El 5 de julio de 2024, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), más conocido como Hospital Mogrovejo, fue escenario de un avance médico. Por primera vez, y gracias al financiamiento del Seguro Integral de Salud (SIS), los médicos implantaron un neuromodulador medular: un pequeño dispositivo que bloquea las señales del dolor enviando impulsos eléctricos a la médula espinal.
El paciente beneficiado fue César Bardales, un hombre de 50 años con dolor crónico neuropático causado por fragmentos de metal alojados en su médula tras recibir varios disparos durante un asalto. Para él y su familia, este avance significaba un renacer. Pero la esperanza duró poco.
Dos semanas después de la operación, el 19 de julio, César fue sometido a una nueva intervención: el neuromodulador fue retirado sin previo aviso y, según denuncian él y su familia a Salud con lupa, nunca volvió a serle colocado. Aseguran que el dispositivo, valorizado en casi S/ 100 mil, fue implantado a otro paciente.
“Déjame revisar tu espalda… necesito sacarte las esquirlas y vuelvo con el neuroestimulador”, le dijo el doctor Jaime Saavedra, según recuerda César. Pero esa promesa nunca se cumplió. Más tarde, el mismo médico le aseguró a su madre, Sonia Solimano, que el dispositivo había sido retirado por el riesgo de una septicemia (una infección generalizada), y que mientras César recibía tratamiento, el aparato quedaría guardado en la farmacia del instituto.
Sin embargo, días después, la familia descubrió que el neuromodulador ya había sido colocado en otro paciente: un hombre de 66 años identificado con las iniciales T.R.C.L.
“Ese mismo paciente nos contó que el doctor Saavedra lo llamó por una emergencia para ponerle el aparato y que él pagó 15 mil soles por unos cables que necesitaba”, afirma Sandro Bardales, hermano de César. También denuncia que, durante la hospitalización, a César se le administraron gotas sin explicar qué medicamento era.
¿Qué dicen los protocolos médicos?
La doctora Virginia Garaycochea, vicedecana del Colegio Médico del Perú (CMP), explica que todo paciente tiene derecho a ser informado sobre su diagnóstico y los procedimientos que se le van a realizar. Y más aún si se trata del retiro de un dispositivo médico.
“El médico tiene que explicar por qué lo retira. Puede ser que el dispositivo no esté funcionando, o que esté causando un efecto adverso. Pero eso se comunica con claridad y va acompañado de un consentimiento informado, hablado y por escrito”, señala.
Cuando no hay ese consentimiento, se incurre en una falta ética y legal. La Ley de derechos de las personas usuarias de los servicios de salud establece que el paciente o su familia puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Y si se considera que hubo un acto no ético, también ante el Consejo Regional del Colegio Médico.
La madre de César asegura que presentó varias quejas ante Susalud, pero que la única respuesta recibida ha sido: “estamos investigando”.
Desde Salud con lupa consultamos a Susalud qué medidas ha tomado frente a este caso y si ha verificado en qué condiciones de salud se encuentra actualmente César Bardales. Hasta el cierre de este texto, no obtuvimos respuesta.
Un caso en manos de la Fiscalía
Durante meses, la familia pidió explicaciones al instituto. Pero tanto el entonces director, Jorge Medina, como el neurocirujano tratante —y actual director— Luis Jaime Saavedra Ramírez, ignoraron sus solicitudes.
Ante el silencio institucional, en noviembre de 2024, la madre de César denunció a los médicos ante la Tercera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima. En diciembre, el caso fue derivado al Segundo Despacho Provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, donde sigue en investigación por los presuntos delitos de negligencia médica, abuso de autoridad y actos funcionales.
El dolor de César no es pasajero. Es crónico, neuropático, y no responde a los analgésicos comunes. Está postrado en una cama, incapaz de llevar una vida sin sufrimiento.
“No es exagerado decir que mi hermano llora y grita de dolor todos los días. Ese dispositivo era su única oportunidad de volver a vivir con un mínimo de dignidad”, dice Sandro Bardales.
La situación de César también revela una falla estructural: el sistema de salud público peruano tiene enormes barreras para tratar adecuadamente el dolor crónico. Tecnologías como el neuromodulador medular —por el que la familia luchó durante dos años— están fuera del alcance de la mayoría. Su costo puede llegar a los 100 mil soles.
Mientras la investigación sigue su curso, César vive atrapado entre el dolor, la frustración y la indignación. Y su familia sigue exigiendo justicia: no solo por el retiro de un dispositivo médico, sino por lo que ese acto les arrebató —la única esperanza de aliviar una vida marcada por el sufrimiento.
Después de que la familia de César denunció su caso ante la Fiscalía, empezaron los maltratos. El 23 de abril de 2025, tras ser operado para extraer cálculos en el Hospital Cayetano Heredia, fue derivado al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. La ambulancia llegó alrededor de las 4:00 pm., pero el ingreso fue negado, a pesar de que César lloraba y gritaba de dolor.
Su familia denunció esta situación ante la Policía. Según el parte policial, el médico César Chacaltana primero alegó que no podían admitirlo por falta de equipos médicos. Luego cambió de versión y dijo que podían dejarlo en observación, mientras esperaban una evaluación. Durante esas horas, la familia también enfrentó trabas para acceder al libro de reclamaciones del instituto.
Pasaron seis horas hasta que, con la presencia de la Policía, finalmente se permitió su ingreso. Pero no a una cama hospitalaria: César fue colocado en una camilla, en el área de triaje, donde pasó las siguientes dos semanas prácticamente abandonado. Sin atención médica constante, sin analgésicos adecuados, sin condiciones mínimas.
"Yo sufro de dolores neuropáticos crónicos y ni siquiera me ayudan. Por favor, pido justicia. Sigo aquí, invisible, sufriendo. Ni siquiera me cambian los pañales, me tienen en una camilla con dolor de espalda. Mis padres tienen que traer alimentos, porque aquí no me dan", denunció César en un video grabado el 3 de mayo de 2025.
Una semana después, su madre decidió llevárselo a casa.
“Me lo voy a llevar, pero no porque yo quiera o él esté bien, sino porque acá lo van a dejar morir”, dijo Sonia, con desesperación.
Pero en casa la situación no es mejor. Hace pocos días, César sufrió una caída mientras atravesaba una crisis de dolor. Se fracturó un pie. Lo llevaron de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde fue atendido y luego dado de alta. De regreso en su hogar, intenta sobrellevar el dolor con tramadol, un analgésico que apenas le da algo de alivio.
Hoy, César sigue luchando por atención, por respeto y por una vida con dignidad. Pero para el sistema de salud, sigue siendo invisible.
Para desacreditar su testimonio, la familia de César denuncia que en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas han intentado presentarlo como un paciente psiquiátrico, señalando una supuesta adicción a la morfina. “Es perverso. Mi hermano no es un adicto, es un hombre discapacitado con un diagnóstico médico claro. Lo que quieren es silenciarlo”, afirma su hermano Sandro.
Las denuncias contra el Instituto
El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas es el principal centro de referencia del país para la atención especializada e investigación de enfermedades neurológicas. Cada año recibe a más de 70 mil pacientes en consulta externa, en su mayoría afiliados al SIS. Sin embargo, detrás de esa función clave para la salud pública, el instituto enfrenta graves deficiencias administrativas y logísticas que comprometen la calidad de sus servicios.
Uno de los casos más preocupantes fue advertido recientemente por la Contraloría. Luego de una denuncia del sindicato de trabajadores, se reveló que el resonador magnético del Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada está inoperativo desde hace más de cuatro meses. Este equipo es vital para realizar estudios de resonancia magnética, y al menos 18 pacientes al día llegan de otros establecimientos de salud esperando ser atendidos.
Según información del propio instituto, el resonador —adquirido hace 11 años— necesita una reparación valorizada en 1.2 millones de soles. Este monto recién ha sido incluido en el plan multianual de mantenimiento 2025–2027.
Pero no es el único equipo inservible. Otra irregularidad detectada es una incubadora de laboratorio que permanece en su caja desde 2019. Este aparato, esencial para mantener condiciones controladas de temperatura y humedad en cultivos celulares y análisis microbiológicos, fue comprado por 12,500 soles a la empresa Isomed. En octubre de 2021, durante la verificación de su funcionamiento, el funcionario responsable del mantenimiento no estuvo presente. Se constató que la incubadora no funcionaba, pero la empresa se negó a asumir la garantía.
“Mientras la incubadora no sea revisada ni reciba mantenimiento preventivo o correctivo, el Departamento de Laboratorio no puede utilizarla. Tampoco si el personal no ha sido capacitado en su uso”, advierte un informe interno del instituto.
A estas fallas se suma una denuncia más reciente: el caso del paciente Juan Coral. En abril de este año, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas le negó la atención médica urgente luego de que sufriera un derrame cerebral. Por falta de camas y porque se priorizó a otros pacientes, Juan Coral pasó más de tres días esperando atención en la maletera de un vehículo. Solo cuando el caso fue expuesto públicamente, el director del instituto se comunicó con la familia y finalmente fue admitido.
La gestión del instituto también ha estado marcada por decisiones cuestionadas. En febrero de 2024, el entonces director Jorge Medina Rubio nombró como jefe de la Oficina de Epidemiología al médico Jesús Félix Ramírez, quien no cumplía con los requisitos mínimos: no tenía estudios de especialización ni maestría en epidemiología. Además, ya había sido cesado en 2020 por haber alcanzado el límite de edad, con 70 años.
Desde el 3 de febrero de 2025, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas está dirigido por el neurocirujano Jaime Saavedra, nombrado por el ministro de Salud, César Vásquez. Durante su gestión se han debilitado varios servicios de salud pública, aunque él permanece en el cargo como parte de la cuota política de Alianza Para el Progreso dentro del gobierno de Dina Boluarte.
Mientras tanto, César Bardales sobrevive postrado en una cama, con dolor constante, sin el dispositivo que alguna vez le devolvió la esperanza y sin respuestas claras sobre por qué se lo retiraron. Su familia ha documentado cada detalle de esta historia, que sigue abierta y sin justicia.
Para este reportaje solicitamos los descargos del doctor Luis Jaime Saavedra. El 3 de junio de 2025 enviamos seis preguntas a través del área de prensa del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Desde dicha oficina indicaron que el doctor Saavedra respondería en un plazo de 24 horas. Sin embargo, el 5 de junio comunicaron que “por el momento no se pronunciará sobre el caso”.
