Desde el dron, el dique se distingue con claridad. Cruza el cauce del río Chira como una cicatriz de tierra y piedras, a la altura del centro poblado de Macacará, en Piura, una de las regiones más áridas del norte del Perú, donde el agua es un recurso cada vez más disputado. Agroaurora, empresa del Grupo Gloria, lo levantó allí y, más de un año después, sigue en el mismo lugar, pese a dos resoluciones administrativas y una sentencia judicial que ordenan retirarlo.
Durante la sequía de 2024 que se extendió hasta inicios de 2025 —la más severa que ha vivido la región en los últimos años—, comuneros de la comunidad campesina de Miramar–Vichayal, una de las más golpeadas por la escasez de agua, intentaron derribarlo hasta seis veces, con palas, picos y maquinaria pesada. Cada vez que lo hicieron, la empresa volvió a reconstruirlo.
Para los comuneros, el dique hizo visible lo que la escasez ya venía anunciando. La poca agua que alcanzaba a llegar al Bajo Piura se quedaba retenida, sin seguir su curso natural. Para Agroaurora, en cambio, esa misma estructura era —y sigue siendo— una pieza importante de su sistema de captación, un seguro frente a las sequías y una forma directa de asegurarse el agua que alimenta sus extensos campos en la región.
En el valle del Chira, la disputa por el agua no se da entre iguales.
Ese desequilibrio se repite en toda la región Piura. Existen más de 260 mil hectáreas bajo licencias de riego, pero apenas 50 usuarios —en su mayoría grandes compañías agroindustriales y agroexportadoras— concentran más de 64 mil. Entre ellos, Agroaurora destaca con claridad: es la empresa con mayor superficie autorizada, con 10,700 hectáreas distribuidas en 71 licencias otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Quienes estaban al frente de la comunidad en esos meses vivieron el conflicto como un enfrentamiento directo contra el poder. José Ramírez, quien presidía entonces la comunidad campesina de Miramar–Vichayal, recuerda cómo el dique reaparecía cada vez que los comuneros intentaban derribarlo.
—Lo rompíamos y ellos lo volvían a levantar. Cuando se trata de los grandes, las resoluciones no se cumplen. A nosotros nos miran como si no valiésemos nada.
En los campos, el impacto fue inmediato. Luis Abarca, exvicepresidente de la comunidad campesina de Miramar–Vichayal, habla de hectáreas perdidas, animales enfermos y familias que aún no logran recuperarse.
—Todo fue un caos. Si vuelve a haber otra sequía y el gobierno no nos apoya, la pobreza va a crecer aquí, porque todavía no nos recuperamos.
El dique está a pocos metros de la Estación de Bombeo Macacará, una infraestructura que Agroaurora utiliza para captar agua del río y trasladarla hacia dos reservorios ubicados en la parte alta de sus terrenos. Desde allí, según la propia compañía, riegan sus campos de caña de azúcar mediante un sistema de goteo.
El conflicto se arrastra desde hace casi cinco años y solo se volvió inocultable cuando dejaron de llegar las lluvias. En todo ese tiempo, ninguna de las instituciones encargadas de regular y administrar el agua ha logrado que Agroaurora retire el dique.
En 2021, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chira alertó a la Autoridad Nacional del Agua sobre una estructura que bloqueaba el cauce del río. Al llegar a Macacará, los inspectores encontraron un muro de tierra y piedras levantado directamente en el lecho del Chira. Un año después, en julio de 2022, la ANA sancionó a Agroaurora —responsable de la obra— con una multa de S/ 13,800 y le ordenó desmontarla. La sanción era mínima frente a los más de 64 millones de dólares que la empresa exportó ese mismo año en etanol y alcohol metílico, según Infotrade, el portal del Estado que reúne estadísticas oficiales de comercio exterior.
Agroaurora apeló. En abril de 2023, el Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas confirmó tanto la sanción como la orden de retirar el dique. La empresa volvió a insistir, esta vez por la vía judicial, y demandó a la ANA. Pero en diciembre de 2024, en plena emergencia hídrica en Piura, la Corte Superior de Lima también rechazó su pedido. Tres instancias, tres decisiones, un mismo mandato: retirar el dique. Ninguna fue suficiente para que la empresa lo cumpliera.
Agroaurora sostiene que no puede retirar el dique porque el caso “se encuentra actualmente en proceso judicial” y que, por ese motivo, la estructura no puede ser “modificada o retirada por ella o terceros”. Esa es la posición que la empresa envió por escrito a Salud con lupa para esta investigación.
Se refiere a la apelación que presentó el 30 de diciembre de 2024, pocos días después de recibir una sentencia desfavorable, ante el Octavo Juzgado Permanente de Lima, un proceso que sigue en trámite y que aún podría llegar a la Corte Suprema y, en última instancia, al Tribunal Constitucional.
En ese mismo documento, Agroaurora expone su principal línea de defensa: sostiene que el dique contaría con permisos heredados de Maple Etanol, la empresa que adquirió en 2015. Según su demanda, esos permisos habrían sido otorgados en 2008 por el entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la entidad que gestionaba el agua antes de la creación de la Autoridad Nacional del Agua.
La empresa sostiene que los estudios aprobados ese año contemplaban la eventual construcción de “pequeños diques rústicos”. También afirma que en 2009 la Autoridad Local del Agua Chira (ALA–Chira) autorizó obras definitivas en la Estación de Bombeo Macacará —ubicada a pocos metros del dique—, y que eso validaría la existencia de esta estructura.
Pero esa interpretación no fue aceptada por el Estado. Ante la Corte Superior de Lima, el procurador público del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en representación de la Autoridad Nacional del Agua, sostuvo que la resolución de la ALA–Chira de 2009 no autoriza modificaciones en el curso del río ni la construcción de diques u otras infraestructuras destinadas a represar el agua.
Lucía Ruiz, exministra del Ambiente y expresidenta del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la ANA, ve en el caso de Agroaurora algo más que un conflicto puntual. Para ella, deja al descubierto un problema estructural. Las sanciones se extienden durante años y el Estado tiene pocas herramientas reales para hacerlas cumplir.
En situaciones como esta, explica, cuando la orden es que la propia empresa retire una infraestructura, la medida termina funcionando también como un escudo para los funcionarios.
—Hay que ponerse en los zapatos de ese funcionario al que le dicen: “Ejecuta la demolición”. Y él responde: “¿Con qué recursos?” No estamos hablando de grandes oficinas legales, sino de trabajadores que ganan alrededor de tres mil soles y pueden pasar diez años atrapados en un proceso judicial.
Ruiz añade que el sistema sancionador tampoco desincentiva realmente estas conductas.
Hoy, las multas leves o graves van de S/ 10,700 a S/ 26,750 (entre 2 y 5 UIT). Solo las muy graves pueden alcanzar montos mayores, de hasta S/ 53 millones (10,000 UIT), cifras que recién podrían incomodar a una empresa con amplio respaldo financiero.
—Si alguien tiene las espaldas para pagarlas, puede hacerlo sin problemas —dice—. Pero si después de dos años recién se retira el dique, toda la ganancia que la empresa obtuvo en ese tiempo no entra en la sanción. Cada día que ese dique sigue ahí, la empresa continúa haciendo negocio.
El caso de Agroaurora no solo muestra su enorme poder sobre el agua. También deja ver otro impacto que se repite en el territorio y que las comunidades vienen denunciando desde hace años: la quema de campos agroindustriales.
En el Bajo Piura —donde se ubican centros poblados como Viviate, El Portón, Nomara, Nueva Esperanza o Miraflores— estas quemas han marcado la vida cotidiana. Cuando ocurren, el humo avanza hacia las zonas habitadas y las cenizas se depositan sobre calles, viviendas e instituciones públicas. Respirar se vuelve difícil. Los más afectados suelen ser niños, personas mayores y quienes ya tienen problemas de salud.
El 23 de septiembre de 2025, por ejemplo, un equipo de Salud con lupa fue testigo de uno de estos episodios en Viviate. Por momentos, el humo borraba el cielo. El calor —ya intenso— parecía concentrarse aún más en el ambiente. Vecinos y reportes ciudadanos vincularon ese episodio con un incendio ocurrido ese mismo día en los campos de Agroaurora. No fue un hecho aislado.
Un mes después, el 27 de octubre de 2025, otro incendio en tierras de la compañía volvió a cubrir de humo y cenizas varios pueblos del Bajo Piura. Según registros visuales de vecinos y un documento enviado por la alcaldesa de Viviate, Andrea Talledo, al congresista Guido Bellido, el impacto alcanzó a El Portón, Nomara, Nueva Esperanza, Miraflores, Fátima, 31 de Octubre, Santa Rosa y Macacará.
Agroaurora sostuvo que el incendio del 27 de octubre no fue una quema programada, sino un accidente. En una respuesta enviada a Salud con lupa, la empresa afirmó que una maquinaria usada durante la cosecha habría provocado el fuego, que afectó 300 hectáreas de caña y 700 hectáreas de broza —residuos del cultivo ya explotado—. Añadió que activó su protocolo de Relaciones Comunitarias y que coordinó con autoridades locales la limpieza de las zonas afectadas entre el 28 y el 30 de octubre.
La compañía asegura que desde 2021 ya no utiliza la quema como práctica agrícola y que toda su cosecha se realiza “en verde”, es decir, sin prender fuego al cultivo. Sin embargo, los episodios no han desaparecido.
Y su historial reciente mantiene abiertas las dudas.
Entre 2020 y 2023, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó a Agroaurora en cinco ocasiones, tres de ellas por quemas ocurridas entre 2019 y 2021. La multa más alta se impuso tras una inspección realizada entre el 12 y el 14 de octubre de 2021, cuando se comprobó que la empresa no había implementado medidas para controlar la dispersión de cenizas, afectando a cinco centros poblados: Miguel Checa, Viviate, 31 de Octubre, Sojo y Jibito. En ese caso, la sanción fue de S/ 385,550. En 2019 ya había sido multada por el mismo motivo, con S/ 16,340. En conjunto, las cinco sanciones superan los S/ 1.6 millones.
Agroaurora no es la única gran empresa con amplias licencias de agua en Piura. En el valle del Chira y en otras zonas de la región, varias agroindustrias concentran miles de hectáreas bajo riego y mantienen disputas abiertas con comunidades por el uso del agua.
Caso Agrícola del Chira: Tamarindo y el predio con agua
En la provincia costera de Paita, al oeste de Piura, Lorenzo Rondoy, expresidente de la comunidad campesina de Tamarindo, se detiene justo en la línea que separa los terrenos de su comunidad —secos, sin cultivar— de las extensas hectáreas de caña de Agrícola del Chira, empresa del Grupo Romero. La diferencia entre un lado y otro, dice, es una sola: el acceso al agua.
Rondoy cuenta que cuando se construyó el canal Miguel Checa —uno de los que salen del reservorio de Poechos, el más grande del Perú y el que regula el abastecimiento para toda la región— el agua llegó a su comunidad solo el día de la inauguración. Después, el canal quedó seco. Desde entonces, viven entre expedientes y negativas. La Autoridad Nacional del Agua les rechazó una licencia porque no podían probar que hubiera disponibilidad hídrica en la parte alta de Poechos.
—¿Cómo vamos a probarlo si ni el propio Proyecto Especial Chira Piura sabe cuánta agua hay? —reclama.
Tiempo después, consiguieron financiamiento para traer agua desde el Canal Norte. Pero el proyecto tampoco fue aprobado: no tenían licencia de uso de agua superficial.
—Entonces, ANA, Midagri, ¿cómo quieren que desarrollemos nuestra agricultura si nos ponen estas trabas? Llevamos más de 30 años peleando por el agua en esta zona y siempre estamos siendo marginados —dice Rondoy.
El contraste está a pocos metros. Agrícola del Chira —parte del conglomerado Caña Brava, del Grupo Romero, que recientemente vendió el 80 % de sus acciones a la empresa guatemalteca Ingenio Magdalena— mantiene 9,400 hectáreas sembradas en Piura y posee 149 licencias de uso de agua superficial, el mayor número en toda la región. Estas le autorizan a utilizar hasta más de 42.8 millones de metros cúbicos de agua al año.
La diferencia se vuelve todavía más visible frente a Tamarindo. Mientras las 600 hectáreas de la comunidad siguen sin cultivarse, al otro lado se extiende La Macarena, un terreno sembrado de caña por Agrícola del Chira, contiguo al fundo Montelima, también de la empresa. Este predio, de 451 hectáreas, fue entregado en 1985 al Comité de Damnificados La Macarena como compensación por los daños del fenómeno de El Niño de 1982–1983, pero hoy es utilizado por la compañía bajo un convenio.
El terreno de La Macarena fue lo que llevó a Lorenzo Rondoy a pasar de la queja a la denuncia. Ver cómo el agua llegaba sin problemas a esos campos, mientras su comunidad seguía seca, lo empujó a investigar. En abril de 2024 acudió a la Autoridad Local del Agua Chira para que se indagara el uso de agua en ese predio.
Según el testimonio del comunero y datos corroborados por Salud con lupa para este reportaje, Agrícola del Chira usa agua superficial sin contar con una licencia específica para La Macarena. Las autorizaciones que posee la empresa corresponden a otros predios, mientras que el Comité de Damnificados La Macarena no tiene una licencia vigente para su propia parcela.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, la licencia de uso de agua es el documento que autoriza a una persona o empresa a emplear un volumen determinado cada año y define su distribución mensual. Solo con esa licencia se puede acceder al riego, pagar la tarifa correspondiente y usar la infraestructura hidráulica administrada por las juntas de usuarios. Sin una licencia específica para un predio, no está permitido utilizar agua.
El artículo 277 del reglamento establece que “usar, represar o desviar las aguas sin el correspondiente derecho de uso de agua o autorización de la Autoridad Nacional del Agua” constituye una infracción grave.
En su respuesta a Salud con lupa, Agrícola del Chira no precisó qué licencia de agua superficial utiliza para el predio La Macarena. La empresa afirmó que el agua destinada al riego de ese terreno es pagada al Estado peruano y que no existe ni ha existido perjuicio económico por este uso. También aseguró que no tiene ninguna sanción ni procedimiento administrativo vinculado a ese predio.
Sin embargo, no existe una licencia de uso de agua superficial otorgada específicamente para La Macarena. En el Observatorio del Agua de la Autoridad Nacional del Agua —la plataforma pública que reúne información oficial sobre derechos de uso de agua— no figura ninguna asociada a ese terreno, aunque sí otras a nombre de Agrícola del Chira en zonas cercanas.
En junio de 2008, el entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) otorgó a Agrícola del Chira seis licencias de uso de agua superficial, vinculadas a seis predios que suman 2,367 hectáreas y más de 23.6 millones de metros cúbicos anuales como volumen máximo autorizado. Ninguna de esas licencias menciona el predio La Macarena.
Años después, en julio de 2019, la Autoridad Nacional del Agua modificó una de esas licencias —la correspondiente al predio T-16d— para asignar parte del uso a fines industriales a Sucroalcolera del Chira S.A., empresa del mismo conglomerado Caña Brava, y mantener el resto para uso agrícola de Agrícola del Chira. Tampoco en esa resolución aparece referido el predio La Macarena.
En otro tramo de su respuesta, Agrícola del Chira afirmó que su relación con el Comité de Damnificados La Macarena siempre ha sido “sana y estable”, y que, como entidades privadas, ambas tienen libertad para establecer vínculos sociales y comerciales sin que ello justifique la intervención de terceros. También cuestionó la denuncia de Rondoy, al señalar que él no forma parte de ese comité.
La denuncia, sin embargo, apunta precisamente al interior del Comité de Damnificados La Macarena, propietario formal del predio. Según Rondoy, la empresa habría ganado influencia dentro de la organización para favorecer luego el uso del terreno.
De acuerdo con documentos presentados por él, de los 55 asociados originales hoy solo se mantienen 25. Once integran la junta directiva, con poder para decidir sobre la venta o aprovechamiento del predio. Entre ellos figuran Luis Sipión y José Jiménez, identificados como trabajadores de Agrícola del Chira. Desde 2023, Jiménez preside la junta directiva y Sipión ocupa la vicepresidencia. Antes, en 2018, ambos ya habían encabezado la directiva, con los cargos invertidos.
Salud con lupa verificó un vínculo formal entre ambos y la empresa. En una visita oficial a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura realizada en 2022, Sipión y Jiménez aparecen como representantes de Agrícola del Chira en el portal de transparencia del Ministerio de Cultura. En el caso de Sipión, su perfil de LinkedIn lo identifica además como coordinador de sostenibilidad hídrica y agrícola de la compañía.
Mientras tanto, el predio La Macarena sigue involucrado en un proceso judicial que, desde 2011, impide cualquier operación de venta. Ese año, el Juzgado Especializado Civil de Paita dictó una medida cautelar de no innovar, a pedido de Julia Carmela Montori, para que el terreno no pueda ser vendido ni transferido mientras se resuelve una demanda por su propiedad, presentada contra el Comité de Damnificados La Macarena, la Empresa Irrigadora Orión S.R.L. y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
En ese contexto, Agrícola del Chira mantiene en producción cientos de hectáreas que no puede adquirir formalmente.
En la arena, Lorenzo Rondoy y los comuneros de Tamarindo siguen preguntándose cuándo llegará el agua.
—Si permiten que Agrícola del Chira use agua para regar estas tierras, ¿por qué no le dan agua a nuestra comunidad? —dice—. Ese es el problema.
La apuesta por el agua subterránea
La última sequía no borró los conflictos por el agua entre comunidades y grandes empresas. Los dejó expuestos y, al mismo tiempo, empujó otra pregunta que hoy recorre los valles: de dónde sacar agua cuando la superficie ya no alcanza.
La crisis de 2024 y comienzos de 2025 no solo vació canales y reservorios. Empujó también una búsqueda que empieza a marcar el territorio. La de agua bajo tierra. Durante la emergencia hídrica declarada en 34 distritos, el gobierno anunció como respuesta la rehabilitación de pozos, la construcción de nuevos “de manera inmediata” y la compra de maquinaria para perforar.
La Autoridad Nacional del Agua también habilitó medidas excepcionales. Permitió extraer más agua subterránea, profundizar pozos ya existentes y transferir agua entre titulares de licencias. En los papeles, se abrían nuevas fuentes. En el territorio, muchos pequeños agricultores sintieron que esas salidas no se convertían en soluciones reales.
Para José Miguel Panta, integrante de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Margen Derecha del río Chira, los anuncios no pasaron de eso.
—Se hablaba de pozos, de obras, y muchos empezaron a buscar sus papeles para iniciar trámites. Pero no se pudo. Los procedimientos eran engorrosos y no se logró nada—dice.
En paralelo, en diciembre de 2024, el Congreso declaró de interés nacional la creación del Programa Nacional de Aguas Subterráneas, una propuesta para ordenar el uso de acuíferos. Un mes después, el Ejecutivo observó la norma y la devolvió a comisión. Desde entonces, el programa no ha avanzado. No tiene contenido operativo, ni reglamento, ni fecha de implementación.
Mientras ese marco sigue ausente, el sector agroindustrial ha empezado a moverse por su cuenta. Paola Gutiérrez, presidenta del Comité de Recursos Hídricos de la Asociación de Productores Agroindustriales de Piura (APAG-Piura), explica que durante la emergencia no se autorizaron nuevas perforaciones, pero sí se permitió profundizar pozos ya existentes y usarlos de acuerdo con los permisos vigentes.
Gutiérrez explica que el giro hacia el agua subterránea como salida frente a la escasez ya está en marcha. De las 16 empresas asociadas a APAG-Piura, al menos cinco presentaron solicitudes de nuevas licencias subterráneas ante la ANA entre noviembre de 2024 y enero de 2025.
—Hay empresas que han pedido autorización para un pozo y otras que están regularizando o tramitando licencias para tres o cuatro. No tengo el dato exacto, pero sí puedo decir que son varias las que están siguiendo estos procesos —dice.
Agroaurora respondió para este reportaje que “no cuenta actualmente con pozos, aunque evalúa proyectos en proceso de acreditación ante la ANA”.
Pero esta alternativa no está al alcance de todos. Perforar un pozo profundo en Piura —entre 100 y 150 metros para asegurar agua dulce— puede costar hasta 150 mil dólares. Una cifra imposible para pequeños agricultores que dependen del reservorio Poechos, de los canales de derivación o del propio río Chira.
—Pensamos que un pozo podía ser parte de la solución. Pero hasta ahora no hay ninguna obra. No tenemos nada que nos prepare para otra sequía —dice Luis Abarca, comunero de Miramar–Vichayal.
Mientras las empresas avanzan con planes propios de contingencia, comunidades campesinas como Miramar–Vichayal, Tamarindo y otras siguen esperando los pozos anunciados durante la emergencia.
Hoy, las proyecciones oficiales no hablan de una nueva sequía inmediata. Para el periodo de agosto de 2025 a julio de 2026, la autoridad del agua aprobó en Piura una oferta mayor que la demanda estimada. Y, según la Comisión Multisectorial del ENFEN, no existe un riesgo inminente de un nuevo fenómeno de El Niño en 2026, aunque sí la probabilidad de condiciones cálidas débiles a partir de abril.
Pero después de 2024, los pronósticos ya no bastan. En un territorio donde el acceso al agua depende cada vez más de infraestructura propia, capacidad de inversión y margen para gestionar permisos, la sequía no empuja a todos hacia el mismo lugar.
Para algunas empresas, la respuesta ya se está buscando bajo tierra. Para muchas comunidades, sigue siendo una promesa.
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