Este reportaje forma parte de The Cancer Calculus, una serie liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en la que participa Salud con lupa.
En la última década, el Ministerio de Salud ha aumentado de forma importante el presupuesto destinado a la atención del cáncer. Pasó de alrededor de 200 millones de soles a más de 1,500 millones. Pero ese crecimiento no se ha traducido en mejores resultados para los pacientes. Hoy, más del 70% de los casos se detectan en etapas avanzadas, lo que reduce las probabilidades de sobrevivir y encarece los tratamientos.
Este patrón refleja una debilidad de largo tiempo del sistema de salud para prevenir el cáncer y detectarlo a tiempo. A pesar de la evidencia, la respuesta ha estado centrada en tratar la enfermedad cuando ya está avanzada, cuando las opciones son más complejas, más caras y menos efectivas.
En ese contexto, el Comité de Medicamentos del Colegio Médico del Perú advierte que la discusión sobre medicamentos de alto costo —especialmente en cáncer— adquiere una relevancia aún mayor.
“No se trata solo de qué tecnologías financiar, sino de cómo se toman esas decisiones, en qué momento se interviene y si responden a una estrategia de salud pública que realmente beneficie a la población”, afirma.
El Comité advierte el riesgo de que una sola institución evalúe, financie, prescriba y provea estos medicamentos.
“Cuando todo se decide en un mismo espacio, se debilitan los controles. Eso puede afectar la calidad de las decisiones y su legitimidad. Por eso es importante que exista independencia, transparencia y una clara separación de funciones entre quienes eligen los tratamientos, quienes los compran, quienes los distribuyen y quienes los aplican”, añade.
Este pronunciamiento se basa en consultas realizadas por Salud con lupa en el marco de una investigación que reveló cómo el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) concentró funciones clave en la aprobación de los tratamientos de alto costo y cómo el gasto público en cáncer se ha concentrado en pocos medicamentos. Entre 2023 y 2025, cinco fármacos de alto costo absorbieron el 81% del gasto nacional en estos productos, mientras los recursos destinados a medicamentos esenciales se redujeron significativamente.
Uno de ellos es el pembrolizumab, comercializado como Keytruda por Merck Sharp & Dohme, que implicó compras públicas por 172 millones de soles en ese periodo. Solo en 2025, el Estado destinó 95 millones de soles a un contrato de 14,800 unidades, el monto más alto registrado para un medicamento oncológico en el sistema público.
Además, se identificó que diez oncólogos del INEN que participaron en la elaboración y aprobación de los documentos técnicos que sustentaron su uso eran, al mismo tiempo, investigadores en ensayos clínicos de ese medicamento financiados por la misma farmacéutica.
Sin independencia técnica
En el Perú, la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) fue concebida como un espacio técnico multisectorial para evaluar qué medicamentos deben incorporarse al sistema público. Sin embargo, su papel como contrapeso se debilita si las decisiones de compra no están obligadas a basarse en sus evaluaciones.
El Comité advierte que los cambios normativos que han concentrado decisiones en el INEN reducen la independencia técnica. “En sistemas bien diseñados, la evaluación la realizan instancias autónomas, mientras que la decisión de financiamiento corresponde a autoridades que se basan en esa evidencia. Sin esa separación, aumentan los riesgos de sesgo institucional, decisiones no comparables entre tecnologías y menor transparencia en el uso de recursos públicos”, indica.
Médicos del INEN han cuestionado este sistema por considerar que prolonga los tiempos con “evaluaciones de escritorio” y aumenta la burocracia. Frente a ello, el Comité señala que permitir que el INEN apruebe terapias sin pasar obligatoriamente por RENETSA “se acerca a un modelo con riesgo de captura o sesgo institucional”.
Decisiones sin evaluación completa
Otro punto clave es el uso de documentos internos para sustentar decisiones de compra de ciertos medicamentos con alto impacto presupuestal, como ha ocurrido con las compras de pembrolizumab. “Estos documentos pueden servir como insumo, pero no reemplazan una Evaluación de Tecnologías Sanitarias completa”, señala el Comité.
Una evaluación de este tipo incluye revisión sistemática de la evidencia científica, análisis económico y multicriterio. Permite comparar alternativas, estimar los beneficios en relación con el costo y determinar si una tecnología es la mejor opción para el sistema.
Sin ese análisis, advierte el Comité, existe el riesgo de financiar tecnologías con bajo impacto en salud que consumen una parte importante del presupuesto.
Esto implica un costo de oportunidad: destinar recursos a una terapia de alto costo significa dejar de financiar otras. Cuando el Estado concentra grandes montos en pocos medicamentos sin una priorización clara, reduce su capacidad para atender tratamientos esenciales o intervenciones con mayor impacto.
Este patrón se refleja en los datos. Hasta 2022, los medicamentos oncológicos esenciales concentraban cerca del 90% del gasto estatal en cáncer. Para 2024, esa proporción cayó al 12,5%, pese a que el presupuesto total creció de S/26,8 millones a S/181 millones. En 2025, cinco medicamentos de alto costo absorbieron el 91% del presupuesto, mientras que el resto representó apenas el 8,94%.
Para el Comité, esta concentración puede generar inequidad: se gasta más, pero no necesariamente se logra más salud. Si se priorizan tecnologías costosas para grupos específicos sin una evaluación integral, el sistema deja de atender necesidades que podrían beneficiar a más personas.
“Cuando no hay un análisis de costo-beneficio, se corre el riesgo de financiar tecnologías con bajo impacto en salud que consumen una parte importante del presupuesto. Esto amenaza la sostenibilidad de sistemas como el SIS o EsSalud”, advierte.
La Organización Panamericana de la Salud ha señalado lo mismo: financiar tecnologías de alto costo sin una priorización explícita puede afectar la sostenibilidad del sistema y limitar el acceso a servicios esenciales.
Qué debería cambiar
Para mejorar el sistema, el Comité de Medicamentos del Colegio Médico del Perú plantea reforzar la articulación entre evaluación, financiamiento y compra de medicamentos de alto costo.
“La RENETSA debería fortalecerse como una instancia técnica independiente que defina qué tecnologías deben incorporarse al sistema público. A partir de esa evaluación, las entidades financiadoras tendrían que asignar los recursos y los procesos de adquisición operar con criterios claros y capacidad de negociación”, explica.
El Comité también propone reglas explícitas de priorización, análisis de impacto presupuestal, publicación de reportes técnicos, identificación de responsables y mecanismos efectivos para gestionar conflictos de interés.
Como referencia, señala que en sistemas más consolidados la evaluación no está en manos de la misma entidad que decide y compra. En países como Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil y Colombia existen instancias que separan la evaluación técnica de las decisiones políticas o financieras.
“El Perú ha avanzado en diseño institucional, pero aún hay una brecha entre ese modelo y su aplicación. El principal riesgo es que los medicamentos de alto costo se aprueben sin un proceso estructurado, independiente y basado en valor. Eso puede afectar la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad del sistema de salud”, apunta.
