Este reportaje forma parte de The Cancer Calculus, una serie liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en la que participa Salud con lupa.
El 25 de abril, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, designó al médico Víctor Palacios Cabrejos como director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer, un puesto clave desde el que se definen las compras públicas de medicamentos oncológicos en el país.
No es un cargo nuevo para él. Lo ha ocupado en tres ocasiones. Su regreso al Ministerio ocurre después de haber pasado por otro espacio decisivo: el Congreso.
Desde noviembre de 2024, Palacios fue asesor de la comisión especial que supervisa el gasto público en la atención del cáncer, creada a iniciativa del congresista Alejandro Aguinaga. Ahí se convirtió en una de las voces más influyentes del debate: intervenía con frecuencia, cuestionaba a las instancias técnicas del sistema de salud y promovía cambios en la forma en que el Estado decide qué medicamentos costosos financiar.
Ese tránsito, del Congreso al Ejecutivo, no es el único que marca su trayectoria reciente. Palacios también ha trabajado para iniciativas financiadas por la industria farmacéutica. En algunos casos, esos vínculos coincidieron en el tiempo con sus funciones públicas; en otros, se dieron de forma inmediata entre un cargo y otro.
Entre abril y diciembre de 2024, periodo que se superpone con su labor como asesor del Congreso, se desempeñó como city manager de la Fundación City Cancer Challenge, financiada por laboratorios como Roche, Novartis, AstraZeneca, Eli Lilly, Bristol Myers Squibb y Merck Sharp & Dohme.
En ese cargo, coordinaba proyectos entre el sistema público de salud y empresas que venden medicamentos, equipos y dispositivos médicos, al mismo tiempo que participaba en el debate sobre cómo el Estado debía decidir qué tratamientos financiar.
Esa simultaneidad —asesorar en un espacio público de decisión y trabajar en una organización financiada por farmacéuticas— no fue transparentada en las sesiones de la comisión.
Menos evaluación, más intereses en juego
Actas, grabaciones y documentos oficiales de la comisión especial del cáncer del Congreso, revisados por Salud con lupa, muestran que el doctor Víctor Palacios ha sido un crítico constante del rol de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA). Se trata de la instancia encargada de evaluar la costo-efectividad de los medicamentos de alto costo, coordinada por el Instituto Nacional de Salud.
En la práctica, esto significa analizar si esos tratamientos realmente ofrecen un beneficio significativo para los pacientes en relación con su precio, si son mejores que otras alternativas disponibles y cuál sería su impacto en el gasto del sistema de salud.
En sus intervenciones, Palacios ha defendido que la aprobación de terapias oncológicas quede en manos de los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) en lugar de pasar por la evaluación de RENETSA. Esta postura se afianzó con varios cambios normativos en los últimos años y ha sido alentada desde el Congreso bajo el argumento de eliminar la “burocracia”.
Este enfoque reduce el peso de una evaluación independiente en decisiones que comprometen millones de soles del presupuesto público. Ocurre, además, en un contexto donde ya se ha evidenciado un problema concreto: médicos que participan en la aprobación de costosas terapias oncológicas han trabajado como investigadores en ensayos clínicos financiados por las mismas farmacéuticas que los producen.
El caso del pembrolizumab, de Merck Sharp & Dohme, lo ilustra con claridad. Diez oncólogos que intervinieron en los documentos técnicos que sustentaron su uso en el sistema público figuran también como investigadores en estudios patrocinados por su fabricante. Aun así, esos vínculos no fueron consignados en los documentos que respaldaron decisiones de compra por más de S/172 millones entre 2023 y 2025.
Esto ya tiene efectos visibles: cada vez más recursos públicos se concentran en pocos medicamentos oncológicos de alto costo, mientras los tratamientos esenciales quedan con menos presupuesto.
En esa línea, el médico Víctor Palacios ha ido más allá. El 11 de abril de 2025 propuso reemplazar RENETSA por una agencia nacional de evaluación de tecnologías sanitarias. Sus planteamientos fueron rápidamente asumidos por el congresista Alejandro Aguinaga.
Seis semanas después, el 27 de mayo, Aguinaga presentó un proyecto de ley para crear la Agencia Nacional para la Evaluación de Tecnología Sanitaria (ANETS), un organismo con reglas propias de gobernanza.
La propuesta concentra en una sola entidad funciones que hoy están distribuidas entre el Instituto Nacional de Salud, EsSalud y la Digemid. También plantea que esta última se limite a autorizar el ingreso de medicamentos al país y quede fuera de las decisiones sobre qué tratamientos debe comprar el Estado.
Ese cambio recoge un pedido expreso de gremios de la industria farmacéutica. Entre ellos, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú (ALAFARPE), que agrupa a compañías multinacionales que operan en el país, y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos (ALAFAL), que reúne a empresas de capital regional. Ambos lo plantearon durante las sesiones de la comisión del Congreso que supervisa el gasto en cáncer y que ha coordinado Víctor Palacios.
El proyecto incorpora, además, a los médicos especialistas en las evaluaciones de tecnologías sanitarias, como venían reclamando oncólogos del INEN. Propone también incluir la llamada “evidencia del mundo real” —datos de pacientes que ya usan el medicamento en hospitales públicos— como criterio para aprobar tratamientos, otra demanda impulsada por representantes de las farmacéuticas.
A esto se suma un cambio clave: una evaluación negativa de la nueva agencia no bastaría para negar el acceso de un paciente a una terapia de alto costo. Es una posición que coincide con la de asociaciones de pacientes convocadas por Palacios a este grupo de trabajo.
Esa misma línea se refleja en el discurso del congresista Alejandro Aguinaga, impulsor de este proyecto de ley que ahora se encuentra en la Comisión de Salud. En varias ocasiones, el legislador fujimorista ha cuestionado el sistema de evaluación de medicamentos de alto costo y ha llamado “rémoras” a sus funcionarios por no acoger las propuestas promovidas desde su comisión.
En algunas de las sesiones de 2024 y 2025, este grupo de trabajo insistió en que el Ministerio de Salud comprara fármacos oncológicos de alto costo —en la mayoría de los casos con un solo proveedor— sin pasar por la evaluación técnica correspondiente.
Estos pedidos evidencian una presión política sobre decisiones que, por su impacto en el uso de recursos públicos y en la atención de pacientes, deberían basarse en criterios técnicos y transparentes.
Esa posición quedó plasmada en un informe enviado en marzo de 2026 al ministro de Salud, Juan Carlos Velasco. En ese documento, la comisión —presidida ahora por la fujimorista Mery Infantes— pide dejar de lado el sistema actual de evaluación.
También responsabiliza a RENETSA por la lentitud en la compra de medicamentos contra el cáncer de alto costo y recomienda que el Estado adquiera tratamientos que este organismo había rechazado, mientras se resuelve el proceso.
Ribociclib: de la asesoría privada a la compra pública
El doctor Víctor Palacios se incorporó a la comisión especial del Congreso cuando el legislador Alejandro Aguinaga la presidía. Pero su experiencia en el Estado empezó antes. A fines de 2018 asumió la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud.
Desde ese cargo hay un episodio, en 2023, que marca su relación con la industria farmacéutica: Palacios gestionó la compra millonaria de un medicamento oncológico que terminó siendo adjudicado a un laboratorio al que había asesorado apenas semanas antes.
Para entender cómo se cruzan estos roles, hay que seguir la secuencia.
Víctor Palacios llegó al Ministerio de Salud en 2017 como parte del equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer y, poco después, asumió su conducción. Estuvo en el cargo entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019. Luego regresó en abril de 2021 y se mantuvo hasta diciembre de 2022.
Desde ahí no solo se diseñan las estrategias contra el cáncer. También se decide qué tratamientos se priorizan, qué medicamentos se compran y hacia dónde se orienta la respuesta del Estado frente a una de las enfermedades más costosas del sistema de salud.
En ese cargo, Palacios no solo gestionaba, sino que tenía influencia directa sobre esas decisiones.
En su segundo periodo, ese rol se afianzó. Se convirtió en uno de los principales voceros del ministerio en temas de cáncer y fue secretario técnico del grupo que elaboró el reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, aprobado en 2022.
Ese mismo año, el 16 de agosto, Palacios incluyó por primera vez el medicamento ribociclib en el requerimiento de compras del Ministerio de Salud para el año siguiente. Sin embargo, el fármaco no obtuvo una evaluación técnica favorable para su uso en cáncer de mama.
El ribociclib volvería a aparecer poco después.
En 2023, ya fuera del cargo, Palacios brindó asesorías privadas sobre “cambios de normatividad”. Según su declaración ante la Contraloría, el 25 de junio prestó servicios a Laboratorios Siegfried, empresa que comercializa este medicamento en el Perú bajo el nombre de Kisqali, fabricado por Novartis.
Diez días después, el 5 de julio, volvió al Estado. Fue designado otra vez como director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer por el entonces ministro César Vásquez.
Ese retorno pone en cuestión lo que fija la Ley 31564 establece un periodo de “enfriamiento” de tres años para quienes vienen del sector privado y asumen cargos públicos con poder de decisión en el mismo rubro. Según esa norma, Palacios no podía ocupar ese puesto hasta 2026.
Ya en el cargo, volvió a impulsar la compra de ribociclib por 24 millones de soles. El 20 de noviembre de 2023, su dirección formalizó el requerimiento basándose en una opinión favorable del Comité Farmacoterapéutico del INEN, sin esperar la evaluación de RENETSA, que recién llegaría en abril de 2024.
Dos días después, la central de compras del Ministerio de Salud del Perú determinó que el único proveedor disponible para el Estado era Laboratorios Siegfried. Y el 13 de diciembre aprobó la adquisición.
El resultado: la empresa a la que Palacios había asesorado meses antes terminó beneficiándose de una compra que él mismo impulsó desde el Estado.
Los vínculos que no declararon en la comisión
El doctor Víctor Palacios no fue el único en omitir la declaración de sus conflictos de interés ante la comisión especial del Congreso; varios de los invitados a sus sesiones tampoco lo hicieron.
A estas reuniones acudieron oncólogos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, funcionarios del Ministerio de Salud, representantes de asociaciones de pacientes y de la industria farmacéutica. Gran parte del debate giró en torno a las demoras en la compra de medicamentos contra el cáncer, en especial de los tratamientos de mayor costo. Sin embargo, varios de los participantes no informaron sus vínculos con la industria.
Así ocurrió con médicos del INEN que intervinieron —como consta en actas y grabaciones— sin señalar que también eran investigadores clínicos de Merck Sharp & Dohme, en particular en estudios sobre pembrolizumab, comercializado como Keytruda, el fármaco que más ha concentrado el presupuesto público en terapias oncológicas en el país en los últimos tres años.
El 14 de marzo de 2025, por ejemplo, la comisión realizó una sesión dedicada casi por completo a cuestionar el funcionamiento de RENETSA, bajo el argumento de que priorizaba el ahorro económico por encima de la vida de los pacientes. Entre los más enfáticos estuvo el doctor Luis Mas, jefe del Departamento de Oncología Médica del INEN y, al mismo tiempo, investigador en seis ensayos clínicos de pembrolizumab financiados por Merck Sharp & Dohme en el Perú, un vínculo que no mencionó durante su intervención.
“Osimertinib, alectinib y pembrolizumab han mejorado notablemente la supervivencia de los pacientes. O sea, este es el gasto que hace el Estado y se traduce en la mejora de la supervivencia de nuestros pacientes en la vida real”, declaró.
También participó la doctora Karina Aliaga, presidenta del Comité Farmacoterapéutico del INEN, que desde 2023 tiene el poder de aprobar los medicamentos oncológicos de alto costo que comprará el Estado. Bajo su conducción se autorizaron las últimas ocho indicaciones del pembrolizumab para el sistema público, lo que fue clave para millonarias adquisiciones.
En la comisión, sin embargo, Aliaga intervino como representante de la Sociedad Peruana de Oncología Médica y cuestionó el “retraso extremo e injustificable de RENETSA para evaluar el pembrolizumab en casos de melanoma”. Presentó este caso como ejemplo de la ineficiencia del modelo y señaló que un “trámite de escritorio” había retrasado durante años el acceso a tratamientos que, según afirmó, ya demostraban beneficios en la práctica clínica.
A esa misma sesión acudió la doctora Natalia Valdiviezo, en calidad de presidenta de la Sociedad Peruana de Mastología. Tampoco mencionó que es investigadora responsable en ensayos clínicos de pembrolizumab financiados por Merck Sharp & Dohme.
Las asociaciones de pacientes presentes pidieron dejar sin efecto el manual de evaluación de RENETSA. En paralelo, la industria farmacéutica, a través de sus gremios, respaldó que las decisiones quedaran en manos de los oncólogos del INEN, varios de ellos con vínculos no declarados con laboratorios.
La comisión especial que Víctor Palacios asesoró por más de un año también fue crítica con la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud. Cuestionaba que no se agilizaran las compras de medicamentos de alto costo con la sola aprobación de documentos del INEN. Para este grupo, la “burocracia” era el problema.
Su directora ejecutiva, Essy Maradiegue, estuvo en el cargo desde marzo de 2024 hasta el último fin de semana. El 25 de abril se oficializó su salida y la designación de su sucesor, Víctor Palacios, mediante una resolución firmada por el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco.
Durante meses, Palacios impulsó desde el Congreso acelerar estas compras con menos filtros técnicos. Hoy, como director de Prevención y Control del Cáncer, le corresponde recibir esas mismas demandas, evaluarlas y decidir qué hacer con ellas.
El asesor que impulsaba esos cambios ahora decide sobre su propia agenda.
El silencio del Ministerio de Salud
Para este reportaje, Salud con lupa buscó recoger la versión del oncólogo Víctor Palacios sobre los hechos expuestos. Se realizaron múltiples intentos de contacto mediante llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp en los días previos a la publicación. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
También se solicitó una entrevista al Ministerio de Salud para conocer su posición sobre las compras del medicamento pembrolizumab y el rol de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer en esas decisiones.
Adicionalmente, se envió un cuestionario a Laboratorios Siegfried, empresa que resultó beneficiaria de la compra analizada, sobre el proceso de contratación y su relación con el doctor Palacios. Hasta el cierre de esta edición, la empresa no respondió.
