El camino que falta para reparar a Camila y evitar que más niñas sigan embarazos forzados

Ha pasado un año desde que Camila* conoció el dictamen del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas sobre su caso: el Estado peruano debía reparar los daños que le causó al negarle el derecho al aborto terapéutico luego de que su padre abusó de ella y quedó embarazada a los 13 años. Doce meses en los que Camila logró un paso muy importante para ella y las niñas del Perú, pero también un tiempo en el que el gobierno ha avanzado muy poco para implementar el fallo.

Un año en el que han aparecido nuevos obstáculos.

En marzo pasado, Camila asistió a la primera reunión con los abogados de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional en la sede del Ministerio de Justicia para expresar personalmente las formas en las que espera ser reparada, entre ellas una beca integral de estudios universitarios. Camila pudo terminar su educación secundaria y sueña con una carrera profesional. Una oportunidad que muy pocas chicas de origen indígena como ella tienen por la pobreza de sus hogares y la cultura machista que prolonga el círculo de desigualdad. Su madre nunca pudo ir a la escuela y vive con una discapacidad física permanente en Huanipaca, la localidad quechuahablante de la región Apurímac donde nació.

Sin embargo, hace pocas semanas, Camila supo que el Ministerio de Educación rechazó su solicitud. Su respuesta se basa en que, como su caso no proviene de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es posible atenderlo. Sus voceros solo consideraron la opción de que haga los trámites para postular al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y consiga uno de los cupos que se entrega a estudiantes con alto rendimiento académico y que viven en pobreza.

A pesar de ello, la motivación de Camila para continuar sus estudios se mantiene y por estos días se prepara en una academia preuniversitaria.

“El dictamen señala que es necesario que Camila rehaga su vida. ¿No es acaso su educación la puerta inicial para que pueda lograrlo? Si las leyes no permiten una beca especial para ella, el Estado debería solucionarlo con una norma temporal”, señala Isbelia Ruiz, abogada y coordinadora del Área de Litigio de Promsex, organización civil que la defiende y llevó su caso a las Naciones Unidas.

Y no es lo único que se le ha negado. El Ministerio de Salud rechazó entregarle una indemnización económica a Camila, como figura en la sentencia del Comité de los Derechos del Niño. La respuesta fue "no le corresponde".

Una postura que parece ignorar los dictámenes de los casos K.L. (2015) y L.C. (2018) que representan precedentes importantes en los que el Estado peruano reconoció la violación de los derechos humanos de estas adolescentes al negarles el acceso al aborto terapéutico. En ambos, el Ministerio de Salud entregó una indemnización económica a las víctimas.

Hasta ahora, de las 10 recomendaciones del fallo sobre Camila, solo se ha avanzado en concreto con su publicación: el Gobierno ha difundido la versión completa en castellano y queda pendiente su traducción al quechua por la importancia de que esté disponible el dictamen en la lengua natal de la víctima. El resto está a nivel de compromiso o acciones iniciales, como lo resumimos en el cuadro adjunto.

El propósito del dictamen comunicado en junio de 2023 es facilitar la reparación a Camila y evitar que otras niñas pongan en riesgo su vida a causa de un embarazo forzado. Por eso, se exige al Estado que mejore sus políticas públicas y legislación para despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil y que se adapte la guía de aborto terapéutico vigente para prever su aplicación específica a las niñas.

Solamente así se detendría que más niñas y adolescentes sufran la tortura de seguir embarazos no deseados o que sean criminalizadas por trabajadores de salud, policías y fiscales como ocurrió con Camila en 2017 en la localidad de Huanipaca. En los servicios de salud se le negó la solicitud de interrupción del embarazo y, cuando tuvo una pérdida espontánea, fue denunciada por autoaborto.

Se estima que cada año más de 1.500 niñas de 10 a 14 años se convierten en madres. La mayoría producto de abusos sexuales, según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Pese a que el aborto terapéutico se legalizó en Perú hace 100 años y tiene un protocolo para su aplicación desde hace una década, los servicios de salud suelen negarles este derecho a las niñas como si no se conocieran los daños que representa el embarazo para su integridad física y mental. De los 167, 324 embarazos infantiles y adolescentes registrados en el país entre 2020 y junio de 2023, solo 475 menores accedieron a un aborto terapéutico en ese mismo período.

“La vida de una niña debería comenzar como un libro abierto en el que pueda escribir su propia historia. No obstante, desde el momento en que una niña respira por primera vez, ya se encuentra en desventaja sencillamente porque nació niña”, ha dicho Natalia Kanem, directora ejecutiva de UNFPA.

Acceso a salud mental

Entre las principales necesidades de salud de Camila está una terapia psicológica para sobrellevar los efectos del trauma que vivió desde pequeña. Fue víctima de abuso sexual durante años por su padre, forzada a la maternidad y luego denunciada por autoaborto. En vez de frenar todas las formas de violencia que sufrió y garantizar su protección, las autoridades la criminalizaron. Una experiencia que hizo que Camila presentara depresión e ideación suicida.

Sin embargo, el Ministerio de Salud no le ha garantizado atención integral gratuita en salud mental.

Cuando se conoció el fallo del Comité, el equipo legal de Promsex solicitó que se le facilite a Camila un tratamiento psicológico vitalicio gratuito. Pero solo le dieron la opción de ser atendida en el Centro de Salud Mental Comunitaria de Huanipaca, la localidad de la que Camila escapó porque fue estigmatizada y hostigada por algunas personas. Por ahora, psicólogos de Promsex acompañan su salud emocional.

La psiquiatra Martha Rondón, del Instituto Nacional Materno Perinatal, explica que el trauma que atraviesan las vícimas de violación sexual afecta sus ideas, emociones y conductas de manera crónica. “Más aún si son forzadas a llevar un embarazo porque el estrés y sufrimiento se prolonga y hay más riesgo de que sufran problemas de salud mental. En condiciones de pobreza y falta de apoyo social y familiar, las mujeres tienen mayores dificultades para afrontar la adversidad”, dice.

Estudios clínicos han demostrado también que, en los casos de niñas víctimas de abuso sexual, se incrementa el riesgo de que sufran depresión, ansiedad, disociación, autolesiones, trastorno de estrés postraumático, ideación suicida y comportamientos de riesgo como el consumo de alcohol y drogas. Solo entre 2016 y 2019, los registros del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa mostraron que el suicidio fue la principal causa de muerte en las embarazadas menores de 19 años.

“El derecho al aborto terapéutico puede ayudar a restituir la autonomía de las mujeres que han sido víctimas de violación y constituye parte del afronte psicoterapéutico para ellas”, explica Rondón. Por eso, es necesario que el Estado peruano garantice que este procedimiento sea accesible y gratuito para las niñas.

Educación sexual integral

En el dictamen del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas se pide también al Estado que garantice una Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas para que todos los niños, niñas y adolescentes aprendan sobre la importancia del cuidado de su cuerpo, identifiquen el abuso y tomen decisiones informadas sobre su sexualidad.

Sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte ha buscado limitar la ESI. Recientemente, se conoció el informe de una comisión censora del Ministerio de Educación que propuso retirar 22 libros escolares porque contenían términos como educación sexual integral, feminicidios y enfoque de género.

Ante los cuestionamientos públicos, el ministro Morgan Quero dijo que el documento no se aplicaría, pero hay varios proyectos de ley en el Congreso - impulsados por congresistas ligados a movimientos antiderechos- que buscan retirar la educación sexual integral de los colegios del país. Uno plantea que los padres o tutores tengan la facultad de retirar a sus hijos de los cursos de ESI por motivos de conciencia o creencias religiosas.

Un protocolo adaptado a las niñas

La despenalización del aborto en todos los casos de embarazo infantil es otra de las recomendaciones del Comité, pero esa discusión legislativa está estancada. Y, por el contrario, hay congresistas que han presentado proyectos para impedir el aborto terapéutico.

Sin embargo, lo que puede avanzar el Ministerio de Salud es la adecuación de la guía de aborto terapéutico vigente para su aplicación en niñas. Actualmente, según este protocolo, el aborto terapéutico se autoriza si la gestante cumple con alguna de las 11 enfermedades y condiciones descritas. Por ejemplo, si tiene cáncer, insuficiencia renal crónica avanzada u otra condición que ponga en riesgo su vida o le genere un daño grave y permanente. Estos casos deben ser evaluados previamente por una junta médica.

El problema con la actual guía técnica está en que no reconoce que para las niñas y adolescentes un embarazo ya de por sí supone un riesgo para su salud física y emocional. Por eso, se justifica como una causal para acceder al aborto terapéutico. Sin embargo, hay médicos y profesionales de salud que no tienen ese criterio, muchas veces por sesgos de credo, y no informan a la familia o cuidadores de las menores sobre su derecho a la interrupción del embarazo.

Ante esta situación, Promsex ha propuesto al Ministerio de Salud algunos cambios importantes en la guía, como incluir los conceptos de asentimiento en los casos de menores de 14 años y de consentimiento informado en mayores de 14 y menores de 18 años. Esto significa que cuando las niñas y adolescentes expresen su voluntad de acceder al aborto terapéutico, este sea el único requisito para autorizarlo. Y, en los casos de embarazo infantil, que no se exija la aprobación de una junta médica o se obligue a que la niña cumpla 22 semanas de gestación.

En diciembre de 2023, el Estado peruano le comunicó al Comité que está trabajando en la mejora de la guía de aborto terapéutico vigente, pero no hay un calendario para conocer los avances y cuando finalizarán los cambios propuestos y su aprobación. Mientras este proceso se dilata: ¿Qué sucede con la menores a las que no se les autoriza un aborto terapéutico? ¿A qué instancias pueden acudir si solicitan el procedimiento, pero se les deniega o la respuesta a su pedido se dilata injustificadamente? El Comité pidió establecer un recurso claro para estas situaciones, pero el Minsa no ha trabajado aún en estos aspectos.

Por ejemplo, el caso de Mila, una niña de 11 años que quedó embarazada tras una violación sexual, ha mostrado nuevamente la negativa de los servicios de salud para facilitar el derecho al aborto terapéutico. En agosto de 2023, el Hospital Regional de Loreto se negó a practicarle el procedimiento y una exfuncionaria de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer trató de convencer a la madre de Mila para que la niña continúe el embarazo.

Pese a ello, no se activó un protocolo especial para salvaguardar su vida y solo después del pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la intervención de Promsex, la niña fue trasladada al Instituto Materno Perinatal de Lima, donde accedió al aborto terapéutico. Mientras tanto, el agresor de Mila -su padrastro- sigue prófugo.

Una guía técnica de aborto enfocada en proteger a las niñas y adolescentes reconocería su derecho a ser escuchadas y establecería de forma clara cómo los funcionarios del Estado deben actuar para evitar su revictimización. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha advertido que actualmente no hay mecanismos de protección eficientes para atender casos de violencia sexual de niñas y adolescentes.

“Necesitamos un protocolo específico para el personal de salud, la Policía y la Fiscalía cuando toman la declaración de una menor embarazada por violencia sexual a través de una cámara Gesell. Este debería exigir capacitaciones constantes porque una de las principales quejas es la forma violenta en la que tratan a las niñas”, explica la abogada Isbelia Ruiz.

No revictimizarlas

Cuando una niña o adolescente víctima de violencia sexual llega a una comisaría o centro de salud, es muy importante proteger su identidad. Sin embargo, muchas veces se les expone a largos interrogatorios, demoras burocráticas y comentarios que las juzgan y estigmatizan. Por eso, el Comité de los Derechos del Niño pidió al Estado implementar mecanismos para evitar la revictimización de las niñas embarazadas. Por ejemplo, los hospitales que atienden a las menores gestantes deben brindar un espacio seguro y confidencial para no exponerlas a situaciones incómodas y discriminatorias.

El Ministerio de Salud ha dado un primer paso con la iniciativa del “Código Violeta”. Se le pide al personal de salud que use este código cuando tengan que referirse a la víctima de violencia sexual y proteger su privacidad. En 2022, el Minsa atendió 3,125 casos como parte del piloto del Código Violeta. El desafío ahora es ampliar esta medida a todos los servicios de salud, capacitar a los trabajadores para que reconozcan cuándo y cómo emplearlo.

“No es posible que congresistas vayan al hospital y hablen con la víctima, como ocurrió con la niña Mila”, dice Susana Chávez, directora de Promsex, organización que propone que las menores de edad brinden su testimonio una sola vez y reciban a tiempo consejería e información sobre el acceso al aborto terapéutico. Además, Chávez recuerda la necesidad de que se garantice que las niñas puedan elegir a la persona que las acompañará durante la atención médica.

Más amenazas que avances

Mientras demora el cumplimiento del fallo del Comité, en el Congreso hay una ofensiva para limitar o eliminar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres desde los partidos Fuerza Popular y Renovación Popular. La congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui (Renovación Popular) propuso, a través del proyecto de ley N° 7349-2023, que se permita la adopción de un niño por nacer, en casos de embarazos no planeados, si lo solicitan los padres o la gestante. Incluso, si se trata de una menor de edad, la podría solicitar su representante legal o tutor.

Promsex y otros colectivos que luchan por los derechos sexuales y reproductivos han advertido que este proyecto le arrebata a la niñas y adolescentes su derecho al aborto terapéutico. “No atiende el problema real, que es la ausencia de servicios legales, seguros y gratuitos para la interrupción del embarazo”, expresaron en una carta.

Dos proyectos más, uno de Milagros Jáuregui y otro de la congresista de Fuerza Popular Rosángela Barbarán, ya se han convertido en ley. Ambos establecen que el concebido es objeto de derechos y debe ser protegido desde el embarazo, contraviniendo las obligaciones internacionales del Estado peruano y la Constitución.

Estas normas refuerzan prejuicios sobre el aborto y el estigma sobre las niñas y adolescentes embarazadas que expresan su deseo de no querer ser madres.

Se ha pedido más plazo

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas le fijó un plazo de 180 días al Estado para que cumpla con las obligaciones que dictó a favor de Camila.

En diciembre del 2023, cuando el tiempo venció, el Ministerio de Justicia envió un informe con la solicitud de una prórroga para atender todos los aspectos del dictamen. Y es muy probable que se lo otorguen.

El equipo legal de Promsex que asesora a Camila considera razonable que algunas recomendaciones que dió el Comité pueden tomar tiempo en implementarse, pero lamenta que los ministerios de Educación y Salud - que están involucrados en la protección de los derechos de las niñas y adolescentes- no hayan facilitado caminos para la reparación.

Cuando solicitamos entrevistas con representantes de estos ministerios a cargo de dar seguimiento al dictamen, no obtuvimos respuesta alguna.

Esto evidenció que tampoco se ha designado al representante del Estado responsable de coordinar el cumplimiento del fallo del Comité y la comunicación con la víctima y sus abogados. Inicialmente, el Ministerio de Salud propuso a la directora ejecutiva de salud mental, July Caballero, pero no se formalizó su vocería para el caso. Hasta ahora, los abogados de Camila solo han tenido contacto con la Procuraduría Pública Especializada Supranacional.

El camino para alcanzar la justicia está lleno de obstáculos, pero Camila seguirá vigilante para que el Estado cumpla con el dictamen del Comité de los Derechos del Niño. Es ahora una adolescente que sabe que su lucha encarna la de muchas otras niñas peruanas abusadas y obligadas a embarazos forzados pese a que tienen el derecho al aborto terapéutico.

*Todas las organizaciones y medios que informamos sobre el caso usamos este nombre para proteger la identidad de la víctima.