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El pago por ser voluntario de Sinopharm: abandono, indiferencia y silencio

En medio de comunicados contradictorios de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Instituto Nacional de Salud, los voluntarios del ensayo clínico de Sinopharm siguen en la incertidumbre. Personal de primera línea que participó en el estudio aún tiene pendiente recibir su segunda dosis de la vacuna y la hija de un voluntario fallecido por covid-19 ha denunciado ante la Fiscalía que su padre fue abandonado.

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Centro de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia donde se realiza el estudio de la vacuna de Sinopharm en el Perú.
Agencia EFE

Durante las últimas dos semanas, Salud con lupa ha entrevistado a decenas de voluntarios enrolados al ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm en el Perú que denuncian que han sido abandonados por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente, ellos enfrentan distintos problemas por haber colaborado con la ciencia y ninguna autoridad les responde con información clara o un apoyo concreto, conforme a los compromisos establecidos cuando fueron incluidos en el estudio. Al contrario, la universidad les ha dado largas, los ha dejado en el aire durante semanas y, en varios casos, ha perjudicado su alternativa de vacunación contra la covid-19 dentro del plan regular de vacunación en el país.

En este artículo contamos las situaciones adversas a las que se enfrentan miles de peruanos que pusieron el hombro:

Sin respuesta: ¿recibí vacuna o placebo?

La tarde del jueves 18 de marzo, el Instituto Nacional de Salud (INS) informó en un comunicado que los participantes del ensayo clínico de Sinopharm pueden solicitar de manera individual la apertura del ciego para saber si recibieron vacuna o placebo, y así incorporarse al plan nacional de vacunación contra la covid-19 en el país. La doctora Coralith García, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es responsable de atender estas solicitudes.

Sólo un día antes, la universidad había señalado que esperaba la aprobación de las autoridades para levantar los datos de los voluntarios enrolados y comenzar la inmunización de todos los que recibieron placebo. Voluntarios entrevistados por Salud con lupa confirman que en todo momento se les dijo que esa aprobación dependía del INS. Entonces, ¿quién responde a sus demandas?

Familia de voluntario fallecido llevó el caso a la Fiscalía

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Juan Quiñones Miranda es el segundo voluntario fallecido por covid-19 en el ensayo clínico Sinopharm. Su hija denuncia que lo abandonaron.

El jueves 18 de febrero Juan Quiñones Miranda, de 74 años, murió de Covid-19 en Chimbote, Áncash. Pese a su avanzada edad y ser un paciente con diabetes, fue aceptado como uno de los 12 mil voluntarios del ensayo del laboratorio chino Sinopharm el año pasado.

De acuerdo a Magaly Quiñones, hija del voluntario fallecido, su familia le informó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia sobre el contagio, las complicaciones de su enfermedad y quince días después, sobre su muerte. Ella misma se comunicó con la monitora de su padre para exigir que les dijeran si había recibido vacuna o placebo como parte del estudio. Después de un mes, no le han dado respuesta.

“He mandado correos por escrito, para que quede evidencia, al mismo centro de investigación de Cayetano, le he escrito al Instituto Nacional de Salud y tampoco me han contestado”, señala Magaly Quiñones. Al conocer sobre la muerte del voluntario, Salud con lupa también consultó sobre el caso a ambas instituciones, pero ninguna respondió.

La hija de Juan Quiñones no se ha quedado con los brazos cruzados. El 21 de febrero presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue si se aplicaron correctamente los criterios de selección para que su padre fuera voluntario y el comportamiento de la universidad desde que empezó la participación de Quiñones en el estudio hasta que comunicó que se había contagiado de covid-19. Su familia quiere que se esclarezca también si recibió vacuna o placebo.

Magaly Quiñones ha enviado cartas a la Defensoría del Pueblo y, recientemente, a la Superintendencia Nacional de Salud.

Cabe recordar que en enero se reportó la primera muerte de una voluntaria del ensayo clínico, una mujer de 54 años. En esa ocasión, la Universidad Peruana Cayetano Heredia también demoró en responder pero finalmente confirmaron que había sido inoculada con placebo. La apertura de la ficha de la voluntaria se hizo a sugerencia del Instituto Nacional de Salud y del Comité de Seguridad y Monitoreo de Datos.

Esa aclaración resultó vital en un contexto de desconfianza y desinformación sobre la vacuna de Sinopharm, que resultó siendo la primera que compró el Gobierno peruano y que se ha aplicado al personal de salud de primera línea desde febrero. La muerte de Juan Quiñones ocurrió en un contexto aún más crítico, luego del destape del caso ‘Vacunagate’: las vacunaciones irregulares de más de 400 personas, entre personal del estudio de Sinopharm, funcionarios públicos, empresarios y sus familiares, inmunizadas con dosis experimentales antes que iniciara la vacunación oficial en nuestro país. Un escándalo que, como se sabe, también ha afectado a los voluntarios del ensayo.

Los voluntarios en primera línea siguen esperando

A inicios de febrero, la Universidad Cayetano Heredia levantó el ciego a más de cien voluntarios del ensayo clínico que trabajan como personal sanitario y que son parte de la primera fase del plan nacional de vacunación. Quienes recibieron placebo fueron programados para recibir la primera dosis de la vacuna de Sinopharm como parte del compromiso de la universidad. Esto ocurrió justo antes de que se revelara la lista de personas vacunadas irregularmente y en secreto.

“El 25 de febrero pregunté a mi monitor si con todo lo que había pasado se iba a ver afectada mi segunda dosis y me dijo que les habían informado que no había problema, que estaba asegurada”, cuenta Catalina*, médica infectóloga y voluntaria del ensayo de Sinopharm en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, poco antes de la cita que tenía para completar su inmunización, le dijeron que no sería posible porque las dosis estaban inmovilizadas por las investigaciones fiscales del caso ‘Vacunagate’.

Según más de diez voluntarios consultados por Salud con lupa, sus monitores les dijeron que había un período de ventana de una semana para recibir la segunda dosis. Pero ese tiempo pasó sin novedad. “Vacúnense como puedan”, recuerda Patricia* que le recomendó su monitora cuando reiteró sus preguntas sobre la vacunación pendiente.

Actualmente, la técnica de enfermería y voluntaria del ensayo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos intenta vacunarse a través de su centro de trabajo, una opción a la que están recurriendo otros participantes. Pero no es sencillo, pues renunciaron a las dosis que les ofrecieron en los centros de salud donde laboran al informar que serían vacunados como parte del grupo de voluntarios del ensayo de Sinopharm.

¿Los que recibieron la vacuna de Wuhan?

Otro problema pendiente de resolverse es el caso de los voluntarios a los que se levantó el ciego en febrero pasado y se les informó que habían recibido la vacuna, pero no se precisó si había sido la vacuna de Beijing o la de Wuhan.

Como se sabe, los análisis preliminares del ensayo han puesto en evidencia la baja eficacia de la vacuna de Wuhan, por lo que los voluntarios que recibieron dichas dosis tendrán que ser inmunizados con las vacunas de Beijing.

Ignacio* y su esposa, médicos que participaron como voluntarios en el estudio, pidieron saber qué vacuna era la que les habían aplicado, pero les dijeron que esa información aún no estaba disponible. “Hay 8 mil voluntarios que recibieron placebo y 4 mil voluntarios que recibieron la vacuna que no funciona y actualmente están completamente desprotegidos (...) Pero no hay vacunas, nadie sabe cuándo van a llegar”, lamenta.

La Universidad Cayetano Heredia le ha entregado a los voluntarios a los que le falta completar su segunda dosis una constancia que indica que “por motivos administrativos y regulatorios en curso, no se podrá cumplir con la aplicación de la segunda dosis”. Esa sería la forma que la universidad “ayuda” para que los admitan en el plan nacional de vacunación.

“Nos han dicho ‘bueno, acá está un papel, vean cómo pueden conseguir sus dosis’. No lo han puesto así, pero es lo que yo entiendo”, comenta Andrés*, un voluntario que recibió el documento. Sin embargo, los voluntarios de San Marcos no han recibido dicha constancia. Cuando Catalina consultó a su monitora al respecto, le dijeron que “eso sólo lo está haciendo Cayetano y no tiene aprobación del INS”. Ante nuestra consulta, el área de prensa de esta entidad aclaró que si la universidad no les da la constancia para que accedan al plan de vacunación, los voluntarios deben registrar sus denuncias ante el comité de ética.

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Esta es la constancia entregada a algunos voluntarios del ensayo de Sinopharm por parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, indicando que no pueden administrarles la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19.

Es importante precisar que los voluntarios que sólo recibieron una dosis de la vacuna de Sinopharm y ahora acceden al plan de vacunación regular, empiezan de cero. Andrés*, quien es médico infectólogo, presentó la constancia de la Universidad Cayetano Heredia y logró que le aplicaran la vacuna en su centro de trabajo la semana pasada.

Después de 21 días recibirá la segunda dosis como parte de esta vacunación, aunque en su caso será en realidad la tercera dosis. No puede renunciar a la tercera porque el sistema de vacunación del Ministerio de Salud lo considera como una persona vacunada nueva. No tiene forma de que se reconozca lo sucedido dentro del marco del ensayo clínico de la vacuna.

Los voluntarios con covid-19 sin cama UCI

La semana pasada los familiares de Omar Salazar Seminario acudieron a medios de comunicación para denunciar que el voluntario de 45 años estaba grave por covid-19 y necesitaba con urgencia una cama UCI. La Universidad Cayetano Heredia se había comprometido a apoyarlos en todo el proceso e incluso les aseguró que había una cama disponible para el paciente, pero cuando fue trasladado al hospital ocurrió lo contrario.

La denuncia presentada por Magaly Quiñones luego de la muerte de su padre apunta al mismo reclamo. “Durante todo el tiempo que estuvo hospitalizado, se contactó con la Universidad Cayetano para que le brindaran la atención médica, y su priorización para ocupar una cama UCI por ser voluntario en el experimento, pero fue abandonado”, se lee en su relato de los hechos ante la Fiscalía. De acuerdo a la hija de Juan Quiñones, cuando él comunicó a su monitora que había dado positivo a covid-19, le dieron una cita en Lima pero no pudo viajar debido a la cuarentena. Luego, no recibieron mayor apoyo.

En un comunicado emitido el miércoles 17, la Universidad Cayetano Heredia aseguró que como patrocinadora del ensayo es responsable de la atención y tratamiento médico gratuito en caso los voluntarios del estudio sufran algún efecto adverso generado directamente por la vacuna en investigación, pero no cuando se contagian de covid-19.

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Hermano de Omar Salazar Seminario acudió a medios de comunicación a pedir una cama UCI para el voluntario del ensayo clínico de Sinopharm.
Imagen: América Noticias

“El equipo de investigación realiza el monitoreo permanente, evalúa a los pacientes que desarrollan covid-19, pero no puede ordenar la hospitalización o el ingreso a las unidades de cuidados intensivos en los diferentes nosocomios”, precisa el comunicado. La universidad señaló que cuando es posible realizan gestiones para buscar camas hospitalarias o UCI, pero debido a la crítica situación sanitaria no siempre se obtienen resultados.

Efectivamente, el consentimiento informado que firmaron los voluntarios del ensayo de Sinopharm no estipula que Cayetano Heredia deba garantizar atención médica en caso de contagio por covid-19. Pero la falta de respuestas claras o los mensajes contradictorios que reciben familiares de los voluntarios contagiados son lo que finalmente generan su indignación.

Hay casos de voluntarios que se contagiaron de covid-19 y sí recibieron atención médica gracias a las gestiones de la universidad. En una entrevista con Salud con lupa, Tomás* relata que el 12 de febrero empezó a sentir síntomas del virus y lo comunicó a su monitor. Después de dos días con fiebre y malestar, le pidieron que fuera a la universidad para tomarse la prueba, que confirmó que tenía covid-19.

“Un doctor del estudio empezó a monitorearme, a llamarme todos los días y luego que pasó el proceso, decidieron tomarme una tomografía”, explica. Los exámenes revelaron que la infección de Tomás había sido leve y sus pulmones habían sido afectados en 5%, por lo que no necesitaría una terapia.

Toda esa atención fue cubierta por la Universidad Cayetano Heredia e incluso le reintegraron el costo del transporte para que se movilizara de su casa a la universidad.

La experiencia de Tomás contrasta con la de otros voluntarios y sus familias. La sensación de gran parte de participantes del ensayo de Sinopharm es decepción, mezclada con angustia en el caso de los trabajadores de salud que pusieron el hombro y siguen esperando ser inmunizados. Para los voluntarios consultados por este medio, lo que resulta más indignante es la falta de respuestas.

La Defensoría del Pueblo interviene

Más allá de los comunicados institucionales, al menos diez personas dijeron a Salud con lupa que la doctora Coralith García, responsable del ensayo, no atiende a sus llamadas ni a sus mensajes. Tampoco Aldo Vivar, presidente del Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación que supervisa los ensayos clínicos de covid-19.

Ellos son las personas de contacto que están en obligación de resolver dudas y reclamos de los participantes del estudio. El número y el correo del Instituto Nacional de Salud indicado para enviar denuncias tampoco ha resultado efectivo, indican los voluntarios.

El viernes 19 de marzo, tres representantes de los voluntarios del ensayo se reunieron con funcionarios del Instituto Nacional de Salud, el presidente del Comité de Ética Covid-19 y un representante de la Defensoría del Pueblo. En el acta de la reunión, a la que tuvo acceso Salud con lupa, consta que Alberto Huerta, jefe de la Oficina Defensorial de Lima, tuvo que pedir que en las próximas reuniones se utilice un lenguaje claro y menos técnico para llegar a un mejor diálogo con los participantes.

El encuentro tuvo pocos puntos positivos para los voluntarios. Uno de ellos fue que se atendió el caso de una doctora a quien hasta ese momento no se le había abierto el ciego, pese a sus urgentes solicitudes. Ahí mismo, en plena reunión, le dieron la respuesta: había sido inoculada con la vacuna de Beijing. El resto, en palabras de una voluntaria, fue un “peloteo” atribuyendo responsabilidades a otras instituciones.

¿Destruirán las dosis incautadas?

Además de ello, los participantes del ensayo de Sinopharm recibieron el preocupante dato de que el Instituto Nacional de Salud estaba planteando la destrucción de las dosis inmovilizadas en el marco del caso ‘Vacunagate’. “En una situación de pandemia, ¿cómo van a decir eso? Ahora hay médicos, personal de primera línea que está esperando su segunda dosis o ni siquiera ha recibido la primera”, lamenta una voluntaria. Ante la falta de soluciones concretas, los voluntarios han solicitado una nueva reunión. Pero esta vez quieren que estén todas las instituciones involucradas - INS, Cayetano Heredia, San Marcos y Digemid-, para evitar contradicciones en la información que reciben.

Hasta el momento, la única denuncia que ha llegado a la Fiscalía respecto a los voluntarios del ensayo de Sinopharm es el caso de Juan Quiñones. De los 12 mil participantes del estudio, menos de mil mantienen comunicación o están organizados para hacer frente a los problemas que los agobian. Hay grupos que están considerando realizar protestas, mientras que otros se reúnen para enviar cartas y presentar denuncias. Pero todos están de acuerdo en que la situación es insostenible. Están cansados de esperar por medidas que garanticen la protección de los voluntarios, algunos incluso han decidido abandonar el estudio.


*Se utilizan seudónimos para proteger la identidad de los voluntarios entrevistados.

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