocó un traumatismo encéfalo craneano grave. Ese día, había ido al aeropuerto de Andahuaylas para unirse a las protestas en contra del actual gobierno. Estaba en el último año de secundaria, pero alternaba sus estudios con su mayor pasión: el fútbol.
Las camisetas y trofeos son los últimos recuerdos que guarda su padre Dany Quispe, quien fundó la Asociación de Familiares de Víctimas y Agraviados de Apurímac para reclamar justicia por los siete jóvenes que fallecieron en esa región. A un año de su muerte, compañeros del equipo de fútbol “FC Rosaspata” al que pertenecía Beckham le rindieron un homenaje con un partido en su memoria.
Wilfredo Lizarme
Wilfredo Lizarme también tenía 18 años cuando recibió un disparo mientras bajaba del cerro Huayhuaca, en Andahuaylas, para retornar a casa. Aquel día, 12 de diciembre de 2022, lo acompañaba su hermano Luis, quien vio a un grupo de policías apuntando a las personas desde la azotea de una vivienda. Ambos habían ido a participar en las manifestaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso. Según el protocolo de necropsia, Wilfredo tenía un herida perforante por proyectil de arma de fuego en el hemotórax y sufrió un shock hipovolémico que le causó la muerte.
Wilfredo quería ingresar a la Universidad de Ayacucho para convertirse en médico. En su tiempo libre jugaba fútbol con Beckhan Quispe y ayudaba a sus padres, Antonio Lizarme e Isidora Barboza, a trabajar en el campo. Ellos continúan haciéndolo en un pequeño terreno que tienen en la comunidad Ccacce pero cada tanto vuelven al cerro de Huayhuaca a dejar flores al nicho de su hijo y en el cementerio de Andahuaylas donde fue enterrado su cuerpo.
Jhon Enciso
El 12 de diciembre de 2022, John Enciso Arias subió el cerro Huayhuaca, en Andahuaylas, con el novio de su hermana Maribel para ver las protestas. En medio de la represión, fue herido por un disparo que le causó fracturas en el cráneo y la cara. La necropsia confirmó que el joven de 18 años sufrió un trauma vertebro medular y un edema cerebral.
John era el último de 5 hermanos y uno de sus sueños era estudiar enfermería; sin embargo, como el dinero no alcanzaba en casa, trabajaba cosechando papa en el campo. “Quería continuar sus estudios y comprar un terreno para nosotros. “Me dijo: ¡no te preocupes mamá, vamos a salir adelante!”, recuerda Catalina Arias. En el centro poblado Huayhuaca, Janet, la hermana mayor de Jhon guarda las fotos que muestran las heridas que le provocaron y su retrato en un cartel que enmarca una de las paredes de su casa.
Cristian Rojas
Cristian Rojas Vásquez fue el sexto joven asesinado en la región de Apurímac durante las protestas. El 10 de diciembre de 2022, Cristian salió a comprar a un mercado de Andahuaylas, pero en el camino una bomba lacrimógena lo hirió en la cabeza. De inmediato fue llevado al Hospital Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay, donde falleció al cuarto día de haber estado hospitalizado.
A sus 19 años de edad, Cristian había culminado el primer ciclo de enfermería, la carrera técnica que optó por estudiar luego de no haber ingresado a la Escuela de Policía por incumplir con la talla y el peso requeridos. Era un joven aplicado que tomaba apuntes de sus clases en un pequeño cuaderno cuadriculado que todavía guardan su padre Teodoro y su madre Gregoria. Ellos lo visitan con frecuencia en el cementerio de la comunidad Ancatira, ubicado en el distrito de San Jerónimo, a pocos metros del colegio de primaria donde Cristian estudió.
