Choclococha: donde nace el agua y nada regresa

Janeth Quispe cría alpacas en la comunidad indígena de Carhuancho, a más de 4.600 metros de altura, en Huancavelica, en la puna de los Andes peruanos, donde solo resiste el ichu. Desde niña aprendió el oficio. Cada mañana lleva su rebaño a los bofedales —esas praderas que guardan como esponjas el agua de las lluvias y los deshielos— para alimentar a sus 1.500 animales. Antes eran verdes todo el año; ahora se secan más rápido.

Cuando la acompañamos en su recorrido, nos muestra el reservorio artesanal que construyó para mantener los pastos de sus tierras. Antes no lo necesitaba. La cordillera de Chonta permanecía cubierta de nieve y el deshielo alimentaba lagunas y ríos durante meses. Ahora el blanco ha desaparecido y, cuando por fin llueve, el agua corre sin quedarse.

—El clima ya está en desorden —dice, con la mirada puesta en sus alpacas. Las crías no logran sobrevivir. En los meses más secos tiene que cargar agua en galoneras desde los manantiales para mantener vivo el rebaño.

Los registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirman lo que Janeth percibe en el campo. Antes, las lluvias se distribuían a lo largo de varios meses: los ríos mantenían su caudal durante medio año y los bofedales conservaban la humedad por largas temporadas. Hoy la lluvia llega de golpe, cae con fuerza y se va rápido. Los ríos fluyen apenas tres meses en lugar de seis, y aumentan los huaicos y las inundaciones.

A Janeth y a cientos de alpaqueros no solo les inquieta el clima cada vez más impredecible. También les pesa una obra que, con los años, ha profundizado la desigualdad: el trasvase que desvía parte del agua nacida en estas montañas hacia la costa.

Desde 1950, el recorrido natural de las aguas que bajaban por el río Pampas rumbo al Amazonas fue interrumpido por un sistema hidráulico que interviene tres lagunas altoandinas: Choclococha, Orcococha y Ccaracocha. Diques y compuertas retienen el agua y la desvían hacia un canal abierto que, a lo largo de 53,5 kilómetros, atraviesa la cordillera hasta la laguna Totorillas, ya en la cuenca del río Ica. Desde ahí, baja por gravedad hasta los valles costeños.

Ese caudal sostiene cultivos de pequeños y grandes productores, recarga el acuífero —reserva subterránea de agua dulce— que alimenta más de 2.000 pozos de empresas agroexportadoras y abastece a la población de Ica. Arriba, en cambio, las lluvias son más irregulares, el agua escasea para el ganado y las sequías se alargan.

—Nosotros cuidamos el agua, pero nada regresa. Ni el Estado ni las empresas nos apoyan —dice Janeth.

El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), administrado por el Gobierno Regional de Ica, es el encargado de operar esta obra. Cada año desvía entre 10 y 15 metros cúbicos de agua por segundo. Si ese flujo se mantuviera constante durante todo el año, superaría los 490 millones de metros cúbicos: el equivalente a unas 200 mil piscinas olímpicas. En la práctica, sin embargo, el sistema funciona solo algunos meses. Según el propio PETACC, en los últimos años el volumen trasvasado ha oscilado entre 110 y 120 millones de metros cúbicos anuales, unas 45 mil piscinas olímpicas.

Carhuancho y sus comunidades vecinas —Choclococha, Santa Inés, Santa Ana y Pilpichaca— están en la parte alta de la cuenca del río Pampas, justo donde comienza el trasvase. En conjunto suman más de 4.000 habitantes, en su mayoría quechuahablantes dedicados a la crianza de alpacas y ovejas. Con los años, muchos se fueron: la ganadería no alcanzaba, las escuelas eran pocas y el futuro de los hijos se veía incierto.

En la memoria de las familias, el trasvase marcó un quiebre. Llegaron inundaciones que arrasaron casas y pastizales, animales que cayeron al canal por la falta de cercos y un agua que empezó a pasar frente a ellos sin que pudieran usarla.

Esa percepción no es solo un recuerdo. En 2007, el Tribunal Latinoamericano del Agua concluyó que el trasvase de Choclococha hacia Ica estaba secando los pastos al no respetar un caudal ecológico. Tres años después, Water Witness advirtió que la captación estaba degradando humedales y elevando el riesgo de sequías e inundaciones. En 2014, el propio Gobierno Regional de Ica reconoció daños socioambientales y conflictividad, y estudios académicos señalaron que Huancavelica asumía los costos sin recibir retorno.

Entre 2015 y 2017 se discutieron mecanismos de Pago por Servicios Ecosistémicos, pero nunca se implementaron. En 2021, la OCDE volvió a advertir que los beneficios del proyecto se concentran en la agroexportación de la costa mientras los impactos recaen sobre Huancavelica.

Hoy, con lluvias más irregulares y eventos extremos más frecuentes, esas advertencias pesan más: sin compensación ni restauración, las comunidades andinas enfrentan sequías más largas e inundaciones más severas.

La Ley de Recursos Hídricos reconoce que deben existir compensaciones cuando una obra hidráulica afecta tierras comunales. Pero en Huancavelica ese principio quedó en el papel. Durante décadas no hubo indemnización ni inversión sostenida.

—El agua sale de aquí, pero las decisiones se toman lejos y los beneficios se quedan en la costa —reclama Guzmán Llamoca, comunero de Salcca, en la vecina Santa Ana.

Cuando en abril de 2023 el Congreso aprobó la Ley del Canon Hídrico, muchos la vieron como una oportunidad para saldar esa deuda. La norma buscaba que parte del valor del agua trasvasada regresara a las comunidades donde nace. Sin embargo, en Huancavelica la noticia pasó casi desapercibida. Y donde sí se conoció, no despertó entusiasmo: la ley nació con cuestionamientos sobre su financiamiento y sin claridad sobre cómo se aplicaría.

En el Perú, el agua es un bien público administrado por el Estado a través de la Autoridad Nacional del Agua. Bajo ese marco se diseñó el canon hídrico: no como un pago por el agua en sí, sino como un mecanismo de inversión en las zonas de origen. La norma excluye los trasvases hidroeléctricos y se limita a los de uso agrícola o industrial.

La Ley N.° 31720 estableció que si una región aporta agua utilizada en otra para agroexportación, minería o industria, debe recibir inversión prioritaria en retorno. Fijó además una distribución específica: 25 % para municipalidades distritales, 25 % para provinciales y 50 % para centros poblados de la zona de origen, destinados a proyectos productivos, saneamiento y protección ambiental.

Pero el proceso se trabó. El Ejecutivo presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional y el reglamento nunca se aprobó dentro del plazo previsto. En febrero de 2025, el Tribunal confirmó la validez de la ley, pero quedaron pendientes tareas clave: identificar las zonas alcanzadas y definir cómo se distribuirían los recursos.

El canon hídrico existe en la ley, pero no en la práctica.

—Nos piden que cuidemos el agua, pero aquí seguimos igual o peor. Ya no podemos tener a nuestro ganado bien. ¿Dónde está el desarrollo que prometen si nunca llega? —pregunta Pelayo Sánchez, presidente de la comunidad campesina de Choclococha.

El agua que no pueden tocar

En el caserío de Huaracco, dentro de la comunidad indígena de Carhuancho, Nemi Achurata cuestiona que el agua que nace en su territorio sea administrada por otros. Dice que aquí no pueden decidir sobre su uso ni acceder a ella libremente.

—Los señores del PETACC son dueños del agua: la sueltan cuando quieren y nos la quitan cuando quieren. A mí me lo han dicho muchas veces en la cara: “Tú no tienes derecho” —asegura.

Nemi cría truchas para sostener a su familia, pero los cambios bruscos en el caudal le han hecho perder miles.

—En una tanda se me murieron 60 mil truchas, en otra 30 mil. Nadie me repuso nada. También he perdido alpacas. De eso vivimos. Con eso educo a mis hijos. Pero cuando se mueren, ¿qué hacemos? Queremos trabajar, aprovechar nuestros recursos, pero siempre nos ponen trabas.

Como ella, muchos sienten que las decisiones sobre el trasvase se toman a sus espaldas.

El PETACC —Proyecto Especial Tambo Ccaracocha— fue creado en 1990 como parte de la política estatal de grandes obras hidráulicas para llevar agua a los valles de Ica. En sus primeros años construyó represas y canales. Pero en 2003 su administración pasó al Gobierno Regional de Ica y el organismo dejó de ser solo ejecutor de infraestructura para convertirse, sobre todo, en administrador del agua.

Desde entonces, Huancavelica quedó fuera de la gestión, pese a que el trasvase atraviesa su territorio.

Ese poder se hace visible cada temporada seca, cuando el PETACC abre o cierra las compuertas para que el agua cruce la cordillera y alimente el río Ica. Sin ese flujo, la cuenca costeña no podría sostener la demanda agrícola ni poblacional.

En la sierra, esa operación se percibe como desigual. La reciente aprobación de la nueva Ley Agraria —que amplía por una década los beneficios tributarios a la agroexportación— reforzó esa sensación: mientras la costa consolida su seguridad hídrica, en Huancavelica quienes cuidan las fuentes siguen relegados.

—Son 65 años de una deuda histórica. Las comunidades directamente afectadas pedimos un diálogo real para acordar obras productivas que compensen el impacto —dice Damasco Auris, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Huaytará.

La Ley del Canon Hídrico buscaba atender ese reclamo. Pero, sin reglamento, permanece suspendida.

Desde el otro lado, el ingeniero José Ghezzi, director de supervisión del PETACC, reconoce que las comunidades altoandinas han asumido durante décadas los costos del proyecto. Hubo compromisos —arreglo de viviendas, pequeños reservorios, compensaciones económicas—, pero varios quedaron a medio camino.

—La intención siempre ha estado clara: reconocer y compensar —afirma Ghezzi. Para él, el canon hídrico puede convertirse en una oportunidad real si se define en el reglamento cómo se calcula el aporte, quién paga y cómo se fiscaliza.

Existen espacios donde este debate debería avanzar. La Mancomunidad Regional Huancavelica–Ica fue reactivada en 2023 y comenzó a preparar estudios para nuevas obras de siembra y cosecha de agua. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre el canon ni ha concretado proyectos en las comunidades.

—Ni un reservorio, ni una zanja para retener agua nos han hecho. Ellos —los de la costa— venden sus cosechas y ganan plata con nuestra agua. Nosotros también somos parte del Estado y tenemos derecho a beneficiarnos —reclama Hilda Machuca Huamaní, comunera de Choclococha.

En paralelo, desde 2024 funciona el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Tambo–Santiago–Ica, creado años atrás pero instalado con retraso. En septiembre de 2025 inició la elaboración de su primer Plan de Gestión. Hasta ahora, tampoco ha definido qué ocurrirá con el canon hídrico.

Los problemas del canon hídrico

En lugar de cerrar el conflicto, la ley que creó el canon hídrico —impulsada por los congresistas huancavelicanos Wilson Soto y Alfredo Pariona— podría abrir nuevas tensiones. Fue aprobada con respaldo de varias bancadas, pero ese consenso político no se tradujo en resultados: hasta ahora ha derivado en un debate legal sobre si el mecanismo es viable.

Para el abogado Rolando García, de la Universidad Científica del Sur, el problema es de fondo. En el Perú, explica, el canon se aplica a la explotación de recursos naturales —minería, petróleo, gas o pesca—, no al uso de un recurso como insumo para otras actividades.

—El canon se genera cuando se extrae el recurso, no cuando se utiliza para producir otra cosa. En minería nace al sacar el mineral de la tierra, no cuando se convierte en joya. Con el agua ocurre algo distinto: no se extrae para venderla directamente, sino que se usa para riego o industria. Llamar a eso canon desnaturaliza la figura que la Constitución regula —advierte.

Desde su perspectiva, el canon hídrico responde más a una decisión política que a un diseño jurídico sólido.

—La ley promete compensación, pero no encaja en el concepto constitucional del canon. Eso la vuelve frágil —añade.

Los especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) coinciden en que las comunidades deben recibir compensación, pero advierten que la ley fue mal diseñada y podría no cumplir sus objetivos de conservación ni de equidad.

—El reglamento será decisivo. Si no se define con claridad cómo se distribuye el dinero, en qué se invierte y quién debe aportar, se perderá una oportunidad para fortalecer las cuencas y garantizar la seguridad hídrica —señalan Fátima Contreras y Bryan Jara, del Programa de Política y Gobernanza Ambiental.

Para ellos, el canon debería orientarse a restaurar las cabeceras de cuenca: recuperar ecosistemas, reforzar infraestructura ancestral para retener agua en épocas de sequía y promover la reforestación.

—Si termina en obras mal pensadas, no habrá mejora real. Lo que se necesita es proteger las fuentes que sostienen tanto a las comunidades como a la economía —añaden.

La experiencia internacional muestra que los mecanismos de cobro por uso del agua pueden funcionar si están bien regulados. En países como Francia, Costa Rica y Sudáfrica, los usuarios pagan tarifas según el volumen utilizado y esos recursos se reinvierten en la conservación de las cuencas de origen. La diferencia es que esos sistemas cuentan con reglas claras, instituciones estables y mecanismos efectivos de fiscalización.

En el caso peruano, la Ley 31720 incorpora un componente de justicia territorial: destina parte de los recursos directamente a municipalidades y centros poblados de las comunidades donde nace el agua trasvasada. Para algunos, es una reparación largamente esperada. Para otros, un diseño legal que podría reavivar el conflicto en lugar de resolverlo.

Los años sin respuestas claras ni resultados concretos han profundizado la desconfianza en Huancavelica.

—Mientras no haya apoyo real ni presupuesto, no debería soltarse más agua —advierte Pelayo Sánchez, presidente de Choclococha—. Nosotros hacemos lo que podemos: construimos lagunas artesanales, cuidamos los manantiales, sembramos pastos. Pero no basta. Queremos que la región, el Gobierno y las empresas agroexportadoras también trabajen aquí, en la parte alta.

Un trasvase que alimenta acuíferos en riesgo

A unos 165 kilómetros en línea recta de las lagunas altoandinas de Huancavelica, el paisaje cambia de manera abrupta. Tras cruzar la cordillera y descender al desierto aparece el valle de Ica, una de las zonas más productivas del agro peruano. Donde sin agua habría solo arena, hoy se extienden hileras de viñedos, campos de palta y plantaciones de arándanos. En las últimas décadas, esta franja fértil del desierto se convirtió en el corazón de la agroexportación.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en 2023 las agroexportaciones de Ica superaron los 1.080 millones de dólares. La uva de mesa encabeza la lista, seguida por la palta y el arándano. De acuerdo con la Autoridad Nacional del Agua, la región cultiva más de 100 mil hectáreas, en su mayoría destinadas a la exportación.

Pero ese desarrollo se sostiene sobre una fuente de agua en tensión. En Ica y Villacurí se ubican acuíferos estratégicos que concentran cerca del 40 % de la extracción subterránea del país. Están gravemente sobreexplotados: cada año se bombea más de 200 millones de metros cúbicos por encima de su recarga natural.

—Esa sobreextracción equivale a unas 219 piscinas olímpicas al día; esa es la magnitud del problema —explica Nick Hepworth, director ejecutivo de Water Witness International y coautor de un estudio publicado en 2024 sobre la crisis hídrica en Ica.

Como resultado, los pozos agrícolas deben perforarse cada vez más profundo y a mayor costo. En algunas zonas ya superan los 150 metros.

Aquí también entra en juego el trasvase desde Huancavelica hacia Ica. Las empresas agroexportadoras suelen afirmar que no dependen directamente de esa agua. Y en parte es cierto: el caudal trasvasado no llega por canales hasta sus fundos.

Pero el sistema es más complejo. El agua alimenta el río Ica y los sistemas de irrigación del valle y, en ese trayecto, entre el 35 % y el 40 % se infiltra en el subsuelo, según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Esa infiltración recarga de manera indirecta el acuífero Ica-Villacurí, la reserva subterránea que sostiene miles de pozos agrícolas de los que hoy depende la agroexportación.

—Son sobre todo las lluvias las que recargan el acuífero, pero el trasvase cumple un papel importante: ayuda a que el sistema subterráneo no se agote y se mantenga con vida —explica el ingeniero José Ghezzi.

En paralelo, varias empresas han apostado por la recarga gestionada de acuíferos: pozas de infiltración que captan agua del río Ica en temporada de lluvias y la devuelven al subsuelo. Entre 2012 y 2017, su número pasó de 41 a 864 y la superficie que ocupaban creció de 22 a 295 hectáreas. Es uno de los programas de recarga artificial más grandes del mundo.

Pero no basta. El último informe de Water Witness International advierte que el río Ica trae tan poca agua que, incluso con más pozas, sería imposible compensar la sobreextracción. A eso se suman riesgos como la salinización del suelo y el colmatado de las pozas por sedimentos.

En este contexto, el trasvase de Choclococha sigue siendo decisivo para sostener la recarga del acuífero costero. Lo hace, sin embargo, sin un control público efectivo ni mecanismos claros de retorno para las comunidades donde nace el agua.

Ante ese panorama, incluso desde la agroindustria empieza a reconocerse la magnitud del problema y la deuda con Huancavelica. Hace un año, un grupo de empresarios visitó las comunidades altoandinas para ver el estado de las lagunas y el clima de tensión que persiste. Entre ellos estuvo Manuel Olaechea, presidente de XinérgIca, la asociación que reúne a 15 de las principales agroexportadoras del valle.

En una entrevista para este reportaje, admitió la deuda:

—La agroindustria no depende solo del trasvase de Choclococha, ese es un error que se arrastra desde hace años. Pero Ica sí tiene una deuda con Huancavelica. El proyecto se hizo sin entender la realidad andina. Cosas tan simples como dejar un puente para el ganado o poner bebederos… no se pensaron. Y es inaceptable que aún no se haya corregido.

Olaechea también cuestionó la “Hermandad del Agua”, la alianza promovida en 2018 por los gobiernos regionales para acercar a ambas regiones.

—Esto lo han manejado los políticos. Si hubieran involucrado a los agricultores, quizá el problema ya estaría resuelto.

Sobre las compensaciones, Olaechea asegura que entre los agroexportadores existe voluntad de colaborar, aunque con matices:

—Si el Estado ha abandonado a esas comunidades, nosotros no podemos hacer lo mismo. Pero tampoco somos Papá Noel: no venimos a regalar nada, ni ellos necesitan que se les regale nada. Lo que necesitan es que se les escuche.

Actualmente, está en desarrollo un proyecto conjunto en Choclococha y Pilpichaca para impulsar la piscicultura en altura, a pedido de las comunidades e impulsado por XinérgIca. Ellas ya lo habían intentado antes, pero la Autoridad Nacional del Agua lo frenó con el argumento de que el recurso solo podía destinarse al riego agrícola.

—¿Por qué no habilitar piscicultura en altura, si puede generar ingresos reales? A 4.000 metros la agricultura es casi imposible, pero hay alternativas. Y ahí sí queremos ayudar —dice el empresario.

Entre el agua que se va y la justicia que no llega

A la orilla de la laguna Choclococha, un grupo de comuneros vuelve sobre los mismos reclamos que ya hicieron sus padres y abuelos y que aún no tienen respuesta: bombas para llevar agua a los pastos secos, mallas para mejorar la ganadería, reservorios para resistir las sequías, proyectos que fortalezcan la crianza de alpacas o impulsen la acuicultura.

Hilda Machuca toma la palabra:

—Hemos luchado varios años. Hemos ido a Lima. Las autoridades de Ica y Huancavelica se han dado la mano, pero nunca nos han respondido. Nuestros hijos se quedan en la ciudad, ya no vuelven. ¿En qué situación estamos? Aquí no sembramos nada. Vivimos solo de nuestro ganadito nomás.

En Choclococha, hablar del trasvase solo genera malestar. Cristian Rojas recuerda un caso concreto: el enmallado que el PETACC levantó en sus terrenos. Según el acta firmada, debía construirse cincuenta metros por encima del nivel máximo de la laguna para evitar inundaciones.

—Ahora ese enmallado está bajo el agua. El PETACC incumplió su compromiso y, para nosotros, eso es una falta de respeto —afirma.

A pocos kilómetros, en Carhuancho, Janeth Quispe limpia el reservorio artesanal que construyó para guardar agua de lluvia. Su voz mezcla cansancio y enojo:

—Pedimos presupuesto para nuestras comunidades. Queremos trabajar con la región y con los agroexportadores. Ya no tenemos mucha agua y necesitamos cochas, lagunas, represas en estas alturas. No es justo desviar más volúmenes si no hay compensaciones.

Ante la posibilidad de que se desvíe aún más agua desde la sierra, las comunidades sienten que la amenaza se renueva. Lo que para unos es un insumo clave para sostener un negocio, para otros es la base de una vida cada vez más frágil.

El canon hídrico se presentó como una respuesta. Sin reglamento, sigue siendo letra muerta.

De pie frente a los cerros resecos, Janeth Quispe lo dice sin rodeos:

—Si no nos escuchan, vamos a seguir peleando. Esta tierra y esta agua son nuestra vida. No las vamos a dejar.