El caso del Centro de Acogida Residencial (CAR) Hogar Refugio “La Casa del Padre”, dirigido por la familia de la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui, ha encendido una alerta que va más allá de un solo albergue y obliga a mirar el sistema en su conjunto.
En ese espacio, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual —varias ya madres y acompañadas de sus bebés— fueron expuestas en actividades públicas y en imágenes difundidas en las redes sociales de la legisladora, quien ha promovido iniciativas para eliminar el aborto terapéutico. La Fiscalía ya investiga lo ocurrido y las menores serán trasladadas a otros hogares de protección.
Lo sucedido pone el foco en las condiciones en las que operan estos espacios creados para recibir a niños, niñas y adolescentes separados de sus familias por situaciones de violencia, abuso o abandono. Allí deberían encontrar protección, cuidado especializado y un entorno seguro para su recuperación.
En el Perú existen 235 Centros de Acogida Residencial, entre públicos y privados. Sin embargo, 54 aún mantienen requisitos pendientes para completar su acreditación ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) desde febrero de 2024.
La acreditación no es un trámite administrativo menor: implica cumplir estándares básicos de protección, contar con personal idóneo y suficiente, protocolos claros, infraestructura adecuada y supervisión estatal. Si esos requisitos siguen pendientes, el Estado no puede garantizar plenamente que estos espacios ofrezcan condiciones mínimas de seguridad.
Para niños y adolescentes que ya han atravesado experiencias de violencia a tan corta edad, cada falla institucional tiene un impacto profundo. Un centro de acogida debería ser el inicio de la reparación, no una nueva fuente de riesgo.
Estos centros ingresaron al Plan de Acreditación para Centros de Acogida Residencial que el MIMP puso en marcha en febrero de 2024 para regularizar su funcionamiento. El esquema establecía dos etapas: 30 días —desde el 12 de febrero de ese año— para incorporarse formalmente al plan y un plazo de un año para cumplir con los estándares exigidos y obtener la acreditación. En marzo de 2025, el ministerio amplió ese periodo por un año adicional. Aun así, 54 CAR siguen sin completar el proceso.
Óscar Alva, director de la Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP, señala que inicialmente fueron 66 los centros incorporados al plan. Hasta ahora, 12 han logrado acreditarse; los otros 54 continúan dentro del procedimiento, que está próximo a vencer tras casi dos años de implementación.
“El plazo no vence el mismo día para todos, porque cada centro fue incorporado al plan mediante una resolución distinta y, por tanto, tiene su propio cronograma. En la práctica, los plazos empezarán a vencer entre fines de marzo y abril de 2026, de manera progresiva”, explica a Salud con lupa.
La ley de Jáuregui
El requisito de acreditación de los Centros de Acogida Residencial rige desde 2018, cuando el Decreto Legislativo N.º 1297 obligó a todos —públicos y privados— a adecuarse a estándares mínimos de funcionamiento. Sin embargo, el proceso se ha ido prorrogando y hasta hoy no se ha completado.
El CAR Hogar Refugio “La Casa del Padre”, de propiedad de Milagros Jáuregui y su familia, obtuvo su acreditación el 26 de febrero de 2024. Dos meses después, en abril, se promulgó la Ley N.º 31994, iniciativa que la congresista venía impulsando, y que modificó el reglamento para impedir que los centros no acreditados recibieran nuevos ingresos de niños, niñas y adolescentes.
Óscar Alva señala que la norma fue aprobada pese a contar con una opinión técnica desfavorable del propio sector. Según explica, el plan de acreditación lanzado en 2024 buscó evitar una consecuencia inmediata: el cierre de centros que aún albergaban a niñas, niños y adolescentes.
“Con esta ley se generaba un problema: ¿qué iba a pasar con quienes ya estaban en centros no acreditados? Bajo el principio del interés superior del niño, se impulsó el plan de acreditación para evitar una crisis social mayor”, afirma.
Mientras funcionarios del sector defendían el plan de acreditación como una medida para evitar el cierre de centros, no hubo cuestionamientos públicos desde el Ministerio de la Mujer ni sobre la norma impulsada por Jáuregui ni sobre el funcionamiento del CAR “La Casa del Padre”. Por el contrario, entre julio y agosto de 2025, las entonces ministras Fanny Montellanos y Ana Peña Cardoza realizaron visitas oficiales al establecimiento. Las imágenes, difundidas por el propio MIMP, registran su presencia en el refugio junto a la congresista.
Las fotografías muestran respaldo institucional. La fiscalización permanente es un asunto distinto. Ahí es donde aparece otro problema: la capacidad real del Estado para supervisar estos centros, en un contexto en el que los casos de menores de edad que requieren protección residencial no disminuyen.
“Se hace lo que se puede, porque los servicios están en general sobrepasados”, señala Sergio Tejada, exdirector ejecutivo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), entidad adscrita al MIMP que gestiona 58 CAR en el país y donde, hasta 2024, residían aproximadamente 2.100 niñas, niños y adolescentes.
Según explica, la supervisión existe, pero es limitada. En los albergues administrados por el propio Estado hay controles, aunque con restricciones. Las dificultades son mayores en el caso de los centros privados.
“Muchas veces el ministerio se entera de que en un albergue privado se están cometiendo abusos cuando el problema ya estalló y tiene que intervenir para cerrarlo. En general, no se da abasto”, añade.
La Fiscalía investiga el centro
El caso del CAR Hogar Refugio “La Casa del Padre” quedó en el centro del debate público en los últimos días, luego de que la congresista Milagros Jáuregui declarara en una entrevista que desde hace diez años tenía una “casa de refugio para niñas violadas y niñas embarazadas de 10, 11, 12, 13 años”. A ello se sumó la difusión de imágenes en las que las menores albergadas aparecían en las redes sociales de la congresista.
Las niñas eran parte del centro, gestionado por la iglesia evangélica del mismo nombre, donde la congresista Jáuregui y su esposo, Guillermo Aguayo, son pastores principales. Según la propia legisladora, hace cuatro años transfirió la dirección del refugio a esta iglesia, constituida también como asociación, en la que actualmente su esposo figura como presidente y su hija, Fe Jerusalem Aguayo Jáuregui, como vicepresidenta.
En la entrevista que desató los cuestionamientos, Jáuregui afirmó que las menores embarazadas llevaron a término sus gestaciones y sostuvo que “ninguna de las niñas que han dado a luz se arrepienten”, porque —según dijo— “la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé”.
Milagros Jáuregui no es una congresista secundaria en el debate sobre derechos y políticas públicas. Desde que llegó al Parlamento en 2021 con Renovación Popular, se ha convertido en una de las principales impulsoras de una agenda orientada a restringir el aborto terapéutico, desmontar el enfoque de igualdad de género en las políticas del Estado y debilitar la Educación Sexual Integral (ESI).
Ha presentado 30 proyectos de ley como autora o coautora —seis ya convertidos en norma—, entre ellos iniciativas que reconocen derechos al concebido bajo la figura del “niño por nacer”, prohíben a las personas trans usar baños según su identidad de género y reemplazan el enfoque de género por la llamada “defensa de la familia” en las políticas públicas.
Tras el revuelo generado por sus declaraciones y las críticas de organizaciones civiles —así como de miembros de su propio partido, con el que hoy aspira al Senado—, Jáuregui pidió disculpas por haber expuesto en sus cuentas personales a las niñas y adolescentes acogidas en el refugio.
Sin embargo, el 12 de febrero el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que inició el traslado progresivo de las menores a otros centros especializados que garanticen condiciones adecuadas para su bienestar. La decisión se tomó luego de una supervisión realizada el 9 de febrero y de una visita inopinada de la Fiscalía de Familia de Lima Este el mismo día 12, destinada a verificar la protección de sus derechos a la identidad, dignidad, privacidad y desarrollo integral.
Según fuentes del MIMP, durante la supervisión realizada el 9 de febrero de 2026 se encontró que en el centro vivían 36 personas menores de edad: 29 adolescentes que ya eran madres y 7 hijos e hijas.
Niñas sin privacidad
Para Clea Guerra, abogada de la organización Flora Tristán, lo ocurrido en el CAR “La Casa del Padre” comprometió varios derechos fundamentales de las niñas y adolescentes. Entre ellos, el derecho a la intimidad y a la privacidad, reconocidos en el Decreto Legislativo N.º 1297 y su reglamento, que obligan a resguardar su identidad, sus datos personales y sus condiciones de vida. “Especialmente tratándose de víctimas de violencia sexual, cuyo tratamiento exige confidencialidad y reserva absoluta conforme a estándares nacionales e internacionales”, señala Guerra.
Los Centros de Acogida Residencial forman parte de una política estatal vigente desde la década de 1990 y han sido objeto de observación internacional. En 2016, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU advirtió que estos espacios no siempre garantizaban condiciones adecuadas y que existían denuncias por malos tratos, restricciones a las visitas familiares como forma de castigo y ausencia de un sistema de supervisión permanente.
La propia Jáuregui reconoció deficiencias estructurales en estos centros en un informe elaborado en junio de 2025 desde la Comisión de la Mujer y la Familia del Congreso. Allí se consignan problemas de infraestructura y abastecimiento, así como casos de violencia física y psicológica en los CAR. El documento también advierte la falta de criterios sistemáticos para ubicar a niños, niñas y adolescentes según sus necesidades específicas, lo que —según el informe— limita una atención “adecuada, personalizada y verdaderamente reparadora”.
En ese contexto, el refugio vinculado a la congresista aparece como una expresión más de las fallas del sistema que ella misma contribuyó a regular desde el Congreso.
Cuatro centros cerrados por graves fallas
Si un centro no cumple condiciones mínimas, el Estado puede clausurarlo. Entre 2024 y 2025, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tomó esa medida en cuatro casos: la Casa de Acogida San Juan Diego, en Huancayo; el CAR Virgen de Lourdes, en Jauja; el CAR DEVINAMU, en Tambopata; y el Albergue Infantil Corazón de Jesús, en Chepén.
Todos eran gestionados por entidades no estatales: un arzobispado, dos organizaciones no gubernamentales y una sociedad de beneficencia.
La Casa de Acogida San Juan Diego muestra qué puede fallar en la práctica. Durante una supervisión, el MIMP detectó que el centro no reunía requisitos básicos: tenía personal insuficiente, infraestructura inadecuada y adolescentes con trastornos psiquiátricos sin la atención especializada que necesitaban.
El establecimiento no estaba acreditado. En noviembre de 2025, el ministerio ordenó su cierre definitivo. Allí vivían niños, niñas y adolescentes con VIH.
Luis Alberto Huamán Camayo, responsable del centro, señaló ante la autoridad que no habían sido notificados sobre los procesos de acreditación y que la situación económica del albergue era insostenible. Sin embargo, reportes periodísticos indican que entre 2022 y 2023 el centro recibió más de S/ 340 mil provenientes de la Teletón.
En los otros tres CAR clausurados también se identificaron irregularidades graves. En el Virgen de Lourdes, en Jauja, la supervisión detectó falta de documentos de gestión, personal insuficiente, infraestructura insegura, ausencia de una metodología de atención y sobrepoblación
En el CAR DEVINAMU, en Tambopata, se encontró a un niño sin resolución formal de ingreso, a tres hermanos en situación administrativa irregular y un presunto caso de agresión física del director contra un adolescente de 15 años. La clausura se dispuso en agosto de 2025.
En el CAR Albergue Infantil Corazón de Jesús, en Chepén, el ministerio constató que el establecimiento no contaba con acreditación ni con un equipo técnico suficiente desde al menos 2022, cuando fue supervisado por primera vez. Al momento de la sanción, en mayo de 2024, albergaba por orden judicial a una adolescente con discapacidad intelectual y esquizofrenia.
En ese contexto, lo ocurrido en el refugio dirigido por la familia de la congresista Milagros Jáuregui —donde menores víctimas de violencia sexual fueron expuestas públicamente— no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un sistema que aún enfrenta serias debilidades en la fiscalización y protección efectiva de quienes ya se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
