El bloqueo de respuestas, la negativa a dar entrevistas y el uso selectivo de los canales de comunicación no son hechos nuevos en el Ministerio de Salud (Minsa). Distintas gestiones han recurrido, en mayor o menor medida, a estas prácticas frente a investigaciones periodísticas incómodas. Sin embargo, en el último año —bajo la gestión de César Vásquez y de su sucesor, Luis Quiroz, al frente del despacho ministerial— este patrón se ha intensificado de manera sistemática contra Salud con lupa, afectando directamente nuestro ejercicio periodístico.
Desde hace meses, Salud con lupa ha solicitado entrevistas y explicaciones a distintas dependencias del Minsa para comprender decisiones públicas relacionadas con el acceso a medicamentos, compras estatales y situaciones que inciden directamente en la atención de miles de pacientes. Lejos de recibir respuestas claras y oportunas, nos encontramos con derivaciones constantes, silencios prolongados y cuestionamientos a nuestra condición de medio de comunicación.
El 28 de noviembre de 2025, el director general de Comunicaciones del Minsa, Henry Horna Pereira, cuestionó por teléfono nuestra condición de medio de comunicación. “¿Salud con lupa no es una ONG?”, preguntó. Luego señaló que no figurábamos “en su lista de medios” y que el ministerio normalmente responde a la prensa. Como única alternativa, sugirió que enviemos nuestras preguntas por mesa de partes o mediante solicitudes de acceso a la información pública, procedimientos que, en la práctica, pueden demorar semanas o no recibir respuesta.
Este episodio no fue aislado. Se produjo luego de que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) indicara que no podía responder preguntas periodísticas sin autorización expresa del Minsa y nos derivara a su Oficina General de Comunicaciones. Desde allí, nuevamente, no se brindaron respuestas.
Entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre de 2025 solicitamos entrevistas con la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid); la Dirección de Prevención y Control de Cáncer; y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). La respuesta fue reiterada: cualquier declaración debía ser autorizada por el Ministerio de Salud. Finalmente, John Castro Varillas, director ejecutivo de la Oficina de Información Pública de la Oficina General de Comunicaciones del Minsa, nos indicó que el ministerio “no tiene voceros” y que toda consulta debía canalizarse por la vía de acceso a la información pública. Así lo hicimos.
Que un ministerio asegure no tener voceros no es una práctica habitual ni razonable en una administración pública. En los hechos, se trata de una decisión política definir a qué medios se responde y a cuáles no, incluso cuando las preguntas se refieren a asuntos de evidente interés público.
Cada vez que Salud con lupa ha solicitado entrevistas como parte de investigaciones en curso, el Ministerio de Salud no ha respondido. En cambio, suele reaccionar recién cuando otros medios amplifican nuestras revelaciones y el tema ya está instalado en la agenda pública. Entonces emite comunicados, concede entrevistas o convoca conferencias de prensa como parte de una estrategia de control de daños, no necesariamente con un interés genuino en rendir cuentas.
Así ocurrió, por ejemplo, tras la denuncia sobre una bacteria hospitalaria que afectó a niños del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, o luego de investigaciones sobre compras públicas cuestionadas, como la adquisición de robots quirúrgicos, la demora en regular los cigarrillos electrónicos o la compra de mamógrafos que no fueron entregados ni instalados a tiempo. En esos casos, la respuesta institucional llegó después del impacto público, no durante el proceso de investigación, cuando el diálogo habría sido más oportuno y transparente.
En este contexto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se ha convertido en una herramienta clave, aunque insuficiente. No debería ser el único canal para obtener explicaciones ni reemplazar el deber de las autoridades de rendir cuentas de manera activa. Cuando se obliga a que toda pregunta periodística pase exclusivamente por esta vía, en lugar de responder de manera directa, el acceso a la información se vuelve más lento y el debate público se debilita.
Esta práctica perjudica el trabajo de Salud con lupa, un medio que investiga de manera permanente y rigurosa el sistema de salud, un sector complejo, altamente especializado y donde están en juego la vida y los derechos de millones de personas.
Durante el último año, Salud con lupa ha sido el único medio que ha investigado de forma sostenida decisiones, fallas y riesgos del sector, con revelaciones de claro interés público. Entre ellas, advertimos que más de 4 mil unidades de suero fisiológico contaminado de Medifarma —producto vinculado a muertes— no habían sido incautadas oportunamente; revelamos que más de cincuenta laboratorios continuaban vendiendo medicamentos en el país pese a no haber aprobado la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura; y documentamos irregularidades en la compra de robots quirúrgicos, realizada a costa de debilitar otros servicios esenciales para los pacientes. Esta última revelación fue posteriormente confirmada por la Contraloría. Ese trabajo ha hecho que nuestras investigaciones sean retomadas y citadas por otros medios, no por reconocimiento personal, sino por el rigor y la solidez de la información publicada.
En un sistema de salud atravesado por problemas estructurales, la transparencia no es opcional. Negar entrevistas, bloquear respuestas o desacreditar a un medio digital que investiga el sector no solo obstaculiza el trabajo periodístico, afecta el derecho de la ciudadanía a saber cómo se toman las decisiones públicas, cómo se gestionan los recursos y qué medidas se adoptan para proteger la salud de las personas.
El silencio institucional no es neutro. Cuando se vuelve persistente y selectivo, funciona como una forma de censura indirecta que restringe el acceso a la información pública. Señalarlo con claridad no es una reacción coyuntural, sino una responsabilidad del periodismo en democracia.
