El Perú es uno de los países receptores de pesticidas prohibidos en la Unión Europea que un grupo de compañías multinacionales exporta sin restricciones pese a ser nocivos para la salud pública y el medio ambiente. Miles de pequeños agricultores los compran y usan en sus tierras para eliminar las plagas sin conocer los peligrosos efectos para su vida, la biodiversidad de los ecosistemas y los alimentos que llegan hasta nuestras mesas.
Tras la revisión del registro de agroquímicos autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y reportes aduaneros de los últimos cinco años, Salud con lupa halló que las compañías Bayer y BASF (Alemania), Syngenta (Suiza/China) y Agrolac (España) exportan a nuestro país 19 tipos de pesticidas vetados en Europa. Entre ellos se encuentran los neonicotinoides, un grupo de insecticidas prohibidos por la alarmante mortandad que causan en las abejas, polinizadores esenciales para garantizar las semillas con las que se producen miles de alimentos en el mundo.
“No estamos siendo coherentes en nuestra ambición de un medio ambiente libre de tóxicos si las sustancias químicas peligrosas que no están permitidas en Europa pueden seguir produciéndose aquí y luego exportarse a otros países. Estos pesticidas pueden causar el mismo daño a la salud y al medio ambiente independientemente de dónde se utilicen”, reconoció el comisionado de Medio Ambiente de la Unión Europea, Virginijus Sinkevičius. Estas declaraciones las dio durante el lanzamiento de una consulta pública iniciada en mayo de 2023 para abordar el problema.
Este proceso de consulta, que recoge evidencia de científicos e investigadores de organizaciones no gubernamentales sobre los problemas de los agroquímicos, se realiza como parte de la discusión de un proyecto de ley que propone poner fin a la producción y exportaciones de plaguicidas que desde hace varios años están prohibidos en la Unión Europea. La Comisión de Medio Ambiente se había comprometido a votarlo en 2020, pero se ha enfrentado a la firme oposición del “lobby químico” promovido por los grandes fabricantes de agrotóxicos que mueven un negocio que factura 31.000 millones de euros al año, según el Atlas de los Pesticidas 2022.
En los últimos años, las ventas globales de pesticidas han crecido en un promedio de cuatro por ciento por año. En América Latina, al menos un tercio de los productos más vendidos corresponden a agrotóxicos altamente peligrosos vetados en la Unión Europea. Este aumento está relacionado con la expansión de los monocultivos (entre ellos, soya, palma aceitera y maíz), lo que ha generado cambios drásticos en las condiciones de vida de las comunidades de agricultores y en las perspectivas de desarrollo humano de los países, según el informe Agrotóxicos en América Latina: violaciones del derecho a la alimentación y a la nutrición adecuadas.
En dicho informe se han advertido algunos problemas causados por el modelo de agricultura dependiente de pesticidas: la aparición de plantas e insectos que son más difíciles de controlar, que exigen nuevas generaciones de semillas transgénicas y usos más intensivos de agrotóxicos; la aparición de problemas de salud en los trabajadores del campo, como cáncer, malformaciones, cambios en los sistemas hormonales, reproductivos y digestivos; y reducción de la biodiversidad, degradación de ecosistemas y vida de suelos y agua.
Sin embargo, las corporaciones que exportan los agrotóxicos no pagan nada por los daños que ocasionan, o solo lo hacen si hay decisiones judiciales que las obligan, como ha ocurrido recientemente en Estados Unidos. Allí, Bayern pagará más de 10.000 millones de euros a personas que la demandaron por los daños a su salud provocados por su pesticida Roundup que contiene glifosato.
Bayer: el mancozeb y otros 6 agrotóxicos
La multinacional alemana Bayer, que compró la compañía estadounidense Monsanto, cuenta con una filial en Lima desde 1992. Aquí comercializa siete plaguicidas prohibidos en la Unión Europea, entre los que figura el imidacloprid, que pertenece al grupo de insecticidas llamados neonicotinoides que actúan sobre el sistema nervioso central de los insectos, causándoles una parálisis que los mata en pocas horas. Pero las plantas absorben también este agroquímico que es uno de los causantes de la reducción de la población de polinizadores como las abejas, según varios estudios científicos. Por eso, los mercados europeos lo vetaron en 2018, pero Bayer lo comercializa en nuestro país como la mejor solución contra las plagas de chinches, pulgones y otros bichos que atacan los cultivos de tomate, palta, mango, naranja, betarraga, algodón y arroz.
Bayer exporta a Perú no solo uno, sino al menos cuatro insecticidas que tienen como ingrediente imidacloprid, clasificado como una sustancia muy peligrosa por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este agroquímico se comercializa aquí bajo varias marcas como Confidor y Provado Combi sin ninguna observación de las autoridades sanitarias debido a los flexibles permisos otorgados por el Senasa, cuyos voceros han señalado en más de una oportunidad que “cada país es autónomo para dictar sus normas” en respuesta a la críticas por su permisivos criterios para el ingreso de agrotóxicos al país.
Otro de los ingredientes de los pesticidas que trae Bayer al país es el fipronil, un polvo blanco con olor a moho altamente tóxico y de uso amplio para eliminar hormigas, escarabajos, cucarachas, pulgas, garrapatas, moscas, gorgojos y otros insectos. Los agricultores peruanos lo adquieren bajo el nombre comercial de Regent para controlar la larva de la mosquilla que ataca los arrozales, pero no saben que está prohibido en la Unión Europea desde hace casi una década y que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos lo ha clasificado como potencialmente cancerígeno.
Además, si las plantaciones de arroz son afectadas por el hongo magnaporthe oryzae, Bayer les vende su pesticida Silvacur Combi, que contiene como ingrediente el fungicida triadimenol que dejó de usarse en Europa en 2019 tras caducar su autorización y por las alteraciones endocrinas en peces, aves y mamíferos con las que está relacionado en varias investigaciones. Este químico ha sido calificado también como potencialmente cancerígeno para los seres humanos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés). En mayo de 2022, la Comisión Europea actualizó la lista de sustancias fitosanitarias activas autorizadas en su territorio, en la que excluyó 75 tóxicos, entre ellos triadimenol, imidacloprid, espirodiclofeno y fenamidona.
Sin embargo, la oferta de pesticidas de Bayer en el mercado peruano incluye varias de estas sustancias. Por ejemplo, el espirodiclofeno prohibido desde 2010 se vende para eliminar a la arañita marrón, un ácaro que daña los cultivos de palta. Mientras que el fungicida fenamidona se comercializa como solución para las plagas en los cultivos de ají, cebolla, fresa, papa y tomate pese a que está prohibido desde 2018 por las investigaciones que lo relacionan con daños hormonales que sufren las personas en contacto con este tóxico.
El peligroso mancozeb está también entre los ingredientes químicos de un pesticida que vende Bayer a los agricultores peruanos bajo el nombre de Mancozil. Esta sustancia ha sido identificada como un disruptor endocrino para los seres humanos debido a que altera el equilibrio hormonal, según el informe de la EFSA que sirvió para su prohibición en 2020 en Europa. A pesar de la evidencia científica que advierte sobre los daños que el mancozeb causa en la función reproductiva de hombres y mujeres, se vende en Perú como un fungicida de fuerte acción contra la “mancha negra” y la “rancha” que atacan los sembríos de papa y tomate. Esta sustancia se usa también en las plantaciones de cebollita china y es responsable de las manchas azules que adquiere esta verdura cuando es usado en altas cantidades.
BASF: 6 venenos que eliminan plagas, pero también a las abejas
La empresa multinacional alemana BASF tiene también una sucursal en Perú y vende al menos seis agroquímicos prohibidos en la Unión Europea. Uno es el insecticida Fastac, que contiene una sustancia llamada alfacipermetrina que se degrada rápidamente en los suelos, es resistente al agua y se promociona como muy efectiva para el control de garrapatas, moscas, piojos y ácaros. Se le conoce por su grave toxicidad en los peces y por sus efectos nocivos en las abejas. Además de sus efectos en el medio ambiente, la alfacipermetrina está catalogada como una sustancia disruptora hormonal y su toxicidad en personas deriva en mareos, dolores de cabeza, náuseas, fatiga, irritación de la piel y en los ojos.
BASF vende este insecticida en nuestro país para el control de plagas en el cultivo de papa, ajo y tomate. Todo fabricante está obligado a indicar en la etiqueta el riesgo de su producto, pero el negocio de plaguicidas en Perú se realiza de manera indiscriminada sin suficiente asesoramiento a los trabajadores del campo. Sin una adecuada capacitación, varios suelen arrojar los envases de los plaguicidas muy cerca de fuentes de agua como los ríos, lo que aumenta los escenarios de contaminación.
Todo se agrava cuando los agricultores no usan equipos de protección para manipular en forma correcta los agroquímicos. Por ejemplo, el fungicida quinoxyfen que vende BASF para controlar plagas en la siembra de uva requiere que se utilice ropa protectora por al menos un período de 24 horas. De lo contrario, las personas que lo aplican pueden tener irritaciones en la piel o en las vías respiratorias. Estudios que analizaron el uso del quinoxyfen en campos agrícolas de Francia, Reino Unido y Alemania concluyeron que sus efectos persisten en el suelo de cultivo, lo que hizo que se cancele su registro en Canadá en 2018 y se eliminen gradualmente los pesticidas hechos con esta sustancia. Otras investigaciones señalan que el quinoxyfen puede atravesar los tejidos que cubren el cuerpo de los invertebrados marinos (moluscos, calamares o pulpos, que son especies de consumo humano) y acumularse con el tiempo.
Asimismo, la compañía BASF vende los insecticidas teflubenzurón y quinclorac en Perú para usos más amplios del que originalmente se recomienda. Hasta el 2019, la Comisión Europea solamente había autorizado el uso del teflubenzurón contra dos tipos de insectos que infestan los cultivos de tomate, pero en nuestro país se vende para ser usado en cultivos de maíz, algodón y arroz. Los agricultores lo compran bajo el nombre comercial Nomax SC sin ser informados sobre sus restricciones. Mientras que el quinclorac está considerado como un producto nocivo que se queda en grandes cantidades residuales en los cultivos de arroz, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
A los agricultores de maíz, BASF ofrece el fungicida epoxiconazol para el control del hongo conocido como “mancha de asfalto” que seca las hojas y puede ocasionar la pérdida de más del 80% de la producción. Sin embargo, este agrotóxico fue prohibido en Francia en 2019 por ser una sustancia disruptora endocrina y de potencial cancerígeno para los seres humanos. El gobierno francés prohibió su uso a pesar que casi la mitad de los cereales producidos en ese país eran tratados con productos hechos a base de epoxiconazol.
BASF vende también aquí el fungicida tiofanato-metil combinado con otra sustancia bajo el nombre comercial Acronis para matar los insectos que afectan los cultivos de alcachofa y pimiento. Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha demostrado que el tiofanato-metil y su principal molécula (metil-2-benzidimazol carbamato) son potencialmente carcinógenos y causan daños en el hígado y la tiroides como se ha demostrado en estudios hechos en animales en los últimos diez años.
Syngenta Group: el peligroso paraquat y otros 6 agrotóxicos
Aunque el gigante Syngenta Group, el negocio suizo de semillas y fertilizantes que pasó a manos de China National Chemical Corp en 2017, tiene una fundación con la que promete ayudar a los pequeños agricultores a adaptarse al cambio climático, esta premisa se contradice con la oferta de productos altamente tóxicos que exporta al Perú y otros países del sur global. Su sucursal en Lima se constituyó en 2001 y registra en el Senasa 7 agroquímicos que ya están prohibidos en Europa, pero que puede comercializar en nuestro territorio.
La Subdirección de Insumos Agrícolas del Senasa se encarga del registro de plaguicidas y puede emitir opinión sobre su uso y comercialización. Por insistencia de esta área, el Senasa prohibió el paraquat por su elevado riesgo para la salud humana a partir de julio de 2021. Sin embargo, antes de esa fecha, Syngenta Group vendió este herbicida en el país bajo el nombre comercial de Gromoxone Super, para una variedad de cultivos, desde frutas como el plátano y mango hasta plantas tropicales como la palma aceitera.
El paraquat es el pesticida más vendido de Syngenta Group, pero está prohibido en la Unión Europea desde el 2007 sobre la base de sus graves efectos tóxicos para los agricultores incluso provistos de equipos de protección. La exposición crónica, aún en dosis bajas, puede causar la enfermedad de Parkinson. A pesar de ello, Syngenta Group continúa fabricando el herbicida en su planta de Huddersfield, Reino Unido, y lo exporta a países de América del Sur, Asia y África. Solo en 2018, las autoridades británicas aprobaron la exportación de más de 28.000 toneladas de una mezcla a base de paraquat, según una investigación de las organizaciones Public Eye y Unearthed.
Otra sustancia muy tóxica que vende Syngenta Group en Perú se conoce como diquat, comúnmente usada para combatir las plagas que atacan las hojas de la palma aceitera. El diquat puede provocar conjuntivitis severa y parkinsonismo (problemas de movimiento) si entra en contacto con la piel y también daños renales si se emplea de forma incorrecta, varios de los riesgos a los que están altamente expuestos gran parte de los agricultores que trabajan en condiciones informales.
Además, Syngenta Group exporta el insecticida tiametoxam, vendido hasta con cinco nombres distintos en nuestro país, como lo hallamos en el reporte oficial del Senasa. Esta sustancia es uno de los ingredientes de los plaguicidas promovidos por la multinacional suiza para combatir las plagas que afectan los cultivos de arroz, tomate, soya y papa. El tiametoxam no solo mata las plagas de insectos como los gorgojos de los andes que dañan los sembríos de arroz, sino también a las colonias de abejas. Esto hizo que la Comisión Europea prohibiera su uso en 2018 a pesar de que Syngenta Group insistió en señalar que los efectos adversos de su producto eran “mínimos”.
La multinacional está relacionada a la venta de otros dos agroquímicos prohibidos en mercados europeos: ciproconazol y ciromazina. Adicionalmente, Syngenta Group es dueña de las empresas Adama Agriculture Perú y Agro Klinge registradas en Perú. La primera tiene permiso para vender linurón, un herbicida que quita la maleza en los cultivos de ajo, cebolla y piña. Sobre esta sustancia, investigadores de la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Montreal encontraron que está asociada al desarrollo de esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso central que puede causar discapacidad. En 2019, a través de un experimento en cerebros de ratones, se halló que el herbicida exacerba la inflamación del sistema nervioso.
Mientras que Agro Klinge ha registrado en el país la carbendazima, un fungicida que produce alteraciones en el sistema endocrino, responsable -en el caso de los seres humanos- de secretar las hormonas que son determinantes para el desarrollo, el metabolismo y la reproducción.
Agrolac: el insecticida clorpirifos
La empresa española Agrolac es otra de las multinacionales con una sucursal en Perú y vende el insecticida clorpirifos que está vetado en la Unión Europea desde 2020. Esta sustancia ya había sido prohibida en Estados Unidos en 2015 por las investigaciones que la relacionan con varios daños a la salud humana, como la Enfermedad del Parkinson y problemas en el desarrollo cognitivo de niños de madres expuestas a altas concentraciones de este tóxico durante el embarazo.
El clorpirifos se ha usado por décadas en fumigaciones de casas para controlar las cucarachas, pulgas y termitas, así como también para eliminar las garrapatas del ganado y las plagas de varios cultivos, entre ellos maíz, trigo, girasol y soya. Agrolac lo vende en Perú bajo el nombre comercial de Pirilac y es un insecticida de alta comercialización por su bajo precio.
“El clorpirifos está categorizado como altamente peligroso por la OMS y la FAO. Desde 2015 se intenta incluirlo en el Convenio de Estocolmo, porque reviste las características de contaminante persistente, pues tarda mucho tiempo en degradarse y puede bioacumularse”, explica Javier Souza, ingeniero agrónomo y presidente de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina.
Sin embargo, en nuestro país esta sustancia no está regulada. El Senasa, que depende del Ministerio de Agricultura y Riego, le dijo a Salud con lupa a principios de año que estaba reevaluando los plaguicidas que contienen como sustancia activa el clorpirifos, pero que hasta que no concluya ese proceso técnico “legalmente no puede adoptar una medida unilateral”.
Un sistema que no funciona
Hasta la fecha, el Senasa, que depende del Ministerio de Agricultura y Riego, no ha actualizado las normas que controlan el comercio, uso y almacenamiento de agrotóxicos para hacer más estrictos los parámetros de licencia de estos productos en el país. Menos aún ha prohibido aquellos pesticidas que ya están vetados en otros países por ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
Según el Reglamento del Sistema Nacional de plaguicidas de Uso Agrícola, vigente desde 2015, antes de admitir el registro de cualquier sustancia, el Senasa debe evaluar “si los beneficios superan a los riesgos” para su uso y manejo, lo que implica que haya pasado varios informes, como los toxicológicos y de impactos ambientales. Sin embargo, este marco regulatorio ha sido flexible con al menos 19 sustancias que ya están prohibidas en la Unión Europea.
Beatriz Salazar, investigadora del Centro de Estudios Peruanos (CEPES), señala que mientras no haya reformas en el modelo agrícola dependiente de plaguicidas, la solución más próxima está en que la Unión Europea detenga la producción y exportación de plaguicidas restringidos en su territorio. De otro modo, estos seguirán ingresando al país en forma ilegal a través de las fronteras con Ecuador o Brasil, donde también se benefician de marcos regulatorios flexibles.
“El gobierno peruano podría también presionar a los países europeos para que cumplan con los compromisos ambientales que figuran en los tratados de libre comercio. Parte de estos acuerdos incluyen el Convenio de Rotterdam, que obliga a cualquier país de la Unión Europea a comunicar al país destino los riesgos de un producto químico antes de exportarlo o informar cuando adopte medidas de prohibición o restricción”, explica Salazar. Sin embargo, este mecanismo no ha sido tan efectivo y por eso la ONU ha pedido que se agregue al convenio la lista de plaguicidas peligrosos con el propósito de detener los daños al medio ambiente y los derechos humanos de las personas más vulnerables que están expuestas a estas sustancias.
Un estudio publicado en el 2022 en la revista Nature alertó sobre el nivel de contaminación por plaguicidas en comunidades de agricultores que viven en Huancavelica, Ica, Junín y Lima. A partir de pruebas de cabello, se halló 67 sustancias activas que están presentes en insecticidas, herbicidas y fungicidas en niveles preocupantes. La investigación se hizo en 50 personas, en su mayoría trabajadores del campo de pueblos rurales. De ellos, el 35% dijo que no usaba equipo de protección personal cuando aplicaba los plaguicidas en sus tierras. Además, las personas de áreas rurales eran más propensas a consumir los alimentos cosechados directamente del campo, es decir, sin un tratamiento previo de descontaminación, lo que los expondría a un riesgo mayor, sugiere el estudio.
Países responsables de producirlos
“El problema de los agrotóxicos se encuentra en todas partes cuando se trata de la agricultura, la salud, la pérdida de especies y la contaminación del agua. Es una cuestión transversal de primer orden", dice la ingeniera agrícola Susan Haffmans, de la Red de Acción contra los Plaguicidas, que ha desempeñado un papel destacado en la elaboración del Atlas de Pesticidas 2022.
A pesar de ello, la Unión Europea sigue actuando con un doble rasero al permitir las exportaciones de agrotóxicos de sus empresas mientras prohíbe importaciones de productos agrícolas del sur con el argumento de que están recubiertos de pesticidas, alertan las investigaciones de las organizaciones no gubernamentales Unearthed y Public Eye.
“Se está dando prioridad a las ganancias de un grupo de multinacionales a expensas de las personas y del planeta”, añade Greenpeace.
Recientemente, la organización no gubernamental belga Humundi presentó una investigación realizada en nuestro país sobre la débil regulación que hay en la venta y aplicación de pesticidas. Perú es uno de los 53 mercados que recibieron, entre 2013 y 2021, 69 mil toneladas de sustancias peligrosas exportadas desde Bélgica, según su estudio. Humundi apunta con firmeza la responsabilidad que tienen Syngenta, Bayer y Basf -que han logrado extender sus operaciones en Bélgica- en los impactos ambientales. “El argumento de estas empresas es que detrás de la agricultura con pesticidas hay puestos de trabajo. Destruyen el medio ambiente, pero ellos solo priorizan el interés económico”, dice Jonas Jaccard, representante de Humundi.
En Europa, Francia y Bélgica están discutiendo seriamente poner restricciones de exportación de plaguicidas peligrosos, pero el “lobby químico” impide su avance. “Hay un decreto aprobado en Bélgica que podría empezar a aplicarse en los próximos seis meses. Pero tenemos un problema porque las empresas podrían enviar sus productos a Alemania (donde todavía no hay prohibiciones para la exportación) y desde ahí comercializarlos a otros países sin regulación”, advierte Jaccard.
Si la Unión Europea asumiera su responsabilidad en la reducción de sustancias contaminantes, se iniciarían cambios más estructurales. Actualmente, existe una iniciativa legislativa para prohibir la producción y exportación de sustancias químicas peligrosas pero se estima que será revisada por la Comisión Europea a finales de este año. A través de una consulta pública, la comisión continúa recogiendo la opinión de investigadores, empresas y organizaciones no gubernamentales interesadas. “Este es un problema que no lo puede resolver un solo país. Necesitamos reglas vinculantes y más fuertes de parte de la comunidad europea”, apunta la investigadora Beatriz Salazar sobre medidas que podrían tener un impacto en Perú.
