Trece farmacéuticas y cinco directores ejecutivos fueron sancionados con más de S/ 539 millones por coludirse en la venta de medicamentos al Estado. La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi determinó, en primera instancia, que entre 2006 y 2020 estas empresas coordinaron quién ganaría, en qué momento y con qué precio, 23 licitaciones convocadas por el Ministerio de Salud y EsSalud. El valor total de las ventas ascendió a S/ 6 mil millones.
Las empresas multadas son Medifarma, Laboratorios AC Farma, Distribuidora Droguería Sagitario, Laboratorios Portugal, Instituto Quimioterápico, Laboratorios Americanos, B. Braun Medical Perú, Pharmagen, OQ Pharma, Teva Perú, Laboratorios Unidos, Laboratorios Lansier y Pereda Distribuidores.
La multa más alta fue impuesta contra la empresa Medifarma: S/ 231 millones. Es el principal abastecedor del mercado y responsable de la fabricación de suero fisiológico defectuoso que afectó a al menos treinta personas y ocasionó la muerte de siete de ellas.
Laboratorios AC Farma y Distribuidora Droguería Sagitario fueron sancionados con un total de S/ 166 millones. Mientras que a Laboratorios Portugal se le impuso una multa de S/ 56 millones.
Además, cinco directores ejecutivos fueron sancionados con un total de S/ 1.4 millones por actuar como operadores del esquema: Juan Apéstegui Castro y Angélica Palomares Loayza (Medifarma); John Dowall Talavera y Nataly Llanos Torres (Laboratorios Portugal); y José Mongilardi Fuchs (Laboratorios Americanos).
La sanción ordenó la implementación obligatoria de programas de cumplimiento en libre competencia, los cuales deberán ser financiados y ejecutados por cada empresa sancionada durante cinco años.
Las prácticas colusorias se sostuvieron durante 14 años mediante negociaciones registradas en correos electrónicos, llamadas telefónicas y chats, según la investigación del Indecopi. Para ocultar su identidad, los involucrados usaron seudónimos y un lenguaje críptico diseñado para no dejar rastros.
Las farmacéuticas se asignaban entre sí qué empresa ganaría cada proceso de licitación. Acordaban quién ofrecería determinado medicamento, con qué precio y en qué momento. Para concretar estos acuerdos, presentaban ofertas artificialmente altas, dejaban desierta su participación o renunciaban a competir.
Así operaba el cártel
La Dirección Nacional de Investigación del Indecopi inició una investigación preliminar entre 2021 y 2022. En ese periodo realizó inspecciones sorpresivas en las empresas para acceder a documentos y correos electrónicos, que fueron resguardados en un software forense. Además, con autorización judicial, accedió a las comunicaciones de personas clave, y también entrevistó a ejecutivos y representantes.
La investigación identificó que el cártel se había originado en un grupo cerrado de empresas autodenominado “El Club”. Sus fundadores fueron representantes de Medifarma, AC Farma, IQ Farma e Infarmasa. Esta última fue adquirida en 2011 por la israelí Teva, que asumió las responsabilidades de la infracción.
Durante una inspección en Medifarma, el Indecopi encontró un archivo Excel (CLUB.xls), protegido con la clave “ivan”, nombre del entonces gerente general, Iván Gálvez. El documento contenía una lista de los medicamentos que el Estado iba a adquirir y detallaba qué empresas participarían en las licitaciones.
Para operar en secreto, los miembros del cártel desarrollaron un lenguaje en clave. Usaban, por ejemplo, “Argentina” para referirse a Medifarma —su sede está cerca de una avenida con ese nombre—, y “Pelado” como seudónimo del gerente de Laboratorios Americanos, en alusión a sus características físicas.
También utilizaron expresiones como “ceder” o “canjear” para indicar que una empresa debía retirarse para que otra ganara; “peleable” o “libre” para señalar que no había acuerdo y se podía competir; y “asignado” para indicar que un medicamento ya tenía una empresa designada. En los archivos hallados, las iniciales de los laboratorios asignados estaban colocadas en columnas mínimas para ocultarlas.
La revisión de correos electrónicos confirmó la coordinación entre las compañías. Entre los mensajes detectados aparecen frases como “recordar las negociaciones que se hizo con Braum para que nos dé los sueros” o referencias a acuerdos previos y a competidores excluidos. También se encontraron archivos Excel con los repartos pactados.
El Indecopi advirtió que gran parte de la información clave estaba en cuentas personales de los directivos, una estrategia para evitar la fiscalización. Aun así, sus propietarios entregaron voluntariamente la información durante las diligencias.
Además de la evidencia recopilada, el Indecopi examinó las convocatorias en las que participaron las farmacéuticas para identificar a los postores y las ofertas presentadas. Detectó que, en la mayoría de casos, las propuestas económicas se aproximaban al presupuesto fijado por la entidad convocante en las subastas inversas. Asimismo, advirtió que entre 2008 y 2015 se registró un mayor dinamismo en la contratación pública de medicamentos por parte de dichas entidades.
A nivel de grupos empresariales, se aprecia una marcada concentración en la adjudicación de medicamentos y montos entre los principales proveedores del mercado. En particular, cinco conglomerados superaron individualmente los S/ 190 millones en valor adjudicado: Medifarma, AC Farma, Laboratorios Americanos, Laboratorios Portugal e IQ Farma.
No admitieron los hechos
Las empresas sancionadas no admitieron los hechos. Desplegaron una defensa legal compleja y coordinada para atacar la investigación en dos frentes. Por un lado, argumentaron que el Indecopi cometió errores de procedimiento que invalidaban todo el caso. Por otro lado, sostuvieron que la evidencia fue malinterpretada y que sus acciones tenían explicaciones comerciales legítimas.
La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi desestimó cada uno de los cuestionamientos sobre la legalidad y validez del procedimiento administrativo sancionador.
Por ejemplo, las compañías alegaron que se violó el secreto de las comunicaciones al acceder a correos sin orden judicial; sin embargo, la ley permite a la Dirección Nacional de Investigación copiar correspondencia durante inspecciones, y la autorización judicial sólo es necesaria si la persona se niega a entregar información, lo que no ocurrió. Todo quedó registrado en actas.
En su defensa, las farmacéuticas dijeron: “no coludimos, sólo actuamos racionalmente”, y que no participaron en las convocatorias de determinados medicamentos por falta de stock o capacidad productiva, o baja rentabilidad. No obstante, las empresas contaban con registro sanitario de los productos y capacidad para competir.
