Perú atraviesa un momento crítico para el periodismo. A las campañas de desprestigio y al hostigamiento legal que desde hace años enfrentan los periodistas, se suman ahora amenazas de muerte, agresiones físicas y un discurso cada vez más violento por parte de funcionarios públicos. Todo ello pone en riesgo a quienes ejercen la labor de investigar al poder.
El pronunciamiento —que ha sido suscrito por más de 290 personas de 25 países, incluyendo a periodistas peruanos, defensores de derechos humanos, académicos y periodistas de investigación de países como Brasil, México, Colombia, Argentina y Ecuador- denuncia que el país se ha convertido en un lugar cada vez más peligroso para ejercer el periodismo. Entre los firmantes figuran periodistas pertenecientes a 58 organizaciones periodísticas internacionales —medios de comunicación, redes y consorcios de medios, así como entidades globales de prestigio—, entre las que destacan:
- Rosental Alves, fundador y director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas
- Gabriela Manuli, directora de proyectos especiales del International Press Institute (IPI)
- Marina Walker, editora ejecutiva del Pulitzer Center
- Francisca Skoknic, fundadora de LaBot
- Jon Lee Anderson, periodista y escritor
- Carlos Eduardo Huertas, director de CONNECTAS
- Ewald Scharfenberg Fundador de Armando.info (Venezuela)
- Marcela Turati, fundadora deQuinto Elemento Lab (México)
- Omaya Sosa Pascual, cofundadora del Centro de Periodismo Investigativo (Puerto Rico)
- Carlos Dada, cofundador y director de El Faro (El Salvador)
- Hugo Alconada Mon, periodista de investigación del Diario La Nación (Argentina)
- Jennifer Ávila, directora de Contracorriente (Honduras)
Los periodistas de Salud con lupa también hemos suscrito este comunicado.
Cifras alarmantes
Según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), solo entre enero y julio de 2025 se registraron 180 casos de agresiones y dos asesinatos de periodistas, lo que marca el retorno de crímenes contra la prensa tras ocho años. Desde 2022, los ataques se han duplicado.
La Oficina de Derechos Humanos de la ANP documentó que los principales agresores, entre enero y abril de este año, fueron funcionarios públicos. Durante ese período, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, protagonizó 14 casos de hostigamiento. El gremio registró, además, 34 actos de amenazas directas, 22 discursos estigmatizantes, 11 trabas a la cobertura informativa y 4 intimidaciones judiciales. Las cifras siguen en aumento.
La amenaza de López Aliaga
El 10 de septiembre, López Aliaga —líder de Renovación Popular, actual alcalde de Lima y con aspiraciones presidenciales— lanzó en un acto público una amenaza directa contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros: señaló que si era un obstáculo para crear “tribunales militares”, había que “cargárselo de una vez”.
Este no es un hecho aislado. López Aliaga lleva más de una década atacando a Gorriti como represalia por las investigaciones de Lava Jato, y en los últimos años también ha acosado con ofensas misóginas y xenófobas a Rosa María Palacios, Clara Elvira Ospina y Marco Sifuentes. Ninguno de estos casos ha sido investigado por las autoridades. El alcalde también se apoya en medios y agrupaciones como Willax, el diario Expreso y el grupo violento La Resistencia, liderado por el ex candidato al Congreso Juan José Muñico.
Escalada de acoso legal
Los ataques no provienen solo del municipio limeño. Desde que Juan José Santiváñez asumió el Ministerio de Justicia el 23 de agosto pasado, los actos intimidatorios contra la prensa se han multiplicado.
El 17 de agosto, la periodista Karla Ramírez, de Panamericana TV, reveló una red de corrupción que involucraba a Santiváñez. Semanas después denunció un plan de represalia contra ella y su familia.
El 4 de septiembre, un procurador anticorrupción solicitó levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz (LatinaTV) y César Prado (ex IDL-Reporteros). La fiscalía aceptó tramitar la medida.
El 7 de septiembre, la presentadora Mónica Delta informó que ella y otros tres periodistas eran investigados por “reglaje y marcaje” tras una denuncia previa de Santiváñez, reactivada por la fiscalía.
Estas acciones, impulsadas desde instancias ligadas al Ministerio de Justicia, se dirigen también contra periodistas que investigan a la presidenta Dina Boluarte, a su hermano Nicanor Boluarte y a otros actores de su entorno, todos ellos con procesos fiscales abiertos por presunta organización criminal.
Un patrón autoritario
El comunicado alerta que casi todos los líderes de la coalición gobernante enfrentan investigaciones por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Ante ello, han buscado modificar el Código Penal para criminalizar la actividad periodística y neutralizar las revelaciones de la prensa.
Los firmantes condenan la inacción del sistema de justicia frente a la amenaza de muerte de López Aliaga contra Gorriti y los actos intimidatorios desplegados por Santiváñez. “Los ataques reiterados de las más altas autoridades contra los periodistas buscan erosionar la confianza en la prensa y en la democracia”, advierte el pronunciamiento.
La exigencia es clara: el Poder Judicial y el Ministerio Público deben defender con urgencia los derechos fundamentales de los periodistas, incluido el secreto profesional y el derecho a la vida.
