Colombia estrenó ley antivapeo, pero su cumplimiento cojea

Los usuarios de Rappi, la plataforma más usada de domicilios en el país, ya no están encontrando una publicidad que era muy usual en Colombia: cuando un comprador abría la aplicación, con frecuencia aparecía el aviso de un vapeador. En otras ocasiones, la plataforma ofrecía uno de regalo por comprar otros productos. Pero, desde el pasado 9 de mayo, eso no sucede ni en Rappi ni debería pasar en ninguna tienda, supermercado, evento o concierto. La publicidad de esos artículos —que abarca una amplia gama de productos, como cigarrillos electrónicos— quedó prohibida. También cualquier promoción y patrocinio.

Esas nuevas reglas de juego eran una de cerezas de pastel que faltaban para regular un mercado que se ha expandido entre niños y jóvenes. Aunque desde mayo de 2024, cuando fue aprobada la “ley antivapeo” (Ley 2354), ningún establecimiento podía venderles estos dispositivos, solo hasta ahora entraron en vigencia las restricciones a la publicidad, un punto que organizaciones como Red Papaz, Fundación Anáas o Corporate Accountability, creen crucial para evitar que se avecine lo que califican como una tragedia en salud. De acuerdo con el último Estudio nacional de consumo en sustancias psicoactivas en estudiantes de colegios, presentado en noviembre de 2023, el 22,7% de los alumnos entre 12 y 18 años han vapeado alguna vez en su vida. En promedio, empiezan a hacerlo a los 14 años.

Esas nuevas reglas de juego eran una de cerezas de pastel que faltaban para regular un mercado que se ha expandido entre niños y jóvenes. Aunque desde mayo de 2024, cuando fue aprobada la “ley antivapeo” (Ley 2354), ningún establecimiento podía venderles estos dispositivos, solo hasta ahora entraron en vigencia las restricciones a la publicidad, un punto que organizaciones como Red Papaz, Fundación Anáas o Corporate Accountability, creen crucial para evitar que se avecine lo que califican como una tragedia en salud. De acuerdo con el último Estudio nacional de consumo en sustancias psicoactivas en estudiantes de colegios, presentado en noviembre de 2023, el 22,7% de los alumnos entre 12 y 18 años han vapeado alguna vez en su vida. En promedio, empiezan a hacerlo a los 14 años.

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La ley también obligó a las empresas que venden estos artefactos, entre las que están GluCloud, Relx, British American Tobacco y Philip Morris, a eliminar toda la publicidad de sus páginas web y de sus redes sociales. Tampoco pueden ofrecer sus productos en las filas de conciertos, en eventos gastronómicos —como los de Bogota Eats— o a la salida de las universidades con pendones llamativos. A la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), una de las principales impulsoras de la ley, le gusta decir que es una legislación integral que pone a Colombia en un lugar especial en América Latina. Otros países, como Reino Unido, han optado por un camino más estricto: prohibir por completo los vapeadores desechables.

En el fondo, las organizaciones que impulsaron esa ley, quieren evitar que se repita la historia del cigarrillo tradicional: atajar muy tarde un problema que por décadas se salió de las manos y hoy mata a 8 millones de personas. Ya hay algunos indicios, como señalaba el Tobacco, Nicotine, and E-Cigarettes Research Report, del National Institute on Drug Abuse de EE.UU., de que algunos de los químicos presentes en el líquido de los vapeadores (propilenglicol y glicerol) causan irritación de garganta y tos.

Algo similar indican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU., que advierten que la nicotina presente en estos artefactos es muy adictiva y puede afectar el desarrollo del cerebro en los adolescentes. “Vapear no es inofensivo: produce aerosoles con sustancias tóxicas como nicotina, metales pesados, acroleína y formaldehído, y genera daño pulmonar progresivo, incluyendo EPOC, bronquiolitis obliterante y deterioro de tejidos respiratorios”, explican desde la Secretaría de Salud de Bogotá, desde donde reiteran que quienes no vapean, pero están en esos entornos, se exponen a irritación ocular, riesgo cardiovascular y cáncer.

“Trastorno relacionado con el vapeo” es como pidió en 2019 la Organización Mundial de la Salud que los sistemas sanitarios clasificaran los casos de posibles enfermedades asociadas a los “dispositivos vaporizadores”. En Colombia, un estudio reportó 245 de esos casos entre enero de 2020 y julio de 2022. También 59 fallecimientos asociados, sobre los que los autores pedían más investigación.

Pero la pregunta que se hacen quienes impulsaron esa ley es si ahora, que las reglas están más claras para ese mercado (y que incluye no vapear en oficinas, restaurantes ni colegios y que los paquetes tengan advertencias sobre sus riesgos similares a las de los cigarrillos), Colombia empezó con el pie derecho. Ni la congresista Norma Hurtado, ni Carlos Jiménez, experto en Proyectos de Incidencia de Red Papaz, ni Blanca Llorente, de Fundación Anáas, todos defensores de la iniciativa, niegan que es un gran paso, pero saben que las grietas están en los detalles.

El desafío de las ventas informales

La carrera Séptima es una de las avenidas más emblemáticas de Bogotá. Atraviesa la ciudad de sur a norte y sobre ella hay varias universidades, por los lados de la localidad de Chapinero. Sobre sus aceras y sobre las calles que conectan a instituciones como la Universidad Distrital, la Universidad Javeriana o la Universidad La Gran Colombia, se suelen ubicar vendedores ambulantes. A su amplia oferta de chocolates y golosinas, algunos han añadido algo de mayor valor: vapeadores de Philip Morris, uno de los pesos pesados de las tabacaleras.

Desde hace tres meses en el país no debería haber vallas publicitarias ni promoción de vapeadores. /Gustavo TorrijosFoto: Gustavo Torrijos

Quienes los venden, los exhiben de la misma forma: dentro de una caja plateada donde hay un vapeador de la marca VEEV y una presentación de TEREA (unas barritas de tabaco que se usan en otro dispositivo de la compañía). Le preguntamos a siete vendedores dónde adquirían esos productos y todos coincidieron en su respuesta: “nos lo reparte Coltabaco”, la empresa colombiana adquirida en 2005 por Philip Morris.

La compañía no niega que tenga una relación con este grupo de vendedores y dicen que, luego de que se emitió la “ley antivapeo”, lanzaron una “campaña educativa dirigida a los comerciantes y puntos de venta sobre las nuevas disposiciones, destacando especialmente la prohibición de ventas a menores de edad”. Con ese programa, aseguran, han llegado a “más de 102.000 puntos de venta”, entre los que hay vendedores ambulantes que comercializan sus dispositivos. Les han distribuido “materiales educativos” con “pedagogía, sensibilización y explicación” de las implicaciones de no cumplir la ley y de la prohibición de publicidad y promoción que hay ahora en Colombia.

Sin embargo, al menos a los vendedores que preguntamos, solo uno —que también vende productos de British American Tobacco— dijo haber recibido algún tipo de capacitación.

British American Tobacco también reconoce que tienen una relación con quienes están al frente de algunos de esos espacios de ventas ambulantes. Desde la empresa aseguran que “son un canal de comercialización que recibe los mismos lineamientos de capacitación y seguimiento a la regulación que el resto de los aliados comerciales”. Además, afirman que desde mayo del 2024, cuando se promulgó la ley, establecieron un “plan de relacionamiento y educación para que ellos entendieran y la aplicaran”.

Blanca Llorente, directora de investigación de la Fundación Anáas, sospechaba que ese mercado informal sería uno de los desafíos a los que se enfrentaría el país cuando entrara en vigencia la “ley antivapeo”. Vigilar si allí no venden esos productos a menores de edad es, a sus ojos, una fantasía. Allí, cada unidad de un VEEP de 1.100 caladas vale $35.000, es decir, $5.000 más que en una tienda de cadena como OXXO.

Publicidad en almacenes de cadena… ¿O no?

Hay varios OXXO en este tramo de la carrera Séptima que reúne a universidades. Para ser precisos, diez entre las calles 34 y 52, y entre la Séptima y la Caracas (carrera 14). Las ONG que han promovido una regulación estricta para los vapeadores prefieren ser prudentes a la hora de referirse a establecimientos comerciales, pero les parece que no está bien lo que sucede en almacenes como OXXO. En todos hay una gran vitrina con una amplia diversidad de esos dispositivos. Tienen diferentes marcas, sabores, tamaños y colores.

Tanto a Llorente y Jiménez, como a Daniel Dorado, de Corporate Accountability, no les hace mucha gracia que esos productos se exhiban de esa manera, al alcance de cualquier comprador. Coinciden en que no deberían estar expuestos en esos puntos de venta, pues, a su parecer, hacerlo es parte de la publicidad y promoción que fue prohibida por la ley. Tampoco les parece nada bien que las bolsas de nicotina, que tienen diferentes sabores y se ponen entre la encía y el labio superior, estén junto a productos como las galletas, a los ojos de todos. “Eso es presentarlos de manera muy atractiva”, insiste Llorente.

Al trasladarle a OXXO esas inquietudes, responden que en sus almacenes no realizan “ningún tipo de publicidad ni promoción de productos derivados del tabaco, sucedáneos o imitadores” ni de cigarrillos electrónicos o vapeadores. “La exhibición y venta de estos productos se lleva a cabo en estricto cumplimiento del marco legal, ofreciendo información clara, veraz, suficiente y oportuna, y siempre con el compromiso firme de proteger los derechos de la población no fumadora”, señalan.

Dicen, además, que exhibir productos como bolsas de nicotina no está prohibido por la ley y que están comprometidos con su cumplimiento y con la salud. Reiteran que, por ningún motivo, los menores compran productos con nicotina en sus almacenes.

En la discusión sobre exhibición versus promoción, la industria tiene una posición diferente a las de las organizaciones que critican la manera como se exhiben estos productos en OXXO. “El comerciante tiene derecho a mostrar los productos que ofrece, y el consumidor tiene derecho a ver cuáles productos se encuentran disponibles y a diferenciar entre unos y otros. La publicidad es el anuncio de las marcas, los productos o sus atributos, mientras que la promoción es dar al consumidor un incentivo para impulsar la compra”, responden desde la British American Tobacco.

Desde RELX, una popular marca de vapeadores, Andrés Ucross dice que hay una “clara diferencia entre exhibir y promocionar” sus productos. Argumenta que promocionar implica una “acción directa o indirecta orientada a incentivar el consumo, mejorar la imagen del producto e inducir en las decisiones de compra”. Exhibir, en su opinión, es algo distinto. “Se refiere a la simple visibilidad del producto en el punto de venta”. Aunque señalan que si bien los “elementos visuales llamativos (como luces o colores intensos) pueden considerarse una “forma de promoción indirecta”, también aseguran que con la exhibición cumplen con la obligación legal que tienen las empresas de “ofrecer información clara, veraz, suficiente y oportuna sobre los productos que comercializan”. Sin embargo, son claros: “La exhibición es legal si es funcional, neutra y cumple fines informativos”.

En el caso de OXXO, para organizaciones como la Fundación Anáas, la exhibición está lejos de ser neutra. Aunque esa cadena nos explicó que sus trabajadores han sido capacitados para cumplir la “ley antitabaco” y que “esa formación incluye una comprensión detallada de las restricciones sobre la venta, exhibición y publicidad de productos con nicotina”, de los tres a los que les hicimos preguntas (de diferentes locales) sobre la manera de exponer el producto, uno dijo que lo único que había cambiado era los avisos de advertencia en las cajetillas. Los otros dos coincidieron en que, en teoría, solo debían quitar de los mostradores los productos con más nicotina, pero no sabían cuáles eran.

Otro camino muy diferente han elegido almacenes como Carulla, en donde la presentación de los vapeadores es mucho más neutra y sin colores llamativos ni artefactos a la vista de los compradores. Solo hay una “caja” negra con el nombre del dispositivo y el precio.

El debate sobre exhibir versus promocionar no es nuevo. Como recuerda Dorado, de Corporate Accountability, la discusión desembocó en una demanda que está a la espera de ser resuelta. En ella, algunas ONG demandaron unas circulares de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en las que permitía la exhibición de productos de tabaco. Mientras el Consejo de Estado toma una decisión, suspendió esas circulares, pues a su criterio, iban en contravía del convenio global más importante sobre el control del tabaco (que entró en vigor en Colombia en 2008). Entre tanto, es una zona gris que permanece llena de colores y sabores.

Por lo pronto, los fabricantes de esa amplia baraja de productos, que promueven el enfoque de “reducción del daño” (que defiende que vapear es menos nocivo que fumar y que estos artefactos son una opción para dejar el cigarrillo convencional), dicen que están cumpliendo la ley al pie de la letra y que los cambios han implicado esfuerzos en sus compañías. “Todas y cada una de las empresas que hacen parte de Alterpro están cumpliendo todos los requisitos de la ley”, asegura José David Riveros, representante de esa asociación que reúne a las principales casas del gremio, entre ellas British American Tobacco, Inversiones GLU Cloud, Relx International y Philip Morris International (o Coltabaco).

“Reforzamos mucho más la capacitación y educación a nuestros empleados y los comercios aliados para entender al detalle la norma. La inversión de recursos financieros y humanos ha sido importante”, complementan desde British American Tobacco. “Hemos invertido en adecuaciones regulatorias, rediseño de empaques, actualización de etiquetas y fortalecimiento de nuestra trazabilidad”, dice, por su parte, Andrés Ucrós Maldonado, director de Asuntos Externos para Las Américas de Relx. Advierte que están haciendo campañas de prohibición de venta a menores con establecimientos como OXXO, “que para la industria es muy importante; son unas tiendas de distribución fuertes”.

16 multas en 13 años

Hay otra cosa que les disgusta a las organizaciones que promueven espacios libres de publicidad de vapeo: el papel que ha jugado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), encargada de imponer sanciones a las compañías que incumplan tanto la ley que reguló la venta de cigarrillos como la de antivapeo.

“Una investigación puede durar una semana o extenderse por más de dos años”, afirma Daniel Dorado, de Corporate Accountability. Cuenta que la gran mayoría de las denuncias presentadas por la sociedad civil han superado los dos años y, en muchos casos, han terminado archivadas. “Me inquieta que no haya claridad sobre cuánto más pueden extenderse las indagaciones, ni certezas sobre si la SIC cumplirá efectivamente su rol de fiscalización”. Para él, cuando se aprobó en 2009 la “ley antitabaco” su implementación estuvo llena de dilaciones y la SIC no cumplió muy bien su tarea.

En su defensa, esa entidad argumenta que esos procesos pueden extenderse porque son casos complejos, en los que hay muchos actores. Pide tener en cuenta que la oficina encarga de sacarlos adelante —la Delegatura para la Protección del Consumidor— investiga a otros sectores como turismo, el comercio electrónico o productos de consumo masivo. Es decir, no les alcanzan las manos.

Pero, ¿ha habido sanciones a empresas que comercializan productos de tabaco o vapeadores? Las cifras que nos compartió la SIC muestran que, desde 2013, han impuesto 16 multas. La empresa con mayores sanciones es British American Tobacco Colombia S.A.S., que recibió cuatro: en julio de 2013 tuvo una por $147.375.000; en enero de 2015, otra por $161.087.500; en junio de 2017, una más por $368.858.500, y en octubre de 2023, otra por $1.244.680.000. Todas han estado relacionadas con información y publicidad engañosa.

En la lista de mayores sanciones, le sigue Inversiones Glu Cloud S.A.S., multada en diciembre de 2023 con $1.002.240.000 por “información engañosa, publicidad de productos nocivos, incumplimiento de obligaciones en comercio electrónico y falta de protección a menores de edad”. Le sigue JT International Colombia S.A.S., sancionada en julio de 2020 con $438.901.500 por información y publicidad engañosa, y Lifetech S.A.S., que en octubre de 2023 tuvo una multa por $232.000.000 por motivos similares..

Por esa misma razón, la SIC también ha multado a Almacenes Éxito S.A. (en enero y octubre de 2013), a Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. (en junio de 2013), a la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. (en diciembre de 2013) y a la Cadena Comercial Oxxo Colombia S.A.S. A esta última le impuso una multa de $5.000.000 por “promoción de productos de tabaco”.

Con las nuevas reglas de juego que hay en el país, desde Red Papaz piden que la SIC funcione con un poco más de eficiencia. De hecho, le están compartiendo las denuncias que recogen a través de una página web que crearon llamada “Te Protejo”. En ella —que se puede descargar como aplicación— cualquier ciudadano puede informar sobre establecimientos donde haya una práctica que esté en contravía de la ley.

La SIC asegura que, para hacer cumplir la “ley antivapeo”, ya tiene en marcha una estrategia para identificar posibles incumplimientos, basada en “visitas administrativas a páginas web (ya ha hecho 17) y establecimientos de comercio, así como el envío de requerimientos de información”. Entre junio y julio, indican, remitieron 231 comunicaciones a establecimientos en Bogotá para que se abstengan de exhibir publicidad o promoción de productos de tabaco. Para agosto y septiembre esperan visitar presencialmente 50 establecimientos para verificar si se cumple o no la ley.

Dorado espera que esta vez no suceda lo que, a sus ojos, ha pasado en años anteriores: “En cada violación que hay de la ley que sociedad civil ha puesto a conocimiento de las autoridades, hay una total desconexión entre los criterios del Ministerio de Salud y la SIC”.

Pedagogía, a medias

Tanto a Llorente como a Jiménez le parece que hay algo que tampoco está marchando bien con el Minsalud. Pese a que la ley le ordenaba diseñar e implementar estrategias y campañas educativas sobre los potenciales efectos y riesgos para la salud del uso de vapeadores, ni ella, ni sus colegas han detectado que la cartera que dirige Guillermo Alfonso Jaramillo esté cumpliendo esa orden.

Al revisar las cuentas de Instagram, de X y de Facebook del Ministerio es difícil hallar una mención a la “ley antivapeo” o una muestra por divulgar información sobre las implicaciones de consumir estos artefactos desde mayo de 2024 (a excepción de esta, en la que invita a no consumir vapeadores para tener una vida saludable). Desde esa cartera dicen que en este momento están trabajando en “el diseño de una estrategia de comunicaciones para la población general, con un enfoque particular hacia adultos, jóvenes y adolescentes”.

A la hora de hablar de pedagogía, el Minsalud asegura que han llevado a cabo otras acciones: dos jornadas en un espacio institucional llamado “Diálogos de saberes”, donde divulgan estudios, investigaciones y lineamientos de política pública, en compañía con la academia y las sociedades científicas. Así mismo, responden, están planeando dos webinars “dirigidos a psico-orientadores y docentes”. Esperan realizarlos en septiembre y octubre.

Mientras que avanzan en la pedagogía para acercar a los ciudadanos las restricciones y riesgos de vapear, han impulsado otras acciones, aseguran: la actualización de “las directrices para implementar el programa nacional de cesación” en clínicas, hospitales y demás centros de salud; una resolución de abril de este año, que muestra cómo deben ser las señales para los ambientes 100% libres de humo de tabaco y de aerosoles de vapeadores, y la expedición de las advertencias sanitarias que se ven ahora en los empaques de estos dispositivos. Han examinado, puntualizan, 2.156 simulaciones de empaquetado y etiquetado de productos de tabaco y sus derivados. También, han “realizado dos jornadas de desarrollo de capacidades en fiscalización sanitaria” a las secretarías de Salud y “diez jornadas de desarrollo de capacidades enfocadas en informar y comunicar a la población sobre los riesgos del consumo”.

La que sí se ha puesto las pilas con la pedagogía es la Secretaría de Salud de Bogotá, que, como dijo a El Espectador, aún no ha recibido ninguna circular oficial desde el Ministerio y está a la espera de lineamientos formales sobre vigilancia. A pesar de ello, aseguran, la Secretaría “participa en espacios de asistencia técnica del Ministerio de Salud para guiar la implementación de la ley en Bogotá”.

También ha impulsado prácticas educativas como “Desvapea Tu Mente” —a finales de mayo—, “orientadas a romper los mitos del vapeo y a desenmascarar las estrategias de seducción de la industria”. Combinan “formación crítica en escolares, contenidos sobre salud mental y afectaciones neurocognitivas”. De acuerdo con sus cifras, han ejecutado más de 9.000 intervenciones para sensibilizar a los habitantes de la capital.

Medellín, por otra parte, conoció este diario, está a punto de sacar un decreto para aterrizar la ley a su ciudad. Además, lanzó la estrategia “Libres para… ”, que incluye la instalación de señales que indican que no se puede fumar, ni vapear, ni usar cigarrillos electrónicos en los alrededores de 230 instituciones educativas públicas, 245 privadas y 50 universidades.

Lo que aún no está claro para nadie es cómo hacer para garantizar que no se vapee en los espacios en los que está restringido hacerlo. Llorente sabe que es difícil, pero dice que hay que tener paciencia para que estos cambios empiecen a darse. Ya hay algunas universidades, por ejemplo, como la de Los Andes, la Javeriana o la Eafit que se declararon como “libres de humo y vapeo”.

Días antes de publicar este artículo recorrimos una de ellas. En menos de una hora, vimos a siete jóvenes sacando el vapeador de su bolsillo y llevándoselo a la boca en los pasillos que conectan los salones de clase.